OS SIÑALS ESTRELAUS D’ARAGON
Por Estau Aragones - Ideolochía-Identidá - 26/Jul/2010
Estreladas aragonesas
De las tres banderas la que tiene una simbología más antigua es la de Estado Aragonés. La estrella blanca y el fondo azul fue usada por primera vez en la Revolución Americana y luego en la guerra civil norteamericana: los confederados usaban una bandera la “blue & bonnie” (azul y hueso) que sólo consistía en una estrella blanca sobre fondo azul. El azul es el color que significa la unión libre (confederación) y la estrella blanca significa la soberanía. Es una simbología inspirada en la de la masonería.
A la estrella de cinco puntas se le puede atribuir un origen más y tiene que ver con la búsqueda de la perfección matemática, racional, pues las cinco aristas engloban una circunferencia que se explica en sí misma (por eso significa también soberanía o independencia). Los esperantistas adoptaron la estrella de cinco puntas (verde) como símbolo del carácter internacional, global (por la circunferencia), y Trosky la pintó de rojo para que sirviese de emblema del Ejército Rojo soviético; símbolo de la revolución proletaria (por el color rojo) e internacional (por la estrella de cinco puntas). Así pues, en origen la estrella de cinco puntas significa lo mismo: el valor de la “perfección racional” como idea, pero blanca significa la soberanía nacional y roja la revolución proletaria. Gaspar Torrente se inspiró en la bandera de la República Catalana (propuesta hecha, creo, inicialmente por Estat Catalá) para hacer su propia propuesta para Estado Aragonés, así que el simbolismo es claro y responde a lo antedicho.
El simbolismo en la segunda bandera es menos claro y como bandera tiene una historia desconocida. En 1993 el Gobierno de Aragón, compuesto por una coalición PAR-PP y presidido por Eiroa (PAR) decidió continuar las exitosas manifestaciones autonomistas con una convocatoria en Madrid ante el Congreso de los Diputados. CHA decidió continuar participando en esas manifestaciones con nuestra reivindicación propia de Autodeterminación. Paralelamente, el Rolde Joven del PAR, presidido por Manuel Escolá, decidió impulsar la creación de una “Plataforma Joven por la Autonomía Plena”, como CHA no tenía organización juvenil, la gente del Política Sectorial de CHA (Pascual Jiménez de Bagüés a nivel nacional y Chorche Tricas en el Ligallo de Zaragoza-Capital) hicieron una convocatoria a todos los jóvenes militantes y simpatizantes de CHA para que creasen el Rolde de Juventud, que rápidamente pasó a llamarse, por acuerdo del Comité Nazional, “Chobenalla Aragonesista” y tener forma jurídica de asociación juvenil.
La nueva asociación necesitaba un logotipo y Dani Viñuales elaboró uno en el que combinaba las cuatro barras con la estrella roja, inspirándose sin duda en las banderas con estrella roja del Bloque Nacionalista Galego o el Partit Socialista d’Alliberament Nacional. Sin embargo, el logo no resolvía cómo ubicar esa estrella en esa bandera, de echo aparece en un lateral de la misma, no en el centro. No hubo ningún problema hasta que llegó la manifestación del 15 de noviembre de 1993 en Madrid: ¿Como llevar la bandera con la estrella? a alguien (no sé a quién) simplemente se le ocurrió la solución más sencilla: colocar la estrella en el centro. Y así nació “la estelada aragonesa”. Perfilar con negro la estrella roja sólo tiene sentido para resaltarla sobre las cuatro barras.
Así pues, “o nuestro sinyal estrelau”, desde Gaspar Torrente, significa la soberanía del Estado Aragonés en el contexto de una hipotética confederación internacional (él hablaba de confederación ibérica, si recordamos), entroncando hoy con la propia tradición de la Unión Europea (que utiliza para su bandera el mismo lenguaje simbólico), mientras que “la estrelada” (como le dicen quienes la usan) utiliza el lenguaje revolucionario del Ejército Rojo soviético.
La tercera bandera no la había visto nunca, pero parece que sigue el camino del PSAN: a partir de la tradición de Estat Catalá integra en la composición aquella la estrella roja, de igual forma parece que quien ha diseñado esta propuesta quiere integrar la estrella roja en la composición histórica de Estado Aragonés. Supongo que habrá surgido del ámbito de alguna “colla pro-soviética”… Es broma, pero seguro que sabremos su significado en algún comentario a este post.
El elemento común de las tres banderas, las barras o palos de Aragón, fue en su origen símbolo de la dignidad real vinculada a la Casa de Aragón (no al “Reino”, Diputación del General y Cortes, que tenían el suyo propio, la cruz de San Jorge y las cuatro cabezas de moros). Sobre la “patrimonialidad” o “mejor derecho” sobre este símbolo de los distintos territorios que hoy lo emplean como parte de su bandera decir que: Bueno, todos tuvieron al fin y al cabo un mismo soberano, el Rey de Aragón. Sin embargo, una constatación es clara para determinar quien lo tuvo históricamente como más suyo y es que, durante toda la Edad Moderna, fue precisamente en Zaragoza, donde existía una casa de acuñación de moneda, donde prácticamente sin excepción toda moneda que se acuñó lo fue con las barras de Aragón en su reverso, siendo las impresas en otras cecas de la Corona de Aragón con un variopinto catálogo de símbolos en los que destacaba la clásica cruz de las monedas castellanas. Por tanto, fue Aragón, como territorio patrimonial de la Casa de Aragón, quien siempre las tuvo como propias o por lo menos durante más tiempo.
Hoy las barras aragonesas son el símbolo del territorio, el Pueblo y la Entidad Política de Aragón, que junto a los elementos que se han descrito anteriormente componen diferentes significados, podría decirse “programas políticos”, respecto a Nuestra Tierra. Desde E. A. anhelamos que algún día la estrella de nuestra tierra brille con luz propia en la constelación de países independientes.
POSICIÓN POLÍTICA DE ESTADO ARAGONÉS ANTE LA “CUESTIÓN ORTOGRÁFICA”
Por Estau Aragones - Luengas d'Aragón - 19/Jul/2010
La posición política de E.A. ante la “cuestión ortográfica” ha de ir encaminada a promover una solución definitiva: el empleo de una única ortografía para la Lengua. Hemos de terner en cuenta los dos “escenarios” en los que se dirime la cuestión:
El ámbito público.
La Ley de Lenguas:
Más allá de apuestas personales y grupales respecto de la cuestión ortográfica, el primer elemento real que afecta a la situación de la Lengua, y que puede generar consenso en el tema ortográfico, es la promulgación de la conocida como “Ley de Lenguas”. (Las apuestas son propias de las opiniones-opciones basadas exclusivamente en las emociones e intuiciones, sin intervención relevante de las razones –sí de las justificaciones- y pretenden solucionar el conflicto por medio del triunfo de una de las opciones haciendo valer, para ello, la dinámica de la guerrilla, en lo social y en lo poltícto; para ganar la guerrilla planteada, se hacen valer fes, emociones, intuiciones y justificaciones diversas, siempre interesadas y a la luz de dogmas diversos y caprichosos),
Hemos de tener en cuenta que el verdadero triunfo del proceso social, propiamente aragonés, es la consecución de una Ley de Lenguas, herramienta indispensable para la supervivencia de nuestra Lengua. La Ley mandata la creación de una Academia oficial ex-novo, por lo que la posición de E.A., ante todo, ha de ser la de exigir la aplicación de la Ley de Lenguas y la de una política pro Lengua Aragonesa por parte de la futura Academia oficial nacida de dicha Ley. Si la Academia oficial no se constituyera o desarrollara un política lingüística contraria a la ‘Lengua’, deberíamos esperar del movimiento social la articulación de un escenario en el que finalmente se llegase a un consenso definitivo.
El ámbito social. El conflicto ortográfico en el seno de la sociedad aragonesa:
Hemos de reconocer y enfrentarnos a la exitencia de un conflicto social en torno a la Lengua en lo que se refiere a la “cuestión ortográfica”. Diversos “agentes socioculturales” aragoneses presentan y enfrentan opciones irreconciliables por las que apuestan sin solución de consenso social posible. E.A. ha de ayudar y contribuir a neutralizar y solucionar dicho conflicto. ¿Cómo?:
Recordemos que la lengua es, lo primero de todo, un hecho social y la ortografía, por su parte, está dotada de un marcado carácter simbólico –sobre todo, por su impronta visual e histórico-cultural, de ahí lo enconado del conflicto-; por ello, la realidad social aragonesa en lo referente a esta cuestión es particularmente dura y difícil. Un Partido socialista, autogestionario e independentista aragonés como E.A. ha de acercarse a la “cuestión ortográfica” buscando la legitimidad que dé un proceso social aragonés. En este sentido las ortografías nacidas de los Congresos, I y II, tienen la legitimidad de dotar, por primera vez en la era contemporánea, de una ortografía a la Lengua (fonológica en el caso del I y etimológica en el II) y ello además como resultado de un proceso social; además, en el caso de la ortografía del I Congreso, se ha creado una tradición de más de treinta años en la que se ha escrito la mayor parte de la literatura moderna aragonesa: la solución es una cooficialidad provisional de las dos propuestas ortográficas.
Sin embargo, como partido socialista que ha de utilizar el método científico siempre (neutralizando la “dinámica de las apuestas” ), hemos de ser críticos en nuesto reconcimiento a dicho proceso de Congresos, pues:
-La ortografía del I Congreso no fue reconocida por los hablantes chesos, ansotanos y otros, entre otras causas, por la peculiaridad que supone su “imagen visual” fonológica; también hemos de recordar que el proceso del I Congreso ha sido criticado y cuestionado por el “dirigismo” llevado a efecto desde el C.F.A., dirigismo que fue una de las causas que provocaron la “crisis normativa” que generará el nacimiento de la S.L.A. y la convocatoria del II Congreso.
-La ortografía del II Congreso, por su parte, también cuenta con el desacuerdo de importantes sectores que se quedaron fuera del pretendido consenso, su aceptación actual no la convierte en la mayoritaria y, finalmente, la Ley de Lenguas emplaza a la creación de una Academia oficial ex-novo, por lo que no reconoce al Estudio de Filología Aragonesa como la Academia de la D.G.A. (objetivo declarado del II Congreso y del propio E.F.A.).
Sin duda, el proceso de Congresos adolece de una falta de una dinámica democrática sana que está en la base de su crisis.
-Otras dos ortografías empleadas en Aragonés también gozan de cierta legitimidad y uso:
-Ortografía castellana: tiene la legitimidad de que es la usada “tradicionalmente” por los hablantes patrimoniales y es la más práctica a la hora de su enseñanza en la escuela (lo que, dada la situación de la Lengua, no es una cuestión menor que haya de ser sometida ipso facto al “dogma identitario”, por el cual debe ser rechazada absolutamente por no responder a ninguna tradición aragonesa); sin embargo, no deja de ser la ortografía dialectal, es la ortografía española para los denominados “ dialectos históricos”, es decir, asturiano y aragonés (no obstante, es interesante señalar que el asturiano ha asimilado esa ortografía dialectal ya como lengua independiente, reconocida oficialmente, por razones puramente prácticas).
-La ortografía propuesta por la S.L.A. es razonable en lo lingüístico y responde a un sector generado por la “crisis normativa” provocada, entre otras causas, por la mala gestión del I Congreso. La ortografía de la S.L.A., por contra, no responde en su definición a un proceso social; en cualquier caso, su repercusión social es limitada, no va mucho más allá de ser la ortografía de la S.L.A.
Este análisis crítico nos ha de llevar a la tolerancia de cualquiera de los otros dos usos no cooficiales.
En cualquier caso, no hemos de olvidar que se trata de soluciones provisionales, porque la solución definitiva ha de venir “impuesta” por la Academia oficial, lo que deberá aplacar, definitivamente, a los agentes socioculturales que apuestan por una u otra opción sin solución de consenso social.
El Estatuto de Autonomía
Finalmente, no hemos de olvidar que la Ley de Lenguas, efectivamentre, ha supuesto un avance en el reconocimiento de nuestra Lengua; sin embargo la posción poltíca de E.A. respecto de la Lengua, globlamente, ha de recordar siempre el objetivo principal: el reconcimiento de la Lengua Aragonesa en el Estatuto y su declaración de Lengua nacional y oficial.
Colla de Triballo de Luengas d’Aragon
Borrador de Programa sobre Servicios Públicos y Personal para el Ayto. Zaragoza.
Por Estau Aragones - Pulitica d'Aragón - 8/Jun/2010
El mantenimiento de los servicios públicos ha de ser un compromiso político nítido que garantice el mantenimiento del Estado del Bienestar, independientemente de los avatares políticos.
La presente crisis económica presiona para que las administraciones reduzcan su déficit y una de las pretensiones neoliberales más claras es la precarización del empleo público y la reducción y privatización de servicios.
Creemos que, sin duda, el gasto de la administración puede reducirse en gastos burocráticos y en cargos de libre designación, también en cargos de Dirección que no están justificados por la carga de trabajo que conllevan, también renunciando a emprender aventuras como expos y otros macro-eventos o a la elaboración de cierto tipo de “estudios” sin justificación clara. Todo ello debe diferenciarse de los puestos al servicio del público que sí que son percibidos como útiles por el ciudadano, especialmente en las Áreas de Acción Social y Cultura.
Desde el punto de vista del empleo, sería deseable que el nivel salarial en las contratas y subcontratas se equiparase con las del empleado público, y que a su vez, sirviesen de referencia para los convenios colectivos de los sectores afectados. Si la mejora de los salarios y condiciones laborales en general de los empleados públicos no repercute en la mejora de los salarios y condiciones de los trabajadores del sector privado del mismo sector, la horquilla salarial se abrirá, como de hecho está sucediendo, hasta el punto de que a cualquier Gobierno Municipal le resultará rentable la privatización de servicios. Ello requiere un compromiso e implicación tanto de los empleados públicos como de las organizaciones sindicales. Para ello habrá que crear un comité de seguimiento de las contratas municipales, compuesto por representantes de los empleados públicos, partidos políticos, asociaciones vecinales y otros agentes sociales.
Comprendiendo todo ello, Estado Aragonés asume los siguientes compromisos para la gestión de personal del Ayuntamiento de Zaragoza:
1. Compromiso que toda nueva actividad de gestión municipal se realizará con personal municipal, evitando otros sistemas de gestión pública.
2. Paulatina re-municipalización de servicios externalizados, mediante la creación de un ente jurídico que garantice la estabilidad y continuidad del actual personal externalizado.
CONTRATAS-SUBCONTRATAS
3. Introducción en los Pliegos administrativos de adjudicación de Garantías mínimas del personal externalizado:
a. Jornada
b. Percepciones salariales
c. Conciliación
d. Planes de igualdad
4. Creación de una Unidad de de Inspección y seguimiento laboral en las contratas, con participación de las representaciones unitarias y sindicales de éstas. Entre sus funciones se integrará la homogeneización profesional de los distintos colectivos, el asesoramiento para el cooperativismo de las contratas existentes.
5. Mayor valoración en las adjudicaciones del cumplimiento jurídico laboral de las contratas, así como de su constitución mercantil a favor de la economía social (cooperativas).
6. Posibilidad de retirar la adjudicación ante la reiteración de incumplimientos jurídicos laborales.
7. Facilitar la creación de una Mesa General Sindical del personal propio y externalizado del Ayuntamiento. Dotándole de espacio y medios para el desarrollo de sus cometidos.
PERSONAL PROPIO
8. Diferenciar la maestría en el oficio a las funciones de capataz.
9. Realizar concursos de traslados periódicos y cubrir vacantes con el listado del último concurso efectuado.
10. Bolsa de empleo regida por el principio de tiempo dispuesto por el trabajador por el Ayuntamiento.
11. Ampliar la atención al público a las tardes, sin interrupción al medio día. Los servicios públicos deben adaptarse a los cambios de hábitos en nuestra sociedad.
AREA SOCIAL
12. Aliviar, mediante la promoción interna horizontal, permisos y licencias, al personal de dicho colectivo, especialmente al personal no técnico.
13. Elección, a cargo del capítulo de formación, de los seminarios, cursos, etc., por parte del propio empleado/a, siempre que guarden relación con lo social.
14. Creación de un foro, en horario laboral, de participación voluntaria de trabajadores de lo social en donde se evalúen los servicios y se implementen las nuevas necesidades sociales.
GRUPO DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAU ARAGONÉS
Urbanismo en Zaragoza
Por Estau Aragones - Pulitica d'Aragón - 30/Abr/2010
“Y al que roba en una casa
Si lo pillán lo encarcelan
Y al que especula con ella
No hay guardia que le detenga
Ya no van con palanqueta
Ni pistola ni antifaz
Que tienen inmobiliaria
Los ladrones de verdad”
La Bullonera.
La transición de la Dictadura a la Monarquía no significó un cambio sustancial en las políticas urbanísticas de Zaragoza. El Plan Yarza de 1957 había puesto las bases del crecimiento económico y demográfico de la Ciudad, situando a la especulación como uno de los mejores negocios de la Ciudad, si no el mejor. Comenzó entonces la destrucción de la Huerta Zaragozana, su asfaltado sistemático, y la construcción de barrios periféricos y polígonos industriales.
Barrios dormitorio para la clase obrera, que comenzó a ser obligada a usar el vehículo privado para no tener que perder horas en su traslado al puesto de trabajo, encarecimiento de la alimentación, de la que siempre la ciudad había sido excedentaria y la consolidación por medio de la especulación con el precio del suelo y de la vivienda de las grandes familias zaragozanas, enriquecidas en los albores del franquismo con el estraperlo, cuando no en la ya lejana Dictadura de Primo de Rivera a base de salarios míseros y peseta devaluada para la exportación de bienes de consumo.
La elección por sufragio universal directo y secreto de los concejales significó sin duda un gran avance político y social. Sobre todo significó la creación de una opinión pública con la que contar a la hora de desarrollar las políticas municipales, lo que supuso la necesidad de dar respuesta a las demandas sociales. La forma de financiar estas demandas, desde el Ayto. de Zaragoza fue actuar como un agente más en la especulación del suelo. El Ayto. se convirtió en el principal especulador, con recalificaciones a la carta, permutas de suelo y Grandes Proyectos más o menos justificados ante un previsto y deseado crecimiento sostenido de la población de la ciudad. La Zaragoza del Millón de Habitantes.
Deuda pública desmesurada, precios de alquileres de pisos desorbitados, revalorización constante de los pisos y suelos, obras públicas y proyectos “generadores de empleo”, reclamo para la emigración, subidas de tasas e impuestos municipales para hacer frente al roto financiero. El crecimiento económico y demográfico como religión gestionado por quienes, en aquellos lejanos sesenta, cantaban esta canción o leían (y escribían) aquél libro famoso por su título “Zaragoza contra Aragón”. La población en nuestras comarcas a duras penas se mantenía mientras en Zaragoza crecía sin fin.
Todo ello ha sufrido un parón con la Crisis. Ahora es el momento de parar esta locura, de renunciar al crecimiento hasta la Ciudad del Millón. El Ayuntamiento debe dejar de actuar como un agente más de la especulación, el gasto municipal en materia inmobiliaria debe ir en la línea de favorecer la bajada del precio de los alquileres, creando una bolsa de pisos, de titularidad pública o privada, reconociendo que construir VPO no es construir “vivienda social”.
Así, dejando de ser un agente más especulador, el Ayto. podrá poner freno a las grandes empresas inmobiliarias de la Ciudad (Castillo Balduz, PROGEA, Nozar, etc.) en vez de tener que aceptar sus propuestas de recalificaciones masivas (hoy en curso en el Norte la Huerta hasta San Juan de Mozarrifar y el Este, lo que queda de la Huerta de Las Fuentes).
Es preciso impulsar la producción de bienes con el suelo que se tiene. Aún no se han llenado los Polígonos Industriales de Cogullada o Malpica cuando ya se están recalificando los terrenos industriales del Picarral. Hay que renunciar a las recalificaciones de terrenos industriales y agrarios y ponerlos en valor, fomentar la instalación de industrias y cultivos que favorezcan tanto la cercanía del puesto de trabajo como la bajada de los precios alimenticios, reduciendo costes a los productores directos y precios a los consumidores y trabajadores. Potenciar la economía productiva en vez de la especulativa.
En definitiva un Urbanismo pensado para la gente y no para los agentes inmobiliarios, que favorezca el acceso a la vivienda para todos (Derecho Fundamental) por medio del alquiler, acabe con los privilegios a la hora de acceder a la propiedad (que no es un derecho) de una vivienda, evitando la reproducción del proceso especulativo previo a la crisis, una política urbanística que potencie la economía productiva (industria y agricultura) frente a la especulación (recalificaciones y subcontratas), una economía que avance hacia el socialismo y deje atrás el capitalismo de amiguetes que triunfa en Zaragoza desde tiempo inmemorial.
Grupo de Trabajo para el Programa Municipal
Solidaridad de Clase
Por Picarralero67 - Cheneral-Autualidá - 22/Mar/2010
por: Rafel Fleta
El franquismo no era un Régimen Liberal. Esto es evidente en su falta total de respeto por las libertades individuales y colectivas; y por su carácter fuertemente autoritario, totalitario, patriarcal, con todas sus consecuencias. Una de esas consecuencias era el paternalismo económico hacia las “clases subalternas”.
El sindicalismo vertical (el que agrupaba en su seno tanto a empresarios como trabajadores) era una herramienta eficaz para encuadrar a los obreros “afectos” dentro del Régimen. Si te portabas bien, conseguías trabajo fácilmente, una vivienda protegida y una situación de seguridad económica. Los contratos eran indefinidos para quienes no protestaban, el resto “tenía la puerta abierta” para irse a Alemania o Francia.
Con la Monarquía Parlamentaria, el verticalismo se tornó en “Consenso Social “, que permite la subvención tanto de sindicatos mayoritarios como patronal, la promoción de vivienda protegida, donde el enchufismo es vox populi, y las trampas en oposiciones y subcontratas públicas para “colocar” a los amiguetes.
El pelo de la estepa franquista asoma bajo la pana obrera de parte de la izquierda española. La “democracia” (así se empeñan los monárquicos en denominar su Régimen) no podía generalizar el paternalismo franquista con los obreros, así que la “izquierda oficial” decidió ubicarse a sí misma y sus allegados en la posición de hijos afectos al Régimen (ahora tras la égida del campechano Borbón). Pero bajo el paraguas del Régimen no cabíamos todos los obreros, pues los empresarios exigían el pago en carne a la élite dirigente de la izquierda española. Ese pago era y es la flexibilidad laboral y moderación salarial para el conjunto de la Clase Obrera. Moderación salarial y flexibilidad laboral, administradas a la clase obrera con el discurso de “hay que ser responsable, el radicalismo pone en peligro el empleo”. Los trabajadores teníamos que pagar la liberalización del mercado español, que había sido mantenido aislado del mundo bajo la bota franquista.
Los gobiernos de Felipe González, con el apoyo de PSOE-UGT, destruyeron la relación estable entre el trabajador y la empresa en la que éste trabajaba: en 1984 el contrato estable y fijo dejó de ser el único contrato ordinario, introduciéndose hasta 14 nuevas modalidades de contrato. En 1994 un gobierno “socialista” agonizante acabó la faena -a pesar de la simbólica, ritual y patética oposición de una Huelga General de media jornada- por medio de una Reforma Laboral que liberalizó las condiciones de trabajo en todos sus aspectos: jornada, horario, retribuciones, turnos, pluses y EREs, con la aparición de las ETTs como “fichaje estelar”. Eso significa que a partir de entonces, los empresarios pueden modificar a su conveniencia las condiciones de trabajo de los obreros, quienes pierden así casi toda su fuerza ante una eventual negociación colectiva, ya casi inútil.
El gobierno Aznar de 1997 consiguió el “consenso” de CEOE, CEPYME, UGT y CCOO en una nueva Reforma Laboral en la que se abarató el despido improcedente (por medio del contrato de fomento de empleo) y se introdujo una nueva causa de despido: la productividad, lo que generó los despidos objetivos procedentes, abaratándolos aún más en la práctica.
Hoy, el Gobierno de Zapatero propone una nueva Reforma que profundiza aún más en la liberalización del Mercado Laboral: Liberalizar significa asegurar a la Clase Empresarial el abaratamiento de los costes laborales y la facilidad en el despido de los trabajadores. Zapatero nos sube a todos el IVA pero baja las cotizaciones a los empresarios. Igual que ha subido el déficit público de un 3% al 14% a base de “inyectar capital en los mercados” (dicho en plata: subvencionar a las empresas con EREs y a los bancos con dinero gratis) y ahora pretende bajar recortando prestaciones sociales. Siempre es lo mismo: dinero para los ricos, impuestos para los pobres. Zapatero va a sacarnos de la crisis con contratos a tiempo parcial –subvencionados, por supuesto- en función de la demanda y nuevo contrato indefinido con rebajas en la cotización por desempleo, universalización del contrato de fomento de empleo (el de los 33 días de indemnización por año trabajado), incluso la reforma del Estatuto de los Trabajadores para introducir otro sutil cambio: diferenciar el despido por causas económicas objetivas en procedente e improcedente, así el PSOE eliminaría el último punto de fuerza de los obreros ante un despido: los empresarios, para ahorrarse el juicio, solían conceder el despido improcedente, abonando así el máximo. Ahora ya “no hará falta”. La negociación de los despidos será, así, completamente inútil.
Llevamos 30 años con el mismo sonsonete, “flexibilidad laboral, moderación salarial”, gobierne quien gobierne, porque en realidad siempre han gobernado los mismos: la Patronal y la Banca por medio de sus dominguillos: PSOE&PP. En definitiva el Régimen Borbónico, digno heredero del Franquismo, viene aplicando una política económica y laboral destinada a garantizar a la Clase Empresarial el mantenimiento de su tasa de ganancia y beneficios aún en los peores momentos de crisis económica (1984, 1993, 2000 y 2010), por medio de la destrucción de la seguridad jurídica de los trabajadores, condenando a éstos a la precariedad y proletarización. Y sobre todo, al fin, la Clase Empresarial habrá conseguido que la negociación colectiva resulte completa y definitivamente inútil, al carecer de fuerza jurídica la otra parte, la Clase Obrera. Hay que apuntar que, con este horizonte, sólo quedará la Acción Directa…
Es lógico y normal que la reacción de los trabajadores más conscientes de la situación sea la radicalización de posturas, la retirada de su apoyo a Zapatero y a los partidos y sindicatos que sostienen sus políticas, y su llamamiento a la Huelga General como herramienta política de presión.
Pero no hemos de olvidar dónde está parte de la “izquierda española”, no sólo sus dirigentes: En el pesebre. Este dato sería anecdótico sino hubiese producido un efecto secundario pero de consecuencias sociales profundas, como es el hecho de la separación de una parte del cuerpo de la Clase Obrera: el funcionariado no ha sufrido estos recortes en sus derechos laborales, sigue manteniendo la seguridad jurídica. De forma análoga a como se decía que “hay una Europa de dos velocidades”, se puede decir que bajo el Régimen Borbónico, hay también “un sistema laboral de dos velocidades”: el conjunto de los trabajadores, que ya carecen de cualquier vínculo jurídico estable con la empresa para la que trabajan por un lado, y los funcionarios con “empleo para toda la vida”.
En Aragón, la unidad de acción sindical de CGT y OSTA, entre otros grupos sindicales más pequeños, es el camino correcto para defender las condiciones de trabajo, los salarios y la seguridad jurídica de los trabajadores frente a la liberalización del mercado laboral impulsada por el PSOE, la patronal y sus aliados, sindicales y políticos. El camino de la Huelga General.
Una de las batallas sindicales en la Administración Pública es la resistencia a las privatizaciones. Pero la gran mejora relativa de las condiciones de trabajo de los funcionarios frente al conjunto de los trabajadores funciona como una bomba de presión en pro de las temidas externalizaciones. Especialmente los Ayuntamientos, que sufren una situación económica más precaria por su deficiente sistema de financiación, ven como insostenible la gestión directa de los servicios públicos, pues su privatización significa mantener el servicio a un coste muy inferior, debido a los muy inferiores salarios que se pagan en los Convenios Colectivos frente a la que cobran los funcionarios de igual categoría profesional.
La resistencia a las privatizaciones debe ir ligada a una mayor eficiencia en la gestión directa de los servicios públicos, pues si no, llegará un momento en que los funcionarios verán cómo el hambre de beneficios de la Patronal les alcanzará, más pronto que tarde. Son trabajadores, al fin y al cabo, y la receta patronal (flexibilidad en el despido y congelación salarial) también les será aplicada a ellos cuando el gobierno borbónico de turno no pueda garantizar de otra forma el saqueo de las arcas públicas (subvenciones y beneficios fiscales para empresarios y banqueros).
En esta situación de crisis, la lucha de clases se agudiza y en este momento ya, con la precarización, proletarización e inseguridad jurídica a la que se enfrentan los trabajadores individualmente, y la Clase Obrera en su conjunto, los funcionarios no deben verse como en una burbuja a quienes la crisis apenas afecta, si así lo hiciesen no serían solidarios con el conjunto de la Clase Obrera. Porque la respuesta se encuentra siempre en la solidaridad, la única solidaridad honesta que existe, la solidaridad entre iguales que rechaza privilegios, la Solidaridad de Clase.
Entalto la Clase Obrera!
Entalto Aragón Libre!
Consultas populars por a Independenzia
Por Andres Castro - Cheneral-Autualidá - 15/Mar/2010
Presentazión Sant Boi Decideix
Una nueba tongada de consultas populars por a independenzia se ye parando por parti d’os coleutibos embrecaus con eras, ta ista primabera en Catalunya. Dica lo inte, dengún s’ha resistiu á balguar os resultaus d’istas consultas, anque nomás aiga estau ta dizir que no tienen cosa de balidura. A bels encluso lis ha serbito ta unflar una bena autoritaria, como por exemplo á las portaboces ofizials d’o PP. Atros han siñalato las mugas d’a democrazía “ofizial “, como lo Menistro de Chustizia, que beye, pleno de medrana, un periglo ta la democracia un mobimiento ziudadán consecuén con a libertá ideolóchica. No serba d’estraniar que ascape salga una lai en contra d’esta mena de consultas. Os resultaus d’as anteriors combocatorias han teniu, sin dembargo, atras consecuenzias ta lo mobimiento independentista, que ya s’ha dau cuenta que bi ha que aprestar á la mayor parti d’ a poblazión, porque una cosa ye estar embrecau con un sentimiento y atra mobilizar políticamén á la ziudadanía.
“CATALUNYADECIDEIX”
O domingo 7 de marzo se presentó publicamén a zaguera Plataforma popular por a Independenzia en Catalunya. A Coordinadora “Santboidecideix” estió presentata en a Plaza Catalunya de Sant Boi de Llobregat, an s’aplegó muita chen. Ista ye una d’as muitas plataformas, que son surtindo en as ziudaz y lugars catalans, ta empentar o proyeuto de consultas populars por l’independenzia. Son surtindo dende la iniziatiba ziudadana, dende o consenso, dende a pluralidá de matizes y tamien dende a pluralidá d’azentos.
Como portaboz d’a cordinadora, m’enfilé á lo publico asistén, y me premití charrar en as tres luengas que se fablan en o nuestro país. Charré en o nombre d’os aragoneses, que enduramos a colonizazión d’a nuestra tierra, dende fa más de treszientas añadas, y que luitamos tamién por l’independenzia d’Aragón, y lo femos “parlant català” y charrando aragonés, pero tamién emplegando lo castellán pues en Aragón se fa reyalida aquera masima de Tácito que diziba: “A marca d’o esclau ye fablar en a luenga d’os suyos amos”.
Creigo que ista eferbeszenzia, iste rebiscolar o calibo, prenzipió nuebamén dimpués d’a manifestazión d’o 2006 en Barzelona “Pel dret de decidir”. Ye platero que o camín d’os estatutos d’autonomía ye rematada, pero no solamén ixo, tamién sapemos que respeuto a Catalunya, se son fendo pasos entadezaga, porque o Tribunal Constituzional ye negando a reyalidá nazional catalana. Sin dembargo l’esito d’as consultas ye a prebatina d’a boluntá d’os catalans de poder dezidir sobre o suyo esdebenidero.
A primer consulta se fazió en Arenyns de Munt con a pregunta: “Està d’acord que Catalunya esdevingui un Estat de dret, independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea?”. Dimpués d’ixe treze de setiembre, isto no bi-ha quien l’ature. Se ye contrimuestrando que a chen ye aprebenita ta exerzer o dreito a l’autodeterminazión y la independenzia politica á tamas d’os entrepuzes, que posan os Estaus español y franzés, encara que firmón o Pauto Internazional d’os Dreitos Zebils y Politicos de 1996, auspiziau por as Nazions Chunitas, an se reculle en o primer articlo, que toz os pueblos han o dreito á l’autodeterminazión.
Ye importán remarcar, que l’oxetibo prenzipal d’as plataformas ye a partizipazión. Queremos que partizipe tanta chen como siga posible, cualsiquier que siga a suya intinzión de boto. A Plataforma propiamén fa campaña por o “dreito a dezidir”. Son as entidaz y asoziazions que l’amparan, as que, si lo deseyan, pueden fer campaña por o sí. Asinas que tot queda reduzito a una coseta tan simpla, pero tan importán como a democrazia. Y en ixe campo emos de chugar toz.
Crisis economica y sobiranía política
Por Picarralero67 - Pulitica d'Aragón - 4/Mar/2010
Contra cartera vueda sobiranía plena
L’autual crisis economica contrimuestra la necesidat d’Aragón de recuperar a suya sobiranía politica. Fa uns diyas, o President d’Aragón, Marcelino Iglesias, anunciaba que Aragón saliba de a recesión oficialment. Dos trimestres consecutivos con un crecimiento economico superior á 0, encara que solo que fuese por decimas, meteba á Aragón chunto á Alemania y Francia, lexos d’Espanya.
Ye verdat que o nuestro President pecó de triunfalismo, que no ye ta blincar d’alegría, pero tampoco no cal pensar que mos yera mentindo. A estrutura economica d’Aragón no pende tanto de a construcción ni de a especulación financiera, ni de o turismo de masas como atras, astí pesa más a industria exportadora y l’agricultura produtiva, con os suyos servicios, que no en Espanya. Asinas as nuestras cifras macroeconómicas son millors.
Pero millors no sinifica buenas. En Aragón también ha trunfau la especulación, con macroproyeutos sinyaleros como motors d’un crecimiento insostenible: Aramón, Expo2008, Motorland, Gran Scala, Exponapo, Olimpiadas Zaragoza-Pirineus, Zaragoza Capetal Europeya de a Cultura, etc. No podemos pensar que Aragon (más bien Zaragoza, “Zaragón”) puede continar crecendo como antismás, basando-se en ista politica de macroeventos, agora ye menister encetar políticas rigurosas y humildes, más que más devant de os mainates, capitalistas y especuladors, y reglamentar os achustes laborals ta guaranciar a seguridat de o treballo y evitar o empobrecimiento de os treballadors, endrezar una economía productiva, no pas especulativa. U siga mirar ta Francia u Alemania, más que ta Espanya. Atra reflexión que hemos de fer ye que l’autonomía t’Aragón ha estau asabelo positiva.
En 150 anyos, Aragón no heba feito que perder población. Ista situación venió chunto á la organización de o Reino d’España como estau centralizau que trestalló Aragón en tres provincias, con uns municipios sin d’autonomía politica y unas Diputacions Provincials que pendeban de raso de o Guvierno Civil, aguaitau bien de cerca dende o Guvierno Militar. Aragón no existiba alministrativament y o nuestro Pueblo s’amortaba baxo la bota espanyola y monarquica, perdendo población y peso politico y economico en o conchunto de l’Estau.
Pero con a muerte de Franco, os aragoneseses ganemos l’autonomía (tal cual se deciba allora) y encara que nos furtoron o maximo ran d’autonomía, a la fin lo consiguiemos, poqué a poqué, sin reblar. A luita por enamplar lo nuestro autoguvierno, chunto á la luita popular contra os trescoles d’auga de l’Ebro han estau as dos mostas irrefutables de a nuestra anglucia d’autodeterminación. Sobre o Trescole ye menister dicir ya que, si no en hesenos ganau, agora la borbolla financiera espanyola encara sería más grant pues devant de a expectativa de más augua en Levant s’hese disparau encara más a construcción especulativa y antimás agora Aragón veyería o suyo futuro hipotecau con un Trescole que mos furtaría uno de os nuestros tresoros más preciaus: l’augua.
Lo causo ye que Aragón ha dixau de perder población de vez que ha conseguiu l’autoguvierno. Bi ha qui diz que ixo ye casolidat, pero s’ha de parar cuenta que ta os 80, Aragón yera la Comunidat Autonoma con más despoblaus (400) y que agora lo ye Galicia (con 800), antis todas as nuestras comarcas perdeban población (menos as capitals de provincia), agora ixe proceso s’ha revertiu y mesmo belunas en ganan. Si Aragón hese continau sin existir, lo proceso de macrourbanización de Zaragoza hese continau como con o Polo de Desarrollo franquista. Alto u baxo lo que quiere fer o PSOE con ixe proyeuto faraonico de a “Zaragoza de o millón de habitadors”.
L’autonomía ha estau buena ta o país, pero hemos de parar cuenta de que no ye suficient y que ya no se puede enamplar más. Hemos plegau en as mugas de a Constitución Espanyola. Y sin dembargo, Aragón aprecisa adevantar más: ye menister cambear o sistema eleutoral ta luitar contra la corrompición politica, amanando ta la chent á os suyos ripresentants: os Consellos Comarcals cal que se trien por sufrachio universal, as diputacions provincials han de ser abolidas ya y o sistema de listas trancadas y bloqueyadas, -que le da tot lo poder á la burocracia institucional disbrazada de partius políticos- sustituidas por circunscripcions unipersonals , en cada cual se triase un diputau a doble vuelta. Antimás, o President de a Republica Aragonesa debería estar triau por sufrachio , libre, dreito y secreto. Pero tot isto u se fa reformando a Lei de Bases de Rechiment Local y a Lei Eleutoral espanyolas – misión imposible pues en ellas se refirma tot lo rechiment político corrompiu borbonico- u se fa demandando que mos ne tornen a sobiranía t’Aragón, en función de os nuestros Dreitos Historicos Nacionals.
A coyuntura economica mos cenya que, si queremos amanar-mos ta os países desarrollaus, hemos de meter dencima de a mesa o debate de a devolución de a nuestra sobiranía; tal cual mos cenya también que as políticas desarrollistas, herederas de o viello franquismo que gosa fer servir tanto lo PSOE como lo PP en toda Espanya, t’Aragón son penibles y han de ser sustituyidas por atrás que arrenuncien á la “Zaragoza de o millón d’habitadors”, y enfrontinen a reyalidat d’una economía sin de crecimiento reyal.
En un anyo tendremos eslecions ta Cortes d’Aragon y Concellos. A cucha independentista ha de fer un esfuerzo por estar-ie present, encara que mos siga cuasi imposible obtener representación. Por dos razons: A primera ye que se i presentará UPyD, o partiu de l’espanyolismo radical, o partiu que mos quiere furtar l’autonomía que tanto esfuerzo mos costó arreplegar. Si mos quedamos en casa y no marchamos ta votar, baxará la participación y o minimo legal ta obtener representación s’achiquirá, y se lo dixaremos más fácil ta UPyD. Dengún aragonesista ha de quedar-se en casa ta no facilitar-le la faina á os espanyolistas. No votar ta 2011 sería una grau manca de patriotismo aragonés. Antimás ye menister sacar o debate de a sobiranía. Ye menister dicir-les á os partius parlamentarios autonomistas, nacionalistas u federalistas que l’autonomía se le queda chicota á Aragón, que amenistamos totas ixas reformas devanditas, que ye menister arroclar fuerzas enta la sobiranía. Nusatros creyemos que ye menister encetar un proceso de chunidat de o soberanismo, encara que solo estase a ran eleutoral. Pero ixo rai, lo important ye fer-mos notar y fer apercazar á ixos partius políticos (Partido Aragonés, Chunta Aragonesista, Partido Comunista de Aragón), o á lo menos a os suyos afillaus, que l’autonomía ye acotolada como fuent de progreso, que ye menister prencipiar á charrar ya de sobiranía. Con una, dos u tres candidaturas, pues o important ye fer-mos notar, que ya sabemos que no’n hemos de sacar cosa.
Y como rematadera, dicir que lo que se faya en Zaragoza será custión sinyalera ta la resta de o país, pues si os zaragozans arrenunciamos á la “Ciudat d’un millón” le seremos dicindo a la resta de o país que no mos lo queremos minchar, que no queremos que nunca más se pueda dicir que vivimos en “Zaragón”, que queremos un país armonico y equilibrau.
Rafel Fleta
Genealogía del “Marisismo” o la negación de la Lengua Aragonesa
Por Arnau de Borau - Luengas d'Aragón - 26/Feb/2010
¿Pero qué estaremos fendo ta fer-lis tanto a tana?
(¿Pero qué estaremos haciendo para molestarles tanto?)
No es nuevo. La práctica de la negación tiene un objetivo: la exclusión basada en algún prejuicio cultural, político o colectivo con el objetivo de erradicar algún elemento existente en la cultura, en la política o del género humano, en este caso “la Lengua aragonesa”. Pero lo más sorprendente es que la negación provenga de la Universidad, donde por formación se espera encontrar en sus docentes una impronta y una mente abierta para incorporar al saber toda nueva realización humana y no el dogmatismo académico de hace dos siglos. Un destacado miembro del Departamento de Filología española pide la exclusión del aragonés normativo como objeto protegido por la ley de Lenguas porque “no es una lengua propia”. Esta afirmación es indignante por excluyente y constituye la síntesis del desprecio de un sector de la Universidad al trabajo de elaboración de una norma común para el aragonés, por iniciativa de varias asociaciones de carácter privado. Sorprende el bajo nivel de racionabilidad en el argumento de la autora y, no existiendo un fundamento académico para tal opinión, debemos pensar que sacrifica el conocimiento y la razón a convicciones personales de tipo político y una trasnochada ideología pan-castellanista.
Nos referimos al artículo de Marisa Arnal Purroy, profesora titular de Lengua española de la Universidad de Zaragoza, publicado el 21 de enero de 2010 en el Heraldo de Aragón (http://www.unizar.es/prensa/noticias/1001/100122_z0_23.pdf) titulado “Nuestras lenguas”, p.23. La profesora titular de lengua española se ha salido de su especialidad académica, se ha metido en los terrenos del debate político-legal (que nunca es neutro en cuestiones lingüísticas) y el resultado es el bodrio que ha publicado que ni es ni lingüístico, ni legal, ni jurídico ni nada. Sólo es la manera de expresar un prejuicio: quiere negar la “lengua aragonesa” pero como no ha encontrado argumentos lingüísticos ha intentado una reducción al absurdo de la cuestión.
Desde que Antonio de Nebrija tuviera la osadía (pues lo era allá por el Siglo XV) de escribir la gramática de una “lengua vulgar”, como se llamaba en su época al castellano, (algún eminente de entonces le diría “pero que haces, chalado”), los procesos de recopilación, unificación y normalización de las lenguas han sido constantes. Ignorar esto en una Universidad del siglo XXI es muy grave. La creación de estándares normativos ha sido una constante en nuestro entorno inmediato (de hecho el castellano que estudiamos lo es) y por el que han pasado también el vasco y el catalán. También es un fenómeno generalizado en Europa y el mundo entero en la medida que las comunidades de hablantes toman conciencia de sus lenguas, más aún con el acceso de nuevas naciones a la independencia o cuando menos a algún sistema de descentralización o de reconocimiento social. Es por tanto el proceso necesario de una lengua en las sociedades en que hay un fenómeno lingüístico asociado a la territorialidad, a la historia y a la identidad. Se da en sociedades avanzadas y cultas donde la pérdida de los referentes culturales y de sobre todo de la cultura asociada a la identidad no se admite.
La Universidad debería haber liderado el movimiento de unificación de la lengua aragonesa y darle lo único de lo que carecía, de oficialidad. Pero, ¿qué han hecho desde la Universidad en estos 30 años, o los 150 anteriores, lo mismo da? ¿Dónde está ese gran estudio o argumento de la Universidad que justifique no haber hecho nada? ¿Dónde hallamos la justificación a esa completa pasividad, cuando no de bloqueo activo, por parte de la cultura oficial, respecto al movimiento de unificación de la lengua aragonesa? Yo afirmo: en ningún sitio. Nada justifica el desentendimiento de la Universidad con un fenómeno de capital importancia que ocurre a menos de 60 Km. de Zaragoza. Una Universidad que por definición debería ser compendio de todo el saber de Aragón está contrariamente en la labor opuesta.
No hay razones científicas o académicas en contra de la unidad de la “Lengua aragonesa”, ni contra el trabajo de los que luchamos por una norma común. No, porque quien lo hiciera caería en el descrédito como persona de ciencia y es un riesgo que nuestros profesores no se atreverían a correr, ¿o sí?… Emplear argumentos científicos para negar una evidencia, sólo se lo pueden permitir los profanos, pero no quien hace de “el método” su modus vivendi. Negar el trabajo de todo un movimiento por crear un estándar, cuando todos sabemos que es un proceso por el que en algún momento de su historia atraviesan todas las lenguas (y del cual “la cultura oficial” se han automarginado), no se puede hacer desde posiciones académicas. Por eso sale nuestra profesora apelando cínicamente al “buen sentido”, todo para negar pan y lecho al este movimiento y excluir a la “lengua aragonesa” de la Ley de Lenguas.
Hay un error conceptual en el argumento, entre otros muchos. Para esta profesora referirse a “lengua aragonesa” es referirse al cheso, al ansotano, al chistavino”, es decir, “las verdaderas lenguas”, “o variedades”, “o modalidades”, “transmitidas de generación en generación”, etc., etc. considerada así en contra de lo que (siempre según su argumento) se entiende por algunos también como “lengua aragonesa” que ella denomina “neoaragonés”, “el aragonés normalizado”, “que no es una lengua propia” y que ella no comparte como hemos dicho. Sin embargo, desde el momento en que una serie dialectos los agrupamos bajo un nombre común, y ella lo hace, estamos creando un concepto es decir una forma de entender el conjunto y surge la necesidad de una norma común, por tanto, lo que ella pretende separar está objetivamente unido: a nadie se le ocurriría decir que la lengua castellana es sólo un conjunto de dialectos que se hablan en Andalucía, Aragón, Extremadura, Argentina o México, sin incluir la norma culta estándar porque está continuamente reinventada por la RAE. La lengua castellana incluiría todo, los dialectos del castellano y la norma culta de las academias (que no es la que se trasmite “de generación en generación”, sino que se enseña en las escuelas). Nadie se atrevería a decir lo contrario. El argumento de al profesora no resiste pues la mínima comparación: “Lengua aragonesa” incluiría pues no sólo los dialectos aragoneses, si no también el estándar común por pura coherencia.
La profesora se mete en el intrincando mundo de la consideración político-jurídica de una lengua para construir su tesis y sorprende este camino que ha seguido, porque, como hemos dicho, fiarse de lo que dice una ley de una lengua es una reducción al absurdo. Como muestra vale un botón: el art. 3.1. de la vigente Constitución dice: “El castellano es la lengua española oficial del Estado”. En técnica jurídica pues, la lengua oficial del Estado no puede ser el español, no solo porque la CE. denomina castellano a la lengua oficial del Estado, sino porque el resto de las lenguas también son consideradas “españolas”, siempre desde la perspectiva del texto constitucional, naturalmente. Por otra parte, vemos que le gusta suscribir como profesora titular de Lengua Española, dejándonos perplejos por declararse profesora de una lengua inexistente, por lo menos jurídicamente y en el Estado español ¿Posiblemente sea alguna modalidad o variante del castellano recientemente descubierta, que la profesora ha patrimonializado? Los argentinos y los mexicanos no le dan nombre en sus constituciones a la lengua que hablan (nombre de la lengua Ø). Me parece muy bien que quieran cortar con las reminiscencias españolas o pan-castellanas u otras denominaciones que les recuerden el imperialismo hispánico. En el Perú y Ecuador para fastidiar tampoco hablan la variante o la modalidad llamada español sino el castellano, pero son más generosos y el quechua, el aimará, el kitcwa y el shuar son cooficiales además de ser nombradas expresamente, lo cual es todo un reconocimiento directo a la cultura y la identidad indígena, algo que no pasa en el Estado español. Lo mismo pasa en Paraguay, castellano y guaraní. Rebuscando en las constituciones políticas de las Repúblicas de la América latina sólo Cuba, Panamá, Nicaragua y Guatemala denominan español a su lengua oficial. ¡Resulta curioso pues que Marisa imparta en Zaragoza clases de un idioma criollo que sólo se habla en América!. Bueno, ¡esto es una broma! Un divertimiento, que demuestra cuan fútiles y erróneas son las conclusiones que se sacan empleando los extravagantes argumentos de la profesora.
En resumidas cuentas: ¿Por qué nos intenta embaucar con este artículo? ¿Cuál es el trasfondo ideológico? Pues el trasfondo ideológico es quebrar la unidad cultural de los dialectos del aragonés (al considerar que no debería haber un estándar común que los relacione), con ello negar la propia y común identidad lingüística del Pirineo aragonés y, a su vez, romper con una identidad de carácter más amplio, la del Pirineo con el resto de los aragoneses (que lejos de ser ajenos a la lengua aragonesa, la tenemos muy presente en nuestra habla preñada de aragonesismos). Pero esto tiene más calado: se trata de atajar la incipiente identidad idiomática de los aragoneses, “de todos los aragoneses”, que nos separe de la consideración de país castellano. La simple denominación de “aragonés” de un idioma distinto, debilita la total, absoluta e inquebrantable identificación del castellano con los aragoneses; hace necesario un replanteamiento ideológico y consecuentemente lo que parecía un hecho incontrovertible, queda sometido cuando menos a debate: el castellano ya no es considerado autóctono sino históricamente introducido y superpuesto al substrato lingüístico de los aragoneses. Las sugerencias del artículo van pues en función de perpetuar la identificación de Aragón y los aragoneses con una sola lengua, el castellano y en contra del redescubrimiento de los aragoneses de su lengua identitaria. Como cuatro o seis hablas fraccionadas, o como ella dice “discontinuas”, la cosa queda en lo folklórico y como curiosidad étnica, “sin peligro” para la integridad del españolismo en Aragón, pero como lengua normalizada la cosa cambia se crea una identidad colectiva a reivindicar y desarrollar: El problema es pues para Marisa Arnal Purroy el peligro que representa la identificación del “aragonés” como lengua de identidad, como la Lengua nacional de Aragón.
Esperemos que el artículo de Marisa Arnal Purroy sólo represente una postura personal, que sea un evento de carácter excepcional, que no sea el pensamiento oficial (siquiera oficioso) de la UdZ respecto a la Lengua aragonesa. Desearíamos que los departamentos de humanidades de esta vieja Universidad fueran un factor de investigación, de desarrollo y de profundización en el conocimiento y el saber de Aragón incluida el apoyo a la Lengua aragonesa y su normalización. No se pueden construir bastiones ideológicos desde posturas académicas para negar y excluir un fenómeno social y, encima, pedirlo a los que deben de aplicar las leyes para que cometan una ilegalidad. Eso debería desacreditar públicamente a quien lo pide. No es función de los gobernantes dar crédito a los que piden excluir (que se repasen la CE, si es preciso), sino integrar y dar carta de naturaleza a la Lengua aragonesa. Lo que propone Marisa Arnal al Gobierno y a las Cortes de Aragón no tiene nada de “buen sentido”, más bien resulta ignominioso a todos los que individual o colectivamente luchamos por el reconocimiento de la “Lengua aragonesa”.
Arnau de Borau
Aragón, febrero 2010
La Ley de Lenguas no es el punto final a la cuestión de las Lenguas de Aragón
Por Arnau de Borau - Luengas d'Aragón - 14/Feb/2010
Respecto a la Ley de Lenguas de Aragón que recientemente ha entrado en vigor (Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón, en su nomenclatura legal), no tenemos más remedio que manifestar nuestra indignación por considerar que en esta Ley se produce un desfalco a los derechos lingüísticos del Pueblo aragonés. Hay que advertir, por si alguien no se ha enterado todavía, que la ley no concede la categoría de oficiales, junto al castellano, a la Lengua aragonesa y a la Lengua catalana de Aragón.
Sí, señores, hay que decirlo: La Ley de Lenguas de Aragón puede que tenga algunas virtudes según quien lo mire, pero representa un auténtico expolio a la cultura aragonesa y a su normalización en su propio país, Aragón. Es un fraude en el fondo y en la forma. No sólo porque aminora el alcance de las previsiones de una norma anterior, rompiendo un consenso político previo (parece ser que algunos de nuestros legisladores no respetan los pactos políticos anteriores, ni las expectativas que ello puede despertar en los derechos de los ciudadanos aragoneses), sino también porque puede estar vulnerando algún precepto de la Constitución Española (CE.) de 1978 por la cual nos regimos de momento, queramos o no, en Aragón. Es decir, que algunos de los legisladores autóctonos, no están dispuestos ni a concedernos lo que concede en su Constitución el Estado español (como dependencia suya que somos) y a que el aragonés y el catalán de Aragón sean cooficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Antecedentes históricos y legales:
La Disposición Final 2ª de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés disponía que “Una ley de lenguas de Aragón proporcionará el marco jurídico específico para regular la cooficialidad del aragonés y del catalán”. Hay que remarcar que lo de “cooficialidad” no admite equívoco. Esa promesa de una Ley de Lenguas (con la cooficialidad incluida) se ha considerado una concesión del PP a la CHA, cuando quería hacerle “la pinza” al PSOE en Aragón. Pero, independientemente de los motivos para su redacción; como norma jurídica, suponía establecer un mandato legal que comprometía a la cooficialidad de las tres lenguas y que, como tal mandato, creaba unas expectativas a los aragoneses; una especie de derecho adquirido que sólo quedaba pendiente de articular para poder ser ejercitado (la mayoría de derechos y su ejercicio siguen esta pauta legal)
Pero los actores cambian pronto. Ese mismo año de 1999 gana el PSOE que con el apoyo del PAR se hace con el Gobierno de Aragón. El nuevo Consejero de Cultura y Turismo Javier Callizo Soneiro, del PAR y de la Val d’Hecho para más información, presenta con fecha 13 de Diciembre del 2000 una consulta a la Comisión Jurídica Asesora (CJA), que emitirá el Dictamen 3/2001, de 30 de enero de 2001. (Se puede consultar en el siguiente enlace http://portal.aragon.es/portal/page/portal/CJA/DICTAMENES/DICTAMENES01/CONSULTAS/003.PDF). Hay que decir que la resolución del CJA no es vinculante de ninguna manera. En el escrito el Consejero plantea dos preguntas:
a) Si es constitucionalmente posible, de acuerdo con los artículos 3 de la Constitución Española y 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón, establecer y regular la cooficialidad de una lengua, distinta del castellano, mediante una Ley ordinaria de las Cortes de Aragón.
b) Efectos legales de lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.
Decir de antemano que es un dictamen instrumental; un documento preparado para justificar la iniquidad que posteriormente se perpetrará contra la Disposición Final 2ª de la Ley 3/1999, la de la cooficialidad, que tan incómoda resultaba a la mentalidad colonial de algunos señores.
El fundamento del dictamen es una libre interpretación del artículo 3. 2 de la Constitución de 1978 que dice literalmente: “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Ello es traducido sui generis por el ponente de la CJA como: “Que las otras lenguas españolas (sin que precise el texto constitucional cuáles sean éstas) podrán ser también oficiales, pero para ello es necesario un pronunciamiento específico en el propio Estatuto de Autonomía. Parece evidente que en el caso del Estatuto de Autonomía de Aragón no existe tal decisión en el art. 7” [C.J. II. b. del Dictamen 3/2001 de 30 de enero de 2001].
¡Hombre, no!… Ellos han hecho todo lo posible para que no exista tal pronunciamiento específico en las sucesivas reformas del EAA., sabemos la poca estima que les tienen a las lenguas de Aragón, pero hemos podido leer precepto constitucional y hemos visto que tampoco prevé un un pronunciamiento específico de oficialidad en los Estatutos. Más bien el sentido iría en lo que se recoge en la Sentencia del Tribunal Constitucional 82/1986, “La cooficialidad en el uso de las lenguas no deriva de esta Ley [Se refiere a una ley vasca objeto de la sentencia del TC.], sino directamente del art. 3.2 de la CE. y determina obligaciones para todos los poderes públicos en la Comunidad Autónoma con dos lenguas oficiales, no sólo para los poderes públicos de la Comunidad Autónoma”.(…) “La competencia del País Vasco para regular la cooficialidad deriva directamente del art. 3.2 de la CE. En consecuencia, el alcance de la cooficialidad es, por imperativo constitucional, materia propia de las Comunidades Autónomas, que sólo encuentran en su determinación los límites materiales que establece la Constitución”. La competencia para Aragón deriva del mismo precepto, lo que pasa es que no la quieren ejercer porque son colonialistas y porque no les ha dado, ni les da, ni les dará la gana. Mucho tendrán que cambiar las cosas.
La interpretación más “generosa” del artículo 3.2 de la Constitución de 1978 quedaría en que “serán también oficiales”, sólo puede significar que se establece un mandato constitucional a las Comunidades Autónomas (y la obligación por supuesto), con “lenguas españolas”, de reconocerlas como oficiales, sin que la coletilla “de acuerdo a sus Estatutos” suponga que tienen potestad para declararlas finalmente oficiales o no, sino simplemente la de regular el ejercicio de la cooficialidad de sus lenguas (esto es lo que preveía la disposición final 2 para la Ley de Lenguas), sin que puedan negarla. Una interpretación más restrictiva si que sería inconstitucional, por lo que el Dictamen del CJA es incorrecto.
La del art. 3.2 de la CE. una concesión amplia de la Constitución de 1978. Esto se hizo en el momento de la Transición cuando la cuestión lingüística aún se consideraba en unos términos de valor supremo de la cultura inmaterial de toda la ciudadanía, despolitizada y suprapartidista, y no se pensaba todavía en que fuese empleada como un elemento recurrente para encrespar la agresividad y el enfrentamiento en cualquier debate político y para atacar permanentemente a cualquier nacionalismo cultural, tal y como se viene haciendo actualmente. Conviene no olvidarlo.
En resumidas cuentas que a la pregunta a) del Consejero de Cultura Javier Callizo Soneiro, el dictamen de la CJA no aporta ningún precepto ni legal ni jurisprudencial que impida expresamente establecer y regular la cooficialidad de una lengua, distinta del castellano, mediante una Ley ordinaria de las Cortes de Aragón, sólo se apoya en la interpretación libre e del ponente de algunas sentencias del Tribunal Constitucional que no entran a tratar ni directa ni por analogía la cuestión planteada al CJA. El ejemplo que se da del bable no sirve, pues parte de un recurso de Amparo interpuesto por un ciudadano que presenta ante la Administración asturiana un escrito en lengua asturiana, pero es que resulta la cooficialidad del bable no está recogida ni en el Estatuto de Asturias ni en ninguna otra Ley asturiana, la del aragonés sí, en una ley aragonesa, por lo menos hasta hace poco.
Respecto a la pregunta b) del Consejero, sobre los efectos legales de lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, el dictamen de la CJA se la despacha a legando que “según lo dicho sería inconstitucional, pero que no lo es porque no ha sido declarada así por el TC., pero que toda la legislación derivada de él lo sería, sin lugar a dudas”. En fin respuesta de pero grullo: aquí todos se creen sabedores de antemano del sentido de las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Pasan diez años (tanta dilación forma parte también de la vergüenza que provoca todo este proceso) seguimos con un PSOE en el gobierno, un PP en la oposición, opuesto a cualquier regulación de la cuestión lingüística (en este caso), y un PAR, en su línea, dispuesto a ejercer cualquier método de filibusterismo parlamentario, para bloquear la Ley de Lenguas, si no se aceptan sus planteamientos del rechazo frontal a la cooficialidad del aragonés y del catalán… Y con todos esos antecedentes pasa lo que ha de pasar:
En la única Disposición Derogatoria de la Ley de Lenguas, finalmente aprobada, pone, “Queda derogada la Diposición final segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en la presente Ley”. Se deroga pues, en el fondo y en la forma, la cooficialidad del aragonés y del catalán de Aragón, en principio ya ganada para la ciudadanía aragonesa, y que esta Ley debía de desarrollar, no derogar… Esto supone subvertir el espíritu un mandato legal que se comprometía a la cooficialidad de las tres lenguas y le da un giro impropio al objetivo de la Ley de Lenguas, que sirve realmente para eliminar del Ordenamiento Jurídico aragonés la referencia a la cooficialidad. Hay que decirlo: “La cooficialidad del aragonés y del catalán de Aragón ya existía en el Ordenamiento Jurídico aragonés”, pero en un acto de trilerismo parlamentario, en una disposición derogatoria, nuestros legisladores la han hecho desaparecer. Esto es un abuso de la potestad legislativa de sus señorías. ¡Qué falta de respeto a la palabra dada al Pueblo aragonés! ¡No pueden legislar a la venezolana! ¡La potestad legislativa, por muy exclusiva que sea, no se puede ejercer sin honestidad! Se puede, pero no se debe, si no quieren entrar en terreno de la desfachatez:
Y es que para más burla, en el Preámbulo de la Ley de Lenguas se invoca la disposición final segunda de la Ley 3/1999, como un precepto que inspira la Ley que se promulga y luego se deroga ese mismo precepto… ¿Es eso decente? Ni ética ni estéticamente admisible, por supuesto. ¡Qué desvergüenza! Pero está ahí escrito, en la Ley, patente y claro, como constancia el fraude y de la trampa que se ha hecho.
Conclusiones:
En definitiva, nuestros políticos y legisladores nos han demostrado que están en perpetuo conflicto con la identidad y la cultura de los aragoneses. Tienen un evidente odio (de origen y genealogía compleja) por lo aragonés, que al fin y al cabo es un “auto-odio”, en muchos casos, que demuestran sobradamente con la cicatería que administran los alcances políticos y legislativos en su propia tierra. Un síntoma de esquizofrenia política muy grave. Preferirían que el pueblo que administran no tuviera tales manifestaciones (es lo que se destila de la “propuesta de no propuesta de una Ley de Lenguas del PP”), pero como las tiene, piensan que ignorándolas y apartándolas del uso oficial irán muriendo poco a poco. Como dirigentes, si quisieran entender y amar el ser y el espíritu de este Pueblo no deberían entorpecer, sino admitir, con naturalidad, el hecho de que hay aragoneses que además del castellano hablan el aragonés y el catalán y que eso debe tener una traslación no sólo a la vida pública, sino también a la oficial, y con las máximas garantías de uso social y en plenitud de alcance en todas las Administraciones aragonesas. Porque es un derecho de la Ciudadanía, o aunque lo fuera sólo de una parte de ella, porque es una de las concesiones más importantes a las identidades nacionales, que hace la constitución política del Estado español, que es la que se aplica aquí en todo caso y supuestamente debería ser también para lo bueno.
El conflicto nace de un planteamiento base de estos políticos: La creencia de que deben mantenerse como punta de lanza del españolismo en su versión más asimilacionista en el Nordeste de la Península, Bastión de los más españolistas entre los españolistas, el portaviones españolista anclado en el área de la vieja, mal agregada y siempre levantisca Corona de Aragón, donde el recuerdo de la pasada independencia pesa y pesará por siempre en sus pueblos, donde persiste u está presente la cultura autóctona, donde hay ciudadanos que resisten a la colonización de la cultura castellana.
Tanto desde la derecha y como de la izquierda regional, tanto cuneros como autóctonos, en cada caso, se creen en la obligación de mantener el tópico de un Aragón españolista, como el discurso políticamente correcto. A falta de un discurso propio, y de las ganas de elaborarlo, adoptan el del centro (el españolista) para marcar contraste con el más próximo, el vasco-navarro por un lado y el catalán-valenciano por el otro, con los que ha habido y habrá siempre pendientes cuestiones de cercanía y agravios comparativos, consustanciales por ocupar el mismo ámbito geopolítico. La solución no es para ellos elaborar argumentos políticos de base identitaria, porque para ello hay que armarse ideológica y políticamente y aguantar la arremetida españolista (esto es impensable), porque supone una solución considerablemente más costosa y compleja de la habitual, que conllevaría superar además ese complejo de inferioridad tan arraigado en nuestra clase política (esto es imposible). La solución es para ellos de “no contrariar”, no parecerse en el método ni en la forma a los nacionalismos que nos rodean y de hacer seguidismo cuando no sublimar el discurso “políticamente correcto del centro”. Por eso hablamos de colonial y colonialismo cuando nos referimos a la estructura y a la clase política de Aragón.
No busquemos por lo tanto en estos políticos un concepto de lo aragonés como valor supremo de la política aragonesa, si así fuera, con todas las potestades que les concede la Constitución española, el Estatuto de autonomía, su propia potestad de legislar y su acción de gobierno podrían llegar a lo máximo en el fomento, protección y recuperación de las lenguas de Aragón. No es una cuestión de presupuesto, ni técnicamente imposible, ni inconstitucional (El TC. no se ha pronunciado nunca en un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley ordinaria que regule la cooficialidad de lenguas), ni siquiera de capacidad legislativa, ¡que la tienen!, como lo han demostrado para derogar otros preceptos. Es una cuestión mental y de ejercicio de la voluntad política; de ganas de comprender lo que es Aragón, de aceptarlo y a partir de ahí de considerarse también valedores (de amparar, de proteger, de patrocinar) de lo aragonés, actuando en consecuencia y hasta la última consecuencia. Es una sencilla cuestión de amor hacia la tierra y de respeto a la gente que administran, independientemente de la militancia política y para lo que no hay que ser ni siquiera aragonesista. Pero no vayamos a creer en entelequias.
Para acabar:
Rechazamos esos modos ramplones de proceder, sobre la base de corruptelas legales (escudarse en una exacerbada legalismo como la del dictamen aducido es cobardía interesada para no mojarse y luchar por los derechos lingüísticos de los aragoneses), de componendas, sacando provecho de la apatía de la gente, del bajo nivel de estima por lo propio y de la división de los agentes sociales aragoneses. Nuestro respeto a los que, a título particular o desde las asociaciones de defensa del aragonés interpretan esta Ley, a pesar de todo, como buena, pero no nos conformamos. No pueden salirse con la suya. La próxima batalla hay que plantearla por la oficialidad del Aragonés, pero ya en la consideración de Lengua Nacional aragonesa con derecho a ser oficial.
Desde estas páginas declaramos la voluntad y nuestra disponibilidad a constituir con todos los agentes sociales implicados y comprometidos con el aragonés un movimiento por la oficialidad de la Lengua Aragonesa e invitamos a los defensores de la Lengua Catalana de Aragón que hagan lo propio para trabajar juntos por la oficialidad del aragonés y el catalán de Aragón.
Arnau de Borau
Aragón, febrero de 2010.
Contra el estalinismo
Por Picarralero67 - Cheneral-Autualidá - 3/Feb/2010
Ultimamente se viene desarrollando una corriente dentro del independentismo aragonés que se define como marxista-leninista, reivindica la acción política de Stalin como adecuada y pretende que el llamado estalinismo nunca existió y es un invento de la propaganda derechista antisoviética.
Las respuestas que se vienen dando, de manera esporádica, desde el resto del independentismo se han centrado hasta ahora en la repulsa a los crímenes de Estado cometidos en la URSS durante los años de Stalin. Lo habitual: considerar el fenómeno denominado “estalinismo” en clave de mezquina lucha de poder o incluso en términos de psicología personal. Es una explicación simplista, de raíz liberal, que ignora los términos del debate que se suscitó al respecto en el seno de la izquierda internacional en su día. Este debate hace años que se resolvió desde otro enfoque: el estalinismo debe entenderse como crisis social en el seno de la URSS y tiene también base en el anquilosamiento del pensamiento marxista como doctrina política simpificada y trivializada para el consumo masivo popular, destinada no a la investigación social, sino a justificar el poder soviético.
Josep Fontana, gran historiador marxista catalán, expuso ya el análisis de todo esto y correspondiente conclusión en su libro “História. Análisis del pasado y proyecto social” (Editorial Crítica, Barcelona, 1982) en el que estudia la relación entre la metodología del estudio histórico y el proyecto político del historiador. Defiende Fontana en este libro que los historiadores que trabajan al servicio de un cambio social tienden a estudiar los mecanismos de cambio de las sociedades y en ese sentido el materialismo histórico (vulgarmente conocido como marxismo) se ha demostrado como una línea teórica fundamental para la izquierda. Sin embargo, cuando el objetivo político consiste en legitimar un régimen social, el historiador se convierte en una especie de sociólogo preocupado por estudiar cómo funciona la sociedad, considerando los conflictos y cambios como “cosa del pasado”; distinguiendo así el presente (la economía política) por un lado de la historia que se centraría en el pasado y por otro el proyecto político para un futuro indeterminado. Por el contrario, un historiador comprometido con el cambio social tiene una visión de conjunto del estudio histórico, la crítica de la economía política actual y el proyecto social de futuro: todo es una misma cosa y las “separaciones”, de haberlas, sólo tienen carácter funcional.
En el citado libro, Fontana dedica unas páginas a estudiar el estalinismo como crisis social concreta en la que los dirigentes soviéticos toman como doctrina una versión simplificada del marxismo con el objeto de sostenerse en el poder.
Toma Fontana de Michal Reiman la explicación del surgimiento del estalinismo en “el fracaso en lograr el crecimiento industrial ambicionado y que se suponía una condición para la victoria del socialismo. La propia revolución, al satisfacer una serie de aspiraciones populares, había roto los mecanismos de acumulación de capital existentes con anterioridad, y las destrucciones de la guerra mundial (la primera) y la guerra civil habían agravado considerablemente la situación. A fines de 1927 resultaba evidente que no se podía satisfacer las demandas de productos industriales de la población rusa, lo que invalidaba las posibilidades de alcanzar el desarrollo industrial por la vía de la Nueva Política Económica (NEP). Y se escogió el salto hacia adelante: la movilización general de los recursos, aún a costa de sacrificar muchas de las conquistas populares obtenidas de la revolución. La función del terror no era tanto la de liquidar la oposición política como la de facilitar este cambio de rumbo; era, en palabras de Reiman, “un medio de trasformación violenta de las condiciones de vida y trabajo de millones de personas”, que reforzaría las peores formas de opresión social. En este contexto se puede entender el uso que había de hacerse de la versión codificada del marterialismo histórico – esa extraña cosa llamada “marxismo-leninismo”- como forma de legitimación, y el grado de distorsión que introduciría su subordinación a las necesidades políticas coyunturales: a las directrices del partido”. (pág. 220)
Tras esta explicación, Fontana dedica unas páginas a ilustrar y explicar cómo la investigación histórica en la URSS se subordinaba a las luchas internas del partido, triunfando una interpretación u otra de las crisis capitalistas en función de la línea dominante en el Politburó. Esta línea política ya no puede reclamarse marxista, pues como ya nos había adelantado Fontana un par de páginas antes “lo que en Marx ha sido concebido como un método abierto, indisolublemente ligado a un proyecto político a largo plazo, se nos presenta aquí (habla en concreto de la obra Plejanov) cerrado y simplificado, trasformado en doctrina, pero en doctrina tan elemental, que resulta difícil ver qué clase de investigación concreta hubiera podido sustentarse en ella.” (pag. 218)
El marxismo-leninismo (hay que distinguir esta construcción soviética de la obra concreta de Lenin, de mucho interés en sí misma) nació como doctrina tras la muerte de Lenin para justificar las políticas del PCUS en la URSS. Así pues, siguiendo la línea marxista de Fontana, no es más que una doctrina conservadora del Régimen soviético, sin más recorrido como fuente de análisis de la realidad histórico-social. Pero ya no existen ni la URSS ni el PCUS, por lo que definirse hoy en Aragón como marxista-leninista no tiene sentido: no ayuda a comprender la situación actual de Aragón, sus conflictos y sus perspectivas de cambio social.
Sin embargo, está bien que desde el independentismo aragonés se estudien las políticas de la URSS, sin complacencia pero sin caer tampoco en el simplismo infantil de reducirlo todo a una especie de conspiración paranoíca. No hay que olvidar que los logros que se puedan aceptar de la URSS se consiguieron con una política, la denominada “comunismo en un solo país”, que a corto plazo significó la opresión de las masas y a largo plazo la derrota de todo el movimiento comunista. Hoy, la política industrialista de la URSS (paralela al desarrollismo capitalista) es totalmente contradictoria con las propuestas surgidas del ecosocialismo definidias genéricamente como decrecimento sostenible.
Hablando en plata, el reconocimiento de que la URSS asumió siempre el derecho a la autodeterminación de los países que la componían (y por eso hoy pueden ser independientes) y que la industrialización soviética, por brutal que fuese, sacó a esa sociedad del feudalismo y la libró de la condena a ser otra colonia del Capital, debe ser valorado, y todo ello puede ser positivo si acerca a la gente del PCPA a posiciones soberanistas, pero mientras se quiera utilizar la etiqueta del marxismo-leninismo para justificar la indolencia electoral de una parte de los independentistas aragoneses, todo quedará en un mero “pleito á o sol”
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