El ámbito público.

La Ley de Lenguas:

Más allá de apuestas personales y grupales respecto de la cuestión ortográfica, el primer elemento real que afecta a la situación de la Lengua, y que puede generar consenso en el tema ortográfico, es la promulgación de la conocida como “Ley de Lenguas”. (Las apuestas  son propias de las opiniones-opciones basadas exclusivamente en las emociones e intuiciones, sin intervención relevante de las razones –sí de las justificaciones- y pretenden solucionar el conflicto por medio del triunfo de una de las opciones haciendo valer, para ello, la dinámica de la guerrilla, en lo social y en lo poltícto; para ganar la guerrilla planteada, se hacen valer fes, emociones, intuiciones y justificaciones diversas, siempre interesadas y a la luz de dogmas diversos y caprichosos),

Hemos de tener en cuenta que el verdadero triunfo del proceso social, propiamente aragonés, es la consecución de una Ley de Lenguas, herramienta indispensable para la supervivencia de nuestra Lengua. La  Ley mandata la creación de una Academia oficial ex-novo, por lo que la posición de E.A., ante todo, ha de ser la de exigir la aplicación de la Ley de Lenguas y la de una política pro Lengua Aragonesa por parte de la futura Academia oficial nacida de dicha Ley. Si la Academia oficial no se constituyera o desarrollara un política lingüística contraria a la ‘Lengua’, deberíamos esperar del movimiento social  la articulación de un escenario en el que finalmente se llegase a un consenso definitivo.

El ámbito social. El conflicto ortográfico en el seno de la sociedad aragonesa:

Hemos de reconocer y enfrentarnos a la exitencia de un conflicto social en torno a la Lengua en lo que se refiere a la “cuestión ortográfica”. Diversos “agentes socioculturales” aragoneses presentan y enfrentan opciones irreconciliables por las que apuestan sin solución de consenso social posible. E.A. ha de ayudar y contribuir a neutralizar y solucionar dicho conflicto. ¿Cómo?:

Recordemos que la lengua es, lo primero de todo, un hecho social y  la ortografía, por su parte, está dotada de un marcado carácter simbólico –sobre todo, por su impronta visual e histórico-cultural, de ahí lo enconado del conflicto-; por ello,  la realidad social aragonesa en lo referente a esta cuestión es particularmente dura y difícil. Un Partido socialista, autogestionario e independentista aragonés como E.A. ha de acercarse a la “cuestión ortográfica” buscando la legitimidad que dé un proceso social aragonés. En este sentido las ortografías nacidas de los Congresos, I y II, tienen la legitimidad de dotar, por primera vez en la era contemporánea, de una ortografía a la Lengua (fonológica en el caso del I y etimológica en el II)  y ello además como resultado de un proceso social; además, en el caso de la ortografía del I Congreso, se ha creado una tradición de más de treinta años en la que se ha escrito la mayor parte de la literatura moderna aragonesa: la solución es una cooficialidad provisional de las dos propuestas ortográficas.

Sin embargo, como partido socialista que ha de utilizar el método científico siempre (neutralizando la “dinámica de las apuestas” ), hemos de ser críticos en nuesto reconcimiento a dicho proceso de Congresos, pues:

-La ortografía  del  I Congreso  no fue reconocida por los hablantes chesos, ansotanos  y otros, entre otras causas, por la peculiaridad que supone su “imagen visual” fonológica; también hemos de recordar que el proceso del I Congreso ha sido criticado y cuestionado por el “dirigismo” llevado a efecto desde el C.F.A., dirigismo que fue una de las causas que provocaron la “crisis normativa” que generará el nacimiento de la S.L.A. y la convocatoria del II Congreso.

-La ortografía del II Congreso, por su parte, también cuenta con el desacuerdo de importantes sectores que se quedaron fuera del pretendido consenso, su aceptación actual no la convierte en la mayoritaria y, finalmente, la Ley de Lenguas emplaza a la creación de una Academia oficial ex-novo, por lo que no reconoce al Estudio de Filología Aragonesa como la Academia de la D.G.A. (objetivo declarado del II Congreso y del propio E.F.A.).

Sin duda, el proceso de Congresos adolece de una falta de una dinámica democrática sana que está en la base de su crisis.

-Otras dos ortografías empleadas en Aragonés también gozan de cierta legitimidad y uso:

-Ortografía castellana: tiene la legitimidad de que es la usada “tradicionalmente” por los hablantes patrimoniales y es la más práctica a la hora de su enseñanza en la escuela (lo que, dada la situación de la Lengua,  no es una cuestión menor que haya de ser sometida  ipso facto al “dogma identitario”,  por el cual debe ser rechazada absolutamente por no responder a ninguna tradición aragonesa); sin embargo, no deja de ser  la ortografía dialectal, es la ortografía española para los denominados “ dialectos históricos”, es decir, asturiano y aragonés (no obstante, es interesante señalar que el asturiano ha asimilado esa ortografía dialectal ya como lengua independiente, reconocida oficialmente, por razones puramente prácticas).

-La ortografía propuesta por la S.L.A. es razonable en lo lingüístico y responde a un sector generado por  la “crisis normativa” provocada, entre otras causas, por la mala gestión del I Congreso.  La ortografía de la S.L.A., por contra, no responde en su definición a un proceso social; en cualquier caso, su repercusión social es limitada, no va mucho más allá de ser la ortografía de la S.L.A.

Este análisis crítico nos ha de llevar a la tolerancia de cualquiera de los otros dos usos no cooficiales.

En cualquier caso, no hemos de olvidar que se trata de soluciones provisionales, porque la solución definitiva ha de venir “impuesta” por la Academia oficial, lo que deberá aplacar, definitivamente,  a los agentes socioculturales que apuestan por una u otra opción sin solución de consenso social.

El Estatuto de Autonomía

Finalmente, no hemos de olvidar que  la Ley de Lenguas, efectivamentre, ha supuesto un avance en el reconocimiento de nuestra Lengua; sin embargo la posción poltíca de E.A. respecto de la Lengua, globlamente, ha de recordar siempre el objetivo principal: el reconcimiento de la Lengua Aragonesa en el Estatuto y su declaración de Lengua nacional y oficial.

Colla de Triballo de Luengas d’Aragon

La presente crisis económica presiona para que las administraciones reduzcan su déficit y una de las pretensiones neoliberales  más claras es la precarización del empleo público y la reducción y privatización de servicios.

Creemos que, sin duda, el gasto de la administración puede reducirse en gastos burocráticos y en cargos de libre designación, también en cargos de Dirección que no están justificados por la carga de trabajo que conllevan, también renunciando a emprender aventuras como expos y otros macro-eventos o a la elaboración de cierto tipo de “estudios” sin justificación clara. Todo ello debe diferenciarse de los puestos al servicio del público que sí que son percibidos como útiles por el ciudadano, especialmente en las Áreas de Acción Social y Cultura.

Desde el punto de vista del empleo, sería deseable que el nivel salarial en las contratas y subcontratas se equiparase con las del empleado público, y que a su vez, sirviesen de referencia para los convenios colectivos de los sectores afectados. Si la mejora de los salarios y condiciones laborales en general de los empleados públicos no repercute en la mejora de los salarios y condiciones de los trabajadores del sector privado del mismo sector, la horquilla salarial se abrirá, como de hecho está sucediendo, hasta el punto de que a cualquier Gobierno Municipal le resultará rentable la privatización de servicios. Ello requiere un compromiso e implicación tanto de los empleados públicos como de las organizaciones sindicales. Para ello habrá que crear un comité de seguimiento de las contratas municipales, compuesto por representantes de los empleados públicos, partidos políticos, asociaciones vecinales y otros agentes sociales.

Comprendiendo todo ello, Estado Aragonés asume los siguientes compromisos para la gestión de personal del Ayuntamiento de Zaragoza:

1.      Compromiso que toda nueva actividad de gestión municipal se realizará con personal municipal, evitando otros sistemas de gestión pública.

2.      Paulatina re-municipalización de servicios externalizados, mediante la creación de un ente jurídico que garantice la estabilidad y continuidad del actual personal externalizado.

CONTRATAS-SUBCONTRATAS

3.      Introducción en los Pliegos administrativos de adjudicación de Garantías mínimas del personal externalizado:

a.     Jornada

b.     Percepciones salariales

c.      Conciliación

d.     Planes de igualdad

4.      Creación de una Unidad de de Inspección y seguimiento laboral en las contratas, con participación de las representaciones unitarias y sindicales de éstas.  Entre sus funciones se integrará la homogeneización profesional de los distintos colectivos, el asesoramiento para el cooperativismo de las contratas existentes.

5.      Mayor valoración en las adjudicaciones del cumplimiento jurídico laboral de las contratas, así como de su constitución mercantil a favor de la economía social (cooperativas).

6.      Posibilidad de retirar la adjudicación ante la reiteración de incumplimientos jurídicos laborales.

7.      Facilitar la creación de una Mesa General Sindical del personal propio y externalizado del Ayuntamiento.  Dotándole de espacio y medios para el desarrollo de sus  cometidos.

PERSONAL PROPIO

8.      Diferenciar la maestría en el oficio a las funciones de capataz.

9.      Realizar concursos de traslados periódicos y cubrir vacantes con el listado del último concurso efectuado.

10.  Bolsa de empleo regida por el principio de tiempo dispuesto por el trabajador por el Ayuntamiento.

11.  Ampliar la atención al público a las tardes, sin interrupción al medio día. Los servicios públicos deben adaptarse a los cambios de hábitos en nuestra sociedad.

AREA SOCIAL

12.  Aliviar, mediante la promoción interna horizontal, permisos y licencias, al personal de dicho colectivo, especialmente al personal no técnico.

13.  Elección, a cargo del capítulo de formación, de los seminarios, cursos, etc., por parte del propio empleado/a, siempre que guarden relación con lo social.

14.  Creación de un foro, en horario laboral, de participación voluntaria de trabajadores de lo social en donde se evalúen los servicios y se implementen las nuevas necesidades sociales.

GRUPO DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAU ARAGONÉS

Si lo pillán lo encarcelan

Y al que especula con ella

No hay guardia que le detenga

Ya no van con palanqueta

Ni pistola ni antifaz

Que tienen inmobiliaria

Los ladrones de verdad”

La Bullonera.

La transición de la Dictadura a la Monarquía no significó un cambio sustancial en las políticas urbanísticas de Zaragoza. El Plan Yarza de 1957 había puesto las bases del crecimiento económico y demográfico de la Ciudad, situando a la especulación como uno de los mejores negocios de la Ciudad, si no el mejor. Comenzó entonces la destrucción de la Huerta Zaragozana, su asfaltado sistemático, y la construcción de barrios periféricos y polígonos industriales.

Barrios dormitorio para la clase obrera, que comenzó a ser obligada a usar el vehículo privado para no tener que perder horas en su traslado al puesto de trabajo, encarecimiento de la alimentación, de la que siempre la ciudad había sido excedentaria y la consolidación por medio de la especulación con el precio del suelo y de la vivienda de las grandes familias zaragozanas, enriquecidas en los albores del franquismo con el estraperlo, cuando no en la ya lejana Dictadura de Primo de Rivera a base de salarios míseros y peseta devaluada para la exportación de bienes de consumo.

La elección por sufragio universal directo y secreto de los concejales significó sin duda un gran avance político y social. Sobre todo significó la creación de una opinión pública con la que contar a la hora de desarrollar las políticas municipales, lo que supuso la necesidad  de dar respuesta a las demandas sociales. La forma de financiar estas demandas, desde el Ayto. de Zaragoza fue actuar como un agente más en la especulación del suelo. El Ayto. se convirtió en el principal especulador, con recalificaciones a la carta, permutas de suelo y Grandes Proyectos más o menos justificados ante un previsto y deseado crecimiento sostenido de la población de la ciudad. La Zaragoza del Millón de Habitantes.

Deuda pública desmesurada, precios de alquileres de pisos desorbitados, revalorización constante de los pisos y suelos, obras públicas y proyectos “generadores de empleo”, reclamo para la emigración, subidas de tasas e impuestos municipales para hacer frente al roto financiero. El crecimiento económico y demográfico como religión gestionado por quienes, en aquellos lejanos sesenta, cantaban esta canción o leían (y escribían) aquél libro famoso por su título “Zaragoza contra Aragón”. La población en nuestras comarcas a duras penas se mantenía mientras en Zaragoza crecía sin fin.

Todo ello ha sufrido un parón con la Crisis. Ahora es el momento de parar esta locura, de renunciar al crecimiento hasta la Ciudad del Millón. El Ayuntamiento debe dejar de actuar como un agente  más de la especulación, el gasto municipal en materia inmobiliaria debe ir en la línea de favorecer la bajada del precio de los alquileres, creando una bolsa de pisos, de titularidad pública o privada, reconociendo que construir VPO no es construir “vivienda social”.

Así, dejando de ser un agente más especulador, el Ayto. podrá poner freno a las grandes empresas inmobiliarias de la Ciudad (Castillo Balduz, PROGEA, Nozar, etc.) en vez de tener que aceptar sus propuestas de recalificaciones masivas (hoy en curso en el Norte la Huerta hasta San Juan de Mozarrifar y el Este, lo que queda de la Huerta de Las Fuentes).

Es preciso impulsar la producción de bienes con el suelo que se tiene. Aún no se han llenado los Polígonos Industriales de Cogullada o Malpica cuando ya se están recalificando los terrenos industriales del Picarral. Hay que renunciar a las recalificaciones de terrenos industriales y agrarios y ponerlos en valor, fomentar la instalación de industrias y cultivos que favorezcan tanto  la cercanía del puesto de trabajo como la bajada de los precios alimenticios, reduciendo costes a los productores directos y precios a los consumidores y trabajadores. Potenciar la economía productiva en vez de la especulativa.

En definitiva un Urbanismo pensado para la gente y no para los agentes inmobiliarios, que favorezca el acceso a la vivienda para todos (Derecho Fundamental) por medio del alquiler, acabe con los privilegios a la hora de acceder a la propiedad (que no es un derecho) de una vivienda, evitando la reproducción del proceso especulativo previo a la crisis, una política urbanística que potencie la economía productiva (industria y agricultura) frente a la especulación (recalificaciones y subcontratas), una economía que avance hacia el socialismo y deje atrás el capitalismo de amiguetes que triunfa en Zaragoza desde tiempo inmemorial.

Grupo de Trabajo para el Programa Municipal

Contra cartera vueda sobiranía plena

L’autual crisis economica contrimuestra la necesidat d’Aragón de recuperar a suya sobiranía politica. Fa uns diyas, o President d’Aragón, Marcelino Iglesias, anunciaba que Aragón saliba de a recesión oficialment. Dos trimestres consecutivos con un crecimiento economico superior á 0, encara que solo que fuese por decimas, meteba á Aragón chunto á Alemania y Francia, lexos d’Espanya.

Ye verdat que o nuestro President pecó de triunfalismo, que no ye ta blincar d’alegría, pero tampoco no cal pensar que mos yera mentindo. A estrutura economica d’Aragón no pende tanto de a construcción ni de a especulación financiera, ni de o turismo de masas como atras, astí pesa más a industria exportadora y l’agricultura produtiva, con os suyos servicios, que no en Espanya.  Asinas as nuestras cifras macroeconómicas son millors.

Pero millors no sinifica buenas. En Aragón también ha trunfau la especulación, con macroproyeutos sinyaleros como motors d’un crecimiento insostenible: Aramón, Expo2008, Motorland, Gran Scala, Exponapo, Olimpiadas Zaragoza-Pirineus, Zaragoza Capetal Europeya de a Cultura, etc. No podemos pensar que Aragon (más bien Zaragoza, “Zaragón”) puede continar crecendo como antismás, basando-se en ista politica de macroeventos, agora ye menister encetar políticas rigurosas y humildes, más que más devant de os mainates, capitalistas y especuladors, y reglamentar os achustes laborals ta guaranciar a seguridat de o treballo y evitar o empobrecimiento de os treballadors, endrezar una economía productiva, no pas especulativa. U siga mirar ta Francia u Alemania, más que ta Espanya. Atra reflexión que hemos de fer ye que l’autonomía t’Aragón ha estau asabelo positiva.

En 150 anyos, Aragón no heba feito que perder población. Ista situación venió chunto á la organización de o Reino d’España como estau centralizau que trestalló Aragón en tres provincias, con uns municipios sin d’autonomía politica y unas Diputacions Provincials que pendeban de raso de o Guvierno Civil, aguaitau bien de cerca dende o Guvierno Militar. Aragón no existiba alministrativament y o nuestro Pueblo s’amortaba baxo la bota espanyola y monarquica, perdendo población y peso politico y economico en o conchunto de l’Estau.

Pero con a muerte de Franco, os aragoneseses ganemos l’autonomía (tal cual se deciba allora) y encara que nos furtoron o maximo ran d’autonomía, a la fin lo consiguiemos, poqué a poqué, sin reblar. A luita por enamplar lo nuestro autoguvierno, chunto á la luita popular contra os trescoles d’auga de l’Ebro han estau as dos mostas irrefutables de a nuestra anglucia d’autodeterminación. Sobre o Trescole ye menister dicir ya que, si no en hesenos ganau, agora la borbolla financiera espanyola encara sería más grant pues devant de a expectativa de más augua en Levant s’hese disparau encara más a construcción especulativa y antimás agora Aragón veyería o suyo futuro hipotecau con un Trescole que mos furtaría uno de os nuestros tresoros más preciaus: l’augua.

Lo causo ye que Aragón ha dixau de perder población de vez que ha conseguiu l’autoguvierno. Bi ha qui diz que ixo ye casolidat, pero s’ha de parar cuenta que ta os 80, Aragón yera la Comunidat Autonoma con más despoblaus (400) y que agora lo ye Galicia (con 800), antis todas as nuestras comarcas perdeban población (menos as capitals de provincia), agora ixe proceso s’ha revertiu y mesmo belunas en ganan. Si Aragón hese continau sin existir, lo proceso de macrourbanización de Zaragoza hese continau como con o Polo de Desarrollo franquista. Alto u baxo lo que quiere fer o PSOE con ixe proyeuto faraonico de a “Zaragoza de o millón de habitadors”.

L’autonomía ha estau buena ta o país, pero hemos de parar cuenta de que no ye suficient y que ya no se puede enamplar más. Hemos plegau en as mugas de a Constitución Espanyola. Y sin dembargo, Aragón aprecisa adevantar más: ye menister cambear o sistema eleutoral ta luitar contra la corrompición politica, amanando ta la chent á os suyos ripresentants: os Consellos Comarcals cal que se trien por sufrachio universal, as diputacions provincials han de ser abolidas ya y o sistema de listas trancadas y bloqueyadas, -que le da tot lo poder á la burocracia institucional disbrazada de partius políticos- sustituidas por circunscripcions unipersonals , en cada cual se triase un diputau a doble vuelta. Antimás, o President de a Republica Aragonesa debería estar triau por sufrachio , libre, dreito y secreto. Pero tot isto u se fa reformando a Lei de Bases de Rechiment Local y a Lei Eleutoral espanyolas – misión imposible pues en ellas se refirma tot lo rechiment político corrompiu borbonico- u se fa demandando que mos ne tornen a sobiranía t’Aragón, en función de os nuestros Dreitos Historicos Nacionals.

A coyuntura economica mos cenya que, si queremos amanar-mos ta os países desarrollaus, hemos de meter dencima de a mesa o debate de a devolución de a nuestra sobiranía; tal cual mos cenya también que as políticas desarrollistas, herederas de o viello franquismo que gosa fer servir tanto lo PSOE como lo PP en toda Espanya, t’Aragón son penibles y han de ser sustituyidas por atrás que arrenuncien á la “Zaragoza de o millón d’habitadors”, y enfrontinen a reyalidat d’una economía sin de crecimiento reyal.

En un anyo tendremos eslecions ta Cortes d’Aragon y Concellos. A cucha independentista ha de fer un esfuerzo por estar-ie present, encara que mos siga cuasi imposible obtener representación. Por dos razons: A primera ye que se i presentará UPyD, o partiu de l’espanyolismo radical, o partiu que mos quiere furtar l’autonomía que tanto esfuerzo mos costó arreplegar. Si mos quedamos en casa y no marchamos ta votar, baxará la participación y o minimo legal ta obtener representación s’achiquirá, y se lo dixaremos más fácil ta UPyD. Dengún aragonesista ha de quedar-se en casa ta no facilitar-le la faina á os espanyolistas. No votar ta 2011 sería una grau manca de patriotismo aragonés. Antimás ye menister sacar o debate de a sobiranía. Ye menister dicir-les á os partius parlamentarios autonomistas, nacionalistas u federalistas que l’autonomía se le queda chicota á Aragón, que amenistamos totas ixas reformas devanditas, que ye menister arroclar fuerzas enta la sobiranía. Nusatros creyemos que ye menister encetar un proceso de chunidat de o soberanismo, encara que solo estase a ran eleutoral. Pero ixo rai, lo important ye fer-mos notar y fer apercazar á ixos partius políticos (Partido Aragonés, Chunta Aragonesista, Partido Comunista de Aragón), o á lo menos a os suyos afillaus, que l’autonomía ye acotolada como fuent de progreso, que ye menister prencipiar á charrar ya de sobiranía. Con una, dos u tres candidaturas, pues o important ye fer-mos notar, que ya sabemos que no’n hemos de sacar cosa.

Y como rematadera, dicir que lo que se faya en Zaragoza será custión sinyalera ta la resta de o país, pues si os zaragozans arrenunciamos á la “Ciudat d’un millón” le seremos dicindo a la resta de o país que no mos lo queremos minchar, que no queremos que nunca más se pueda dicir que vivimos en “Zaragón”, que queremos un país armonico y equilibrau.

Rafel Fleta

Cordinador d’Estau Aragonés en Zaragoza.

(¿Pero qué estaremos haciendo para molestarles tanto?)

No es nuevo. La práctica de la negación tiene un objetivo: la exclusión basada en algún prejuicio cultural, político o colectivo con el objetivo de erradicar algún elemento existente en la cultura, en la política o del género humano, en este caso “la Lengua aragonesa”. Pero lo más sorprendente es que la negación provenga de la Universidad, donde por formación se espera encontrar en sus docentes una impronta y una mente abierta para incorporar al saber toda nueva realización humana y no el dogmatismo académico de hace dos siglos. Un destacado miembro del Departamento de Filología española pide la exclusión del aragonés normativo como objeto protegido por la ley de Lenguas porque “no es una lengua propia”. Esta afirmación es indignante por excluyente y constituye la síntesis del desprecio de un sector de la Universidad al trabajo de elaboración de una norma común para el aragonés, por iniciativa de varias asociaciones de carácter privado. Sorprende el bajo nivel de racionabilidad en el argumento de la autora y, no existiendo un fundamento académico para tal opinión, debemos pensar que sacrifica el conocimiento y la razón a convicciones personales de tipo político y una trasnochada ideología pan-castellanista.

Nos referimos al artículo de Marisa Arnal Purroy, profesora titular de Lengua española de la Universidad de Zaragoza, publicado el 21 de enero de 2010 en el Heraldo de Aragón (http://www.unizar.es/prensa/noticias/1001/100122_z0_23.pdf) titulado “Nuestras lenguas”,  p.23. La profesora titular de lengua española se ha salido de su especialidad académica, se ha metido en los terrenos del debate político-legal (que nunca es neutro en cuestiones lingüísticas) y el resultado es el bodrio que ha publicado que ni es ni lingüístico, ni legal, ni jurídico ni nada. Sólo es la manera de expresar un prejuicio: quiere negar la “lengua aragonesa” pero como no ha encontrado argumentos lingüísticos ha intentado una reducción al absurdo de la cuestión.

Desde que Antonio de Nebrija tuviera la osadía (pues lo era allá por el Siglo XV) de escribir la gramática de una “lengua vulgar”, como se llamaba en su época al castellano, (algún eminente de entonces le diría “pero que haces, chalado”), los procesos de recopilación, unificación y normalización de las lenguas han sido constantes. Ignorar esto en una Universidad del siglo XXI es muy grave. La creación de estándares normativos ha sido una constante en nuestro entorno inmediato (de hecho el castellano que estudiamos lo es) y por el que han pasado también el vasco y el catalán. También es un fenómeno generalizado en Europa y el mundo entero en la medida que las comunidades de hablantes toman conciencia de sus lenguas, más aún con el acceso de nuevas naciones a la independencia o cuando menos a algún sistema de descentralización o de reconocimiento social. Es por tanto el proceso necesario de una lengua en las sociedades en que hay un fenómeno lingüístico asociado a la territorialidad, a la historia y a la identidad. Se da en sociedades avanzadas y cultas donde la pérdida de los referentes culturales y de sobre todo de la cultura asociada a la identidad no se admite.

La Universidad debería haber liderado el movimiento de unificación de la lengua aragonesa y darle lo único de lo que carecía, de oficialidad. Pero, ¿qué han hecho desde la Universidad en estos 30 años, o los 150 anteriores, lo mismo da? ¿Dónde está ese gran estudio o argumento de la Universidad que justifique no haber hecho nada? ¿Dónde hallamos la justificación a esa completa pasividad, cuando no de bloqueo activo, por parte de la cultura oficial, respecto al movimiento de unificación de la lengua aragonesa? Yo afirmo: en ningún sitio. Nada justifica el desentendimiento de la Universidad con un fenómeno de capital importancia que ocurre a menos de 60 Km. de Zaragoza. Una Universidad que por definición debería ser compendio de todo el saber de Aragón está contrariamente en la labor opuesta.

No hay razones científicas o académicas en contra de la unidad de la “Lengua aragonesa”, ni contra el trabajo de los que luchamos por una norma común. No, porque quien lo hiciera caería en el descrédito como persona de ciencia y es un riesgo que nuestros profesores no se atreverían a correr, ¿o sí?… Emplear argumentos científicos para negar una evidencia, sólo se lo pueden permitir los profanos, pero no quien hace de “el método” su modus vivendi. Negar el trabajo de todo un movimiento por crear un estándar, cuando todos sabemos que es un proceso por el que en algún momento de su historia atraviesan todas las lenguas (y del cual “la cultura oficial” se han automarginado), no se puede hacer desde posiciones académicas. Por eso sale nuestra profesora apelando cínicamente al “buen sentido”, todo para negar pan y lecho al este movimiento y excluir a la “lengua aragonesa” de la Ley de Lenguas.

Hay un error conceptual en el argumento, entre otros muchos. Para esta profesora referirse a “lengua aragonesa” es referirse al cheso, al ansotano, al chistavino”, es decir, “las verdaderas lenguas”, “o variedades”, “o modalidades”, “transmitidas de generación en generación”, etc., etc. considerada así en contra de lo que (siempre según su argumento) se entiende por algunos también como “lengua aragonesa” que ella denomina “neoaragonés”, “el aragonés normalizado”, “que no es una lengua propia” y que ella no comparte como hemos dicho. Sin embargo, desde el momento en que una serie dialectos los agrupamos bajo un nombre común, y ella lo hace, estamos creando un concepto es decir una forma de entender el conjunto y surge la necesidad de una norma común, por tanto, lo que ella pretende separar está objetivamente unido: a nadie se le ocurriría decir que la lengua castellana es sólo un conjunto de dialectos que se hablan en Andalucía, Aragón, Extremadura, Argentina o México, sin incluir  la norma culta estándar porque está continuamente reinventada por la RAE. La lengua castellana incluiría todo, los dialectos del castellano y la norma culta de las academias (que no es la que se trasmite “de generación en generación”, sino que se enseña en las escuelas). Nadie se atrevería a decir lo contrario. El argumento de al profesora no resiste pues la mínima comparación: “Lengua aragonesa” incluiría pues no sólo los dialectos aragoneses, si no también el estándar común por pura coherencia.

La profesora se mete en el intrincando mundo de la consideración político-jurídica de una lengua para construir su tesis y sorprende este camino que ha seguido, porque, como hemos dicho, fiarse de lo que dice una ley de una lengua  es una reducción al absurdo. Como muestra vale un botón: el art. 3.1. de la vigente Constitución dice: “El castellano es la lengua española oficial del Estado”. En técnica jurídica pues, la lengua oficial del Estado no puede ser el español, no solo porque la CE. denomina castellano a la lengua oficial del Estado, sino porque el resto de las lenguas también son consideradas “españolas”, siempre desde la perspectiva del texto constitucional, naturalmente. Por otra parte, vemos que le gusta suscribir como profesora titular de Lengua Española, dejándonos perplejos por declararse profesora de una lengua inexistente, por lo menos jurídicamente y en el Estado español ¿Posiblemente sea alguna modalidad o variante del castellano recientemente descubierta, que la profesora ha patrimonializado? Los argentinos y los mexicanos no le dan nombre en sus constituciones a la lengua que hablan (nombre de la lengua Ø). Me parece muy bien que quieran cortar con las reminiscencias españolas o pan-castellanas u otras denominaciones que les recuerden el imperialismo hispánico. En el Perú y Ecuador para fastidiar tampoco hablan la variante o la modalidad llamada español sino el castellano, pero son más generosos y el quechua, el aimará, el kitcwa y el shuar son cooficiales además de ser nombradas expresamente, lo cual es todo un reconocimiento directo a la cultura y la identidad indígena, algo que no pasa en el Estado español. Lo mismo pasa en Paraguay, castellano y guaraní. Rebuscando en las constituciones políticas de las Repúblicas de la América latina sólo Cuba, Panamá, Nicaragua y Guatemala denominan español a su lengua oficial. ¡Resulta curioso pues que Marisa imparta en Zaragoza clases de un idioma criollo que sólo se habla en América!. Bueno, ¡esto es una broma! Un divertimiento, que demuestra cuan fútiles y erróneas son las conclusiones que se sacan empleando los extravagantes argumentos de la profesora.

En resumidas cuentas: ¿Por qué nos intenta embaucar con este artículo? ¿Cuál es el trasfondo ideológico? Pues el trasfondo ideológico es quebrar la unidad cultural de los dialectos del aragonés (al considerar que no debería haber un estándar común que los relacione), con ello negar la propia y común identidad lingüística del Pirineo aragonés y, a su vez, romper con una identidad de carácter más amplio, la del Pirineo con el resto de los aragoneses (que lejos de ser ajenos a la lengua aragonesa, la tenemos muy presente en nuestra habla preñada de aragonesismos). Pero esto tiene más calado: se trata de atajar la incipiente identidad idiomática de los aragoneses, “de todos los aragoneses”, que nos separe de la consideración de país castellano. La simple denominación de “aragonés” de un idioma distinto, debilita la total, absoluta e inquebrantable identificación del castellano con los aragoneses; hace necesario un replanteamiento ideológico y consecuentemente lo que parecía un hecho incontrovertible, queda sometido cuando menos a debate: el castellano ya no es considerado autóctono sino históricamente introducido y superpuesto al substrato lingüístico de los aragoneses. Las sugerencias del artículo van pues en función de perpetuar la identificación de Aragón y los aragoneses con una sola lengua, el castellano y en contra del redescubrimiento de los aragoneses de su lengua identitaria. Como cuatro o seis hablas fraccionadas, o como ella dice “discontinuas”, la cosa queda en lo folklórico y como curiosidad étnica, “sin peligro” para la integridad del españolismo en Aragón, pero como lengua normalizada la cosa cambia se crea una identidad colectiva a reivindicar y desarrollar: El problema es pues para Marisa Arnal Purroy el peligro que representa la identificación del “aragonés” como lengua de identidad, como la Lengua nacional de Aragón.

Esperemos que el artículo de Marisa Arnal Purroy sólo represente una postura personal, que sea un evento de carácter excepcional, que no sea el pensamiento oficial (siquiera oficioso) de la UdZ respecto a la Lengua aragonesa. Desearíamos que los departamentos de humanidades de esta vieja Universidad fueran un factor de investigación, de desarrollo y de profundización en el conocimiento y el saber de Aragón incluida el apoyo a la Lengua aragonesa y su normalización. No se pueden construir bastiones ideológicos desde posturas académicas para negar y excluir un fenómeno social y, encima, pedirlo a los que deben de aplicar las leyes para que cometan una ilegalidad. Eso debería desacreditar públicamente a quien lo pide. No es función de los gobernantes dar crédito a los que piden excluir (que se repasen la CE, si es preciso), sino integrar y dar carta de naturaleza a la Lengua aragonesa. Lo que propone Marisa Arnal al Gobierno y a las Cortes de Aragón no tiene nada de “buen sentido”, más bien resulta ignominioso a todos los que individual o colectivamente luchamos por el reconocimiento de la “Lengua aragonesa”.

Arnau de Borau

Aragón, febrero 2010

Respecto a la Ley de Lenguas de Aragón que recientemente ha entrado en vigor (Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón, en su nomenclatura legal), no tenemos más remedio que manifestar nuestra indignación por considerar que en esta Ley se produce un desfalco a los derechos lingüísticos del Pueblo aragonés. Hay que advertir, por si alguien no se ha enterado todavía, que la ley no concede la categoría de oficiales, junto al castellano, a la Lengua aragonesa y a la Lengua catalana de Aragón.

Sí, señores, hay que decirlo: La Ley de Lenguas de Aragón puede que tenga algunas virtudes según quien lo mire, pero representa un auténtico expolio a la cultura aragonesa y a su normalización en su propio país, Aragón. Es un fraude en el fondo y en la forma. No sólo porque aminora el alcance de las previsiones de una norma anterior, rompiendo un consenso político previo (parece ser que algunos de nuestros legisladores no respetan los pactos políticos anteriores, ni las expectativas que ello puede despertar en los derechos de los ciudadanos aragoneses), sino también porque puede estar vulnerando algún precepto de la Constitución Española (CE.) de 1978 por la cual nos regimos de momento, queramos o no, en Aragón. Es decir, que algunos de los legisladores autóctonos, no están dispuestos ni a concedernos lo que concede en su Constitución el Estado español (como dependencia suya que somos) y a que el aragonés y el catalán de Aragón sean cooficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Antecedentes históricos y legales:

La Disposición Final 2ª de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés disponía que “Una ley de lenguas de Aragón proporcionará el marco jurídico específico para regular la cooficialidad del aragonés y del catalán”. Hay que remarcar que lo de “cooficialidad” no admite equívoco. Esa promesa de una Ley de Lenguas (con la cooficialidad incluida) se ha considerado una concesión del PP a la CHA, cuando quería hacerle “la pinza” al PSOE en Aragón. Pero, independientemente de los motivos para su redacción; como norma jurídica, suponía establecer un mandato legal que comprometía a la cooficialidad de las tres lenguas y que, como tal mandato, creaba unas expectativas a los aragoneses; una especie de derecho adquirido que sólo quedaba pendiente de articular para poder ser ejercitado (la mayoría de derechos y su ejercicio siguen esta pauta legal)

Pero los actores cambian pronto. Ese mismo año de 1999 gana el PSOE que con el apoyo del PAR se hace con el Gobierno de Aragón. El nuevo Consejero de Cultura y Turismo Javier Callizo Soneiro, del PAR y de la Val d’Hecho para más información, presenta con fecha 13 de Diciembre del 2000 una consulta a la Comisión Jurídica Asesora (CJA), que emitirá el Dictamen 3/2001, de 30 de enero de 2001. (Se puede consultar en el siguiente enlace  http://portal.aragon.es/portal/page/portal/CJA/DICTAMENES/DICTAMENES01/CONSULTAS/003.PDF). Hay que decir que la resolución del CJA no es vinculante de ninguna manera. En el escrito el Consejero plantea dos preguntas:

a) Si es constitucionalmente posible, de acuerdo con los artículos 3 de la Constitución Española y 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón, establecer y regular la cooficialidad de una lengua, distinta del castellano, mediante una Ley ordinaria de las Cortes de Aragón.

b) Efectos legales de lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.

Decir de antemano que es un dictamen instrumental; un documento preparado para justificar la iniquidad que posteriormente se perpetrará contra la Disposición Final 2ª de la Ley 3/1999, la de la cooficialidad, que tan incómoda resultaba a la mentalidad colonial de algunos señores.

El fundamento del dictamen es una libre interpretación del artículo 3. 2 de la Constitución de 1978 que dice literalmente: “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Ello es traducido sui generis por el ponente de la CJA como: “Que las otras lenguas españolas (sin que precise el texto constitucional cuáles sean éstas) podrán ser también oficiales, pero para ello es necesario un pronunciamiento específico en el propio Estatuto de Autonomía. Parece evidente que en el caso del Estatuto de Autonomía de Aragón no existe tal decisión en el art. 7” [C.J. II. b. del Dictamen 3/2001 de 30 de enero de 2001].

¡Hombre, no!… Ellos han hecho todo lo posible para que no exista tal pronunciamiento específico en las sucesivas reformas del EAA., sabemos la poca estima que les tienen a las lenguas de Aragón, pero hemos podido leer precepto constitucional y hemos visto que tampoco prevé un un pronunciamiento específico de oficialidad en los Estatutos. Más bien el sentido iría en lo que se recoge en la Sentencia del Tribunal Constitucional 82/1986, “La cooficialidad en el uso de las lenguas no deriva de esta Ley [Se refiere a una ley vasca objeto de la sentencia del TC.], sino directamente del art. 3.2 de la CE. y determina obligaciones para todos los poderes públicos en la Comunidad Autónoma con dos lenguas oficiales, no sólo para los poderes públicos de la Comunidad Autónoma”.(…) “La competencia del País Vasco para regular la cooficialidad deriva directamente del art. 3.2 de la CE. En consecuencia, el alcance de la cooficialidad es, por imperativo constitucional, materia propia de las Comunidades Autónomas, que sólo encuentran en su determinación los límites materiales que establece la Constitución”. La competencia para Aragón deriva del mismo precepto, lo que pasa es que no la quieren ejercer porque son colonialistas y porque no les ha dado, ni les da, ni les dará la gana. Mucho tendrán que cambiar las cosas.

La interpretación más “generosa” del artículo 3.2 de la Constitución de 1978 quedaría en que “serán también oficiales”, sólo puede significar que se establece un mandato constitucional a las Comunidades Autónomas (y la obligación por supuesto), con “lenguas españolas”, de reconocerlas como oficiales, sin que la coletilla “de acuerdo a sus Estatutos” suponga que tienen potestad para declararlas finalmente oficiales o no, sino simplemente la de regular el ejercicio de la cooficialidad de sus lenguas (esto es lo que preveía la disposición final 2 para la Ley de Lenguas), sin que puedan negarla. Una interpretación más restrictiva si que sería inconstitucional, por lo que el Dictamen del CJA es incorrecto.

La del art. 3.2 de la CE. una concesión amplia de la Constitución de 1978. Esto se hizo en el momento de la Transición cuando la cuestión lingüística aún se consideraba en unos términos de valor supremo de la cultura inmaterial de toda la ciudadanía, despolitizada y suprapartidista, y no se pensaba todavía en que fuese empleada como un elemento recurrente para encrespar la agresividad y el enfrentamiento en cualquier debate político y para atacar permanentemente a cualquier nacionalismo cultural, tal y como se viene haciendo actualmente. Conviene no olvidarlo.

En resumidas cuentas que a la pregunta a) del Consejero de Cultura Javier Callizo Soneiro, el dictamen de la CJA no aporta ningún precepto ni legal ni jurisprudencial que impida expresamente establecer y regular la cooficialidad de una lengua, distinta del castellano, mediante una Ley ordinaria de las Cortes de Aragón, sólo se apoya en la interpretación libre e del ponente de algunas sentencias del Tribunal Constitucional que no entran a tratar ni directa ni por analogía la cuestión planteada al CJA. El ejemplo que se da del bable no sirve, pues parte de un recurso de Amparo interpuesto por un ciudadano que presenta ante la Administración asturiana un escrito en lengua asturiana, pero es que resulta la cooficialidad del bable no está recogida ni en el Estatuto de Asturias ni en ninguna otra Ley asturiana, la del aragonés sí, en una ley aragonesa, por lo menos hasta hace poco.

Respecto a la pregunta b) del Consejero, sobre los efectos legales de lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, el dictamen de la CJA se la despacha a legando que “según lo dicho sería inconstitucional, pero que no lo es porque no ha sido declarada así por el TC., pero que toda la legislación derivada de él lo sería, sin lugar a dudas”. En fin respuesta de pero grullo: aquí todos se creen sabedores de antemano del sentido de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Pasan diez años (tanta dilación forma parte también de la vergüenza que provoca todo este proceso) seguimos con un PSOE en el gobierno, un PP en la oposición, opuesto a cualquier regulación  de la cuestión lingüística (en este caso), y un PAR, en su línea, dispuesto a ejercer cualquier método de filibusterismo parlamentario, para bloquear la Ley de Lenguas, si no se aceptan sus planteamientos del rechazo frontal a la cooficialidad del aragonés y del catalán… Y con todos esos antecedentes pasa lo que ha de pasar:

En la única Disposición Derogatoria de la Ley de Lenguas, finalmente aprobada, pone, “Queda derogada la Diposición final segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en la presente Ley”. Se deroga pues, en el fondo y en la forma, la cooficialidad del aragonés y del catalán de Aragón, en principio ya ganada para la ciudadanía aragonesa, y que esta Ley debía de desarrollar, no derogar… Esto supone subvertir el espíritu un mandato legal que se comprometía a la cooficialidad de las tres lenguas y le da un giro impropio al objetivo de la Ley de Lenguas, que sirve realmente para eliminar del Ordenamiento Jurídico aragonés la referencia a la cooficialidad. Hay que decirlo: “La cooficialidad del aragonés y del catalán de Aragón ya existía en el Ordenamiento Jurídico aragonés”, pero en un acto de trilerismo parlamentario, en una disposición derogatoria, nuestros legisladores la han hecho desaparecer. Esto es un abuso de la potestad legislativa de sus señorías. ¡Qué falta de respeto a la palabra dada al Pueblo aragonés! ¡No pueden legislar a la venezolana! ¡La potestad legislativa, por muy exclusiva que sea, no se puede ejercer sin honestidad! Se puede, pero no se debe, si no quieren entrar en terreno de la desfachatez:

Y es que para más burla, en el Preámbulo de la Ley de Lenguas se invoca la disposición final segunda de la Ley 3/1999, como un precepto que inspira la Ley que se promulga y luego se deroga ese mismo precepto… ¿Es eso decente? Ni ética ni estéticamente admisible, por supuesto. ¡Qué desvergüenza! Pero está ahí escrito, en la Ley, patente y claro, como constancia el fraude y de la trampa que se ha hecho.

Conclusiones:

En definitiva, nuestros políticos y legisladores nos han demostrado que están en perpetuo conflicto con la identidad y la cultura de los aragoneses. Tienen un evidente odio (de origen y genealogía compleja) por lo aragonés, que al fin y al cabo es un “auto-odio”, en muchos casos, que demuestran sobradamente con la cicatería que administran los alcances políticos y legislativos en su propia tierra. Un síntoma de esquizofrenia política muy grave. Preferirían que el pueblo que administran no tuviera tales manifestaciones (es lo que se destila de la “propuesta de no propuesta de una Ley de Lenguas del PP”), pero como las tiene, piensan que ignorándolas y apartándolas del uso oficial irán muriendo poco a poco. Como dirigentes, si quisieran entender y amar el ser y el espíritu de este Pueblo no deberían entorpecer, sino admitir, con naturalidad, el hecho de que hay aragoneses que además del castellano hablan el aragonés y el catalán y que eso debe tener una traslación no sólo a la vida pública, sino también a la oficial, y con las máximas garantías de uso social y en plenitud de alcance en todas las Administraciones aragonesas. Porque es un derecho de la Ciudadanía, o aunque lo fuera sólo de una parte de ella, porque es una de las concesiones más importantes a las identidades nacionales, que hace la constitución política del Estado español, que es la que se aplica aquí en todo caso y supuestamente debería ser también para lo bueno.

El conflicto nace de un planteamiento base de estos políticos: La creencia de que deben mantenerse como punta de lanza del españolismo en su versión más asimilacionista en el Nordeste de la Península, Bastión de los más españolistas entre los españolistas, el portaviones españolista anclado en el área de la vieja, mal agregada y siempre levantisca Corona de Aragón, donde el recuerdo de la pasada independencia pesa y pesará por siempre en sus pueblos, donde persiste u está presente la cultura autóctona, donde hay ciudadanos que resisten a la colonización de la cultura castellana.

Tanto desde la derecha y como de la izquierda regional, tanto cuneros como autóctonos, en cada caso, se creen en la obligación de mantener el tópico de un Aragón españolista, como el discurso políticamente correcto. A falta de un discurso propio, y de las ganas de elaborarlo, adoptan el del centro (el españolista) para marcar contraste con el más próximo, el vasco-navarro por un lado y el catalán-valenciano por el otro, con los que ha habido y habrá siempre pendientes cuestiones de cercanía y agravios comparativos, consustanciales por ocupar el mismo ámbito geopolítico. La solución no es para ellos elaborar argumentos políticos de base identitaria, porque para ello hay que armarse ideológica y políticamente y aguantar la arremetida españolista (esto es impensable), porque supone una solución considerablemente más costosa y compleja de la habitual, que conllevaría superar además ese complejo de inferioridad tan arraigado en nuestra clase política (esto es imposible). La solución es para ellos de “no contrariar”, no parecerse en el método ni en la forma a los nacionalismos que nos rodean y de hacer seguidismo cuando no sublimar el discurso “políticamente correcto del centro”. Por eso hablamos de colonial y colonialismo cuando nos referimos a la estructura y a la clase política de Aragón.

No busquemos por lo tanto en estos políticos un concepto de lo aragonés como valor supremo de la política aragonesa, si así fuera, con todas las potestades que les concede la Constitución española, el Estatuto de autonomía, su propia potestad de legislar y su acción de gobierno podrían llegar a lo máximo en el fomento, protección y recuperación de las lenguas de Aragón. No es una cuestión de presupuesto, ni técnicamente imposible, ni inconstitucional (El TC. no se ha pronunciado nunca en un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley ordinaria que regule la cooficialidad de lenguas), ni siquiera de capacidad legislativa, ¡que la tienen!, como lo han demostrado para derogar otros preceptos. Es una cuestión mental y de ejercicio de la voluntad política; de ganas de comprender lo que es Aragón, de aceptarlo y a partir de ahí de considerarse también valedores (de amparar, de proteger, de patrocinar) de lo aragonés, actuando en consecuencia y hasta la última consecuencia. Es una sencilla cuestión de amor hacia la tierra y de respeto a la gente que administran, independientemente de la militancia política y para lo que no hay que ser ni siquiera aragonesista. Pero no vayamos a creer en entelequias.

Para acabar:

Rechazamos esos modos ramplones de proceder, sobre la base de corruptelas legales (escudarse en una exacerbada legalismo como la del dictamen aducido es cobardía interesada para no mojarse y luchar por los derechos lingüísticos de los aragoneses), de componendas, sacando provecho de la apatía de la gente, del bajo nivel de estima por lo propio y de la división de los agentes sociales aragoneses. Nuestro respeto a los que, a título particular o desde las asociaciones de defensa del aragonés interpretan esta Ley, a pesar de todo, como buena, pero no nos conformamos. No pueden salirse con la suya. La próxima batalla hay que plantearla por la oficialidad del Aragonés, pero ya en la consideración de Lengua Nacional aragonesa con derecho a ser oficial.

Desde estas páginas declaramos la voluntad y nuestra disponibilidad a constituir con todos los agentes sociales implicados y comprometidos con el aragonés un movimiento por la oficialidad de la Lengua Aragonesa e invitamos a los defensores de la Lengua Catalana de Aragón que hagan lo propio para trabajar juntos por la oficialidad del aragonés y el catalán de Aragón.

Arnau de Borau

Aragón, febrero de 2010.

Las respuestas que se vienen dando, de manera esporádica, desde el resto del independentismo se han centrado hasta ahora en la repulsa a los crímenes de Estado cometidos en la URSS durante los años de Stalin. Lo habitual: considerar el fenómeno denominado “estalinismo” en clave de mezquina lucha de poder o incluso en términos de psicología personal. Es una explicación simplista, de raíz liberal, que ignora los términos del debate que se suscitó al respecto  en el seno de la izquierda internacional en su día. Este debate hace años que se resolvió desde otro enfoque: el estalinismo debe entenderse como crisis social en el seno de la URSS y tiene también base en el anquilosamiento del pensamiento marxista como doctrina política simpificada y trivializada para el consumo masivo popular, destinada no a la investigación social, sino a justificar el poder soviético.

Josep Fontana, gran historiador marxista catalán, expuso ya el  análisis de todo esto y correspondiente conclusión en su libro “História. Análisis del pasado y proyecto social” (Editorial Crítica, Barcelona, 1982) en el que estudia la relación entre la metodología del estudio histórico y el proyecto político del historiador. Defiende Fontana en este libro que los historiadores que trabajan al servicio de un cambio social tienden a estudiar los mecanismos de cambio de las sociedades y en ese sentido el materialismo histórico (vulgarmente conocido como marxismo) se ha demostrado como una línea teórica fundamental para la izquierda. Sin embargo, cuando el objetivo político consiste en legitimar un régimen social, el historiador se convierte en una especie de sociólogo preocupado por estudiar cómo funciona la sociedad, considerando los conflictos y cambios como “cosa del pasado”; distinguiendo así el presente (la economía política) por un lado de la historia que se centraría en el pasado y por otro el proyecto político para un futuro indeterminado. Por el contrario, un historiador comprometido con el cambio social tiene una visión de conjunto del estudio histórico, la crítica de la economía política actual y el proyecto social de futuro: todo es una misma cosa y las “separaciones”, de haberlas, sólo tienen carácter funcional.

En el citado libro, Fontana dedica unas páginas a estudiar el estalinismo como crisis social concreta en la que los dirigentes soviéticos toman como doctrina una versión simplificada del marxismo con el objeto de sostenerse en el poder.

Toma Fontana de Michal Reiman la explicación del surgimiento del estalinismo en “el fracaso en lograr el crecimiento industrial ambicionado y que se suponía una condición para la victoria del socialismo. La propia revolución, al satisfacer una serie de aspiraciones populares, había roto los mecanismos de acumulación de capital existentes con anterioridad, y las destrucciones de la guerra mundial (la primera) y la guerra civil habían agravado considerablemente la situación. A fines de 1927 resultaba evidente que no se podía satisfacer las demandas de productos industriales de la población rusa, lo que invalidaba las posibilidades de alcanzar el desarrollo industrial por la vía de la Nueva Política Económica (NEP). Y se escogió el salto hacia adelante: la movilización general de los recursos, aún a costa de sacrificar muchas de las conquistas populares obtenidas de la revolución. La función del terror no era tanto la de liquidar la oposición política como la de facilitar este cambio de rumbo; era, en palabras de Reiman, “un medio de trasformación violenta de las condiciones de vida y trabajo de millones de personas”, que reforzaría las peores formas de opresión social. En este contexto se puede entender el uso que había de hacerse de la versión codificada del marterialismo histórico – esa extraña cosa llamada “marxismo-leninismo”- como forma de legitimación, y el grado de distorsión que introduciría su subordinación a las necesidades políticas coyunturales: a las directrices del partido”. (pág. 220)

Tras esta explicación, Fontana dedica unas páginas a ilustrar y explicar cómo la investigación histórica en la URSS se subordinaba a las luchas internas del partido, triunfando una interpretación u otra de las crisis capitalistas en función de la línea dominante en el Politburó. Esta línea política ya no puede reclamarse marxista, pues como ya nos había adelantado Fontana un par de páginas antes “lo que en Marx ha sido concebido como un método abierto, indisolublemente ligado a un proyecto político a largo plazo, se nos presenta aquí (habla en concreto de la obra Plejanov) cerrado y simplificado, trasformado en doctrina, pero en doctrina tan elemental, que resulta difícil ver qué clase de investigación concreta hubiera podido sustentarse en ella.” (pag. 218)

El marxismo-leninismo (hay que distinguir esta construcción soviética de la obra concreta de Lenin, de mucho interés en sí misma) nació como doctrina tras la muerte de Lenin para justificar las políticas del PCUS en la URSS. Así pues, siguiendo la línea marxista de Fontana, no es más que una doctrina conservadora del Régimen soviético, sin más recorrido como fuente de análisis de la realidad histórico-social. Pero ya no existen ni  la URSS ni el PCUS, por lo que definirse hoy en Aragón como marxista-leninista no tiene sentido: no ayuda a comprender la situación actual de Aragón, sus conflictos y sus perspectivas de cambio social.

Sin embargo, está bien que desde el independentismo aragonés se estudien las políticas de la URSS, sin complacencia pero sin caer tampoco en el simplismo infantil de reducirlo todo a una especie de conspiración paranoíca. No hay que olvidar que los logros que se puedan aceptar de la URSS se consiguieron con una política, la denominada “comunismo en un solo país”, que a corto plazo significó la opresión de las masas y a largo plazo la derrota de todo el movimiento comunista. Hoy, la política industrialista de la URSS (paralela al desarrollismo capitalista) es totalmente contradictoria con las propuestas surgidas del ecosocialismo definidias genéricamente como decrecimento sostenible.

Hablando en plata, el reconocimiento de que la URSS asumió siempre el derecho a la autodeterminación de los países que la componían (y por eso hoy pueden ser independientes) y que la industrialización soviética, por brutal que fuese, sacó a esa sociedad del feudalismo y la libró de la condena a ser otra colonia del Capital, debe ser valorado, y todo ello puede ser positivo si acerca a la gente del PCPA a posiciones soberanistas, pero mientras se quiera utilizar la etiqueta del marxismo-leninismo para justificar la indolencia electoral de una parte de los independentistas aragoneses, todo quedará en un mero “pleito á o sol”