Archivo Febrero, 2010

Genealogía del “Marisismo” o la negación de la Lengua Aragonesa

¿Pero qué estaremos fendo ta fer-lis tanto a tana?

(¿Pero qué estaremos haciendo para molestarles tanto?)

 

No es nuevo. La práctica de la negación tiene un objetivo: la exclusión basada en algún prejuicio cultural, político o colectivo con el objetivo de erradicar algún elemento existente en la cultura, en la política o del género humano, en este caso “la Lengua aragonesa”. Pero lo más sorprendente es que la negación provenga de la Universidad, donde por formación se espera encontrar en sus docentes una impronta y una mente abierta para incorporar al saber toda nueva realización humana y no el dogmatismo académico de hace dos siglos. Un destacado miembro del Departamento de Filología española pide la exclusión del aragonés normativo como objeto protegido por la ley de Lenguas porque “no es una lengua propia”. Esta afirmación es indignante por excluyente y constituye la síntesis del desprecio de un sector de la Universidad al trabajo de elaboración de una norma común para el aragonés, por iniciativa de varias asociaciones de carácter privado. Sorprende el bajo nivel de racionabilidad en el argumento de la autora y, no existiendo un fundamento académico para tal opinión, debemos pensar que sacrifica el conocimiento y la razón a convicciones personales de tipo político y una trasnochada ideología pan-castellanista.

 

Nos referimos al artículo de Marisa Arnal Purroy, profesora titular de Lengua española de la Universidad de Zaragoza, publicado el 21 de enero de 2010 en el Heraldo de Aragón (http://www.unizar.es/prensa/noticias/1001/100122_z0_23.pdf) titulado “Nuestras lenguas”,  p.23. La profesora titular de lengua española se ha salido de su especialidad académica, se ha metido en los terrenos del debate político-legal (que nunca es neutro en cuestiones lingüísticas) y el resultado es el bodrio que ha publicado que ni es ni lingüístico, ni legal, ni jurídico ni nada. Sólo es la manera de expresar un prejuicio: quiere negar la “lengua aragonesa” pero como no ha encontrado argumentos lingüísticos ha intentado una reducción al absurdo de la cuestión.

 

Desde que Antonio de Nebrija tuviera la osadía (pues lo era allá por el Siglo XV) de escribir la gramática de una “lengua vulgar”, como se llamaba en su época al castellano, (algún eminente de entonces le diría “pero que haces, chalado”), los procesos de recopilación, unificación y normalización de las lenguas han sido constantes. Ignorar esto en una Universidad del siglo XXI es muy grave. La creación de estándares normativos ha sido una constante en nuestro entorno inmediato (de hecho el castellano que estudiamos lo es) y por el que han pasado también el vasco y el catalán. También es un fenómeno generalizado en Europa y el mundo entero en la medida que las comunidades de hablantes toman conciencia de sus lenguas, más aún con el acceso de nuevas naciones a la independencia o cuando menos a algún sistema de descentralización o de reconocimiento social. Es por tanto el proceso necesario de una lengua en las sociedades en que hay un fenómeno lingüístico asociado a la territorialidad, a la historia y a la identidad. Se da en sociedades avanzadas y cultas donde la pérdida de los referentes culturales y de sobre todo de la cultura asociada a la identidad no se admite.

 

La Universidad debería haber liderado el movimiento de unificación de la lengua aragonesa y darle lo único de lo que carecía, de oficialidad. Pero, ¿qué han hecho desde la Universidad en estos 30 años, o los 150 anteriores, lo mismo da? ¿Dónde está ese gran estudio o argumento de la Universidad que justifique no haber hecho nada? ¿Dónde hallamos la justificación a esa completa pasividad, cuando no de bloqueo activo, por parte de la cultura oficial, respecto al movimiento de unificación de la lengua aragonesa? Yo afirmo: en ningún sitio. Nada justifica el desentendimiento de la Universidad con un fenómeno de capital importancia que ocurre a menos de 60 Km. de Zaragoza. Una Universidad que por definición debería ser compendio de todo el saber de Aragón está contrariamente en la labor opuesta.

 

No hay razones científicas o académicas en contra de la unidad de la “Lengua aragonesa”, ni contra el trabajo de los que luchamos por una norma común. No, porque quien lo hiciera caería en el descrédito como persona de ciencia y es un riesgo que nuestros profesores no se atreverían a correr, ¿o sí?… Emplear argumentos científicos para negar una evidencia, sólo se lo pueden permitir los profanos, pero no quien hace de “el método” su modus vivendi. Negar el trabajo de todo un movimiento por crear un estándar, cuando todos sabemos que es un proceso por el que en algún momento de su historia atraviesan todas las lenguas (y del cual “la cultura oficial” se han automarginado), no se puede hacer desde posiciones académicas. Por eso sale nuestra profesora apelando cínicamente al “buen sentido”, todo para negar pan y lecho al este movimiento y excluir a la “lengua aragonesa” de la Ley de Lenguas.

 

Hay un error conceptual en el argumento, entre otros muchos. Para esta profesora referirse a “lengua aragonesa” es referirse al cheso, al ansotano, al chistavino”, es decir, “las verdaderas lenguas”, “o variedades”, “o modalidades”, “transmitidas de generación en generación”, etc., etc. considerada así en contra de lo que (siempre según su argumento) se entiende por algunos también como “lengua aragonesa” que ella denomina “neoaragonés”, “el aragonés normalizado”, “que no es una lengua propia” y que ella no comparte como hemos dicho. Sin embargo, desde el momento en que una serie dialectos los agrupamos bajo un nombre común, y ella lo hace, estamos creando un concepto es decir una forma de entender el conjunto y surge la necesidad de una norma común, por tanto, lo que ella pretende separar está objetivamente unido: a nadie se le ocurriría decir que la lengua castellana es sólo un conjunto de dialectos que se hablan en Andalucía, Aragón, Extremadura, Argentina o México, sin incluir  la norma culta estándar porque está continuamente reinventada por la RAE. La lengua castellana incluiría todo, los dialectos del castellano y la norma culta de las academias (que no es la que se trasmite “de generación en generación”, sino que se enseña en las escuelas). Nadie se atrevería a decir lo contrario. El argumento de al profesora no resiste pues la mínima comparación: “Lengua aragonesa” incluiría pues no sólo los dialectos aragoneses, si no también el estándar común por pura coherencia.

 

La profesora se mete en el intrincando mundo de la consideración político-jurídica de una lengua para construir su tesis y sorprende este camino que ha seguido, porque, como hemos dicho, fiarse de lo que dice una ley de una lengua  es una reducción al absurdo. Como muestra vale un botón: el art. 3.1. de la vigente Constitución dice: “El castellano es la lengua española oficial del Estado”. En técnica jurídica pues, la lengua oficial del Estado no puede ser el español, no solo porque la CE. denomina castellano a la lengua oficial del Estado, sino porque el resto de las lenguas también son consideradas “españolas”, siempre desde la perspectiva del texto constitucional, naturalmente. Por otra parte, vemos que le gusta suscribir como profesora titular de Lengua Española, dejándonos perplejos por declararse profesora de una lengua inexistente, por lo menos jurídicamente y en el Estado español ¿Posiblemente sea alguna modalidad o variante del castellano recientemente descubierta, que la profesora ha patrimonializado? Los argentinos y los mexicanos no le dan nombre en sus constituciones a la lengua que hablan (nombre de la lengua Ø). Me parece muy bien que quieran cortar con las reminiscencias españolas o pan-castellanas u otras denominaciones que les recuerden el imperialismo hispánico. En el Perú y Ecuador para fastidiar tampoco hablan la variante o la modalidad llamada español sino el castellano, pero son más generosos y el quechua, el aimará, el kitcwa y el shuar son cooficiales además de ser nombradas expresamente, lo cual es todo un reconocimiento directo a la cultura y la identidad indígena, algo que no pasa en el Estado español. Lo mismo pasa en Paraguay, castellano y guaraní. Rebuscando en las constituciones políticas de las Repúblicas de la América latina sólo Cuba, Panamá, Nicaragua y Guatemala denominan español a su lengua oficial. ¡Resulta curioso pues que Marisa imparta en Zaragoza clases de un idioma criollo que sólo se habla en América!. Bueno, ¡esto es una broma! Un divertimiento, que demuestra cuan fútiles y erróneas son las conclusiones que se sacan empleando los extravagantes argumentos de la profesora.

 

En resumidas cuentas: ¿Por qué nos intenta embaucar con este artículo? ¿Cuál es el trasfondo ideológico? Pues el trasfondo ideológico es quebrar la unidad cultural de los dialectos del aragonés (al considerar que no debería haber un estándar común que los relacione), con ello negar la propia y común identidad lingüística del Pirineo aragonés y, a su vez, romper con una identidad de carácter más amplio, la del Pirineo con el resto de los aragoneses (que lejos de ser ajenos a la lengua aragonesa, la tenemos muy presente en nuestra habla preñada de aragonesismos). Pero esto tiene más calado: se trata de atajar la incipiente identidad idiomática de los aragoneses, “de todos los aragoneses”, que nos separe de la consideración de país castellano. La simple denominación de “aragonés” de un idioma distinto, debilita la total, absoluta e inquebrantable identificación del castellano con los aragoneses; hace necesario un replanteamiento ideológico y consecuentemente lo que parecía un hecho incontrovertible, queda sometido cuando menos a debate: el castellano ya no es considerado autóctono sino históricamente introducido y superpuesto al substrato lingüístico de los aragoneses. Las sugerencias del artículo van pues en función de perpetuar la identificación de Aragón y los aragoneses con una sola lengua, el castellano y en contra del redescubrimiento de los aragoneses de su lengua identitaria. Como cuatro o seis hablas fraccionadas, o como ella dice “discontinuas”, la cosa queda en lo folklórico y como curiosidad étnica, “sin peligro” para la integridad del españolismo en Aragón, pero como lengua normalizada la cosa cambia se crea una identidad colectiva a reivindicar y desarrollar: El problema es pues para Marisa Arnal Purroy el peligro que representa la identificación del “aragonés” como lengua de identidad, como la Lengua nacional de Aragón.

 

Esperemos que el artículo de Marisa Arnal Purroy sólo represente una postura personal, que sea un evento de carácter excepcional, que no sea el pensamiento oficial (siquiera oficioso) de la UdZ respecto a la Lengua aragonesa. Desearíamos que los departamentos de humanidades de esta vieja Universidad fueran un factor de investigación, de desarrollo y de profundización en el conocimiento y el saber de Aragón incluida el apoyo a la Lengua aragonesa y su normalización. No se pueden construir bastiones ideológicos desde posturas académicas para negar y excluir un fenómeno social y, encima, pedirlo a los que deben de aplicar las leyes para que cometan una ilegalidad. Eso debería desacreditar públicamente a quien lo pide. No es función de los gobernantes dar crédito a los que piden excluir (que se repasen la CE, si es preciso), sino integrar y dar carta de naturaleza a la Lengua aragonesa. Lo que propone Marisa Arnal al Gobierno y a las Cortes de Aragón no tiene nada de “buen sentido”, más bien resulta ignominioso a todos los que individual o colectivamente luchamos por el reconocimiento de la “Lengua aragonesa”.

 

Arnau de Borau

Aragón, febrero 2010

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1 Comentario

La Ley de Lenguas no es el punto final a la cuestión de las Lenguas de Aragón

 

 

Respecto a la Ley de Lenguas de Aragón que recientemente ha entrado en vigor (Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón, en su nomenclatura legal), no tenemos más remedio que manifestar nuestra indignación por considerar que en esta Ley se produce un desfalco a los derechos lingüísticos del Pueblo aragonés. Hay que advertir, por si alguien no se ha enterado todavía, que la ley no concede la categoría de oficiales, junto al castellano, a la Lengua aragonesa y a la Lengua catalana de Aragón.

 

Sí, señores, hay que decirlo: La Ley de Lenguas de Aragón puede que tenga algunas virtudes según quien lo mire, pero representa un auténtico expolio a la cultura aragonesa y a su normalización en su propio país, Aragón. Es un fraude en el fondo y en la forma. No sólo porque aminora el alcance de las previsiones de una norma anterior, rompiendo un consenso político previo (parece ser que algunos de nuestros legisladores no respetan los pactos políticos anteriores, ni las expectativas que ello puede despertar en los derechos de los ciudadanos aragoneses), sino también porque puede estar vulnerando algún precepto de la Constitución Española (CE.) de 1978 por la cual nos regimos de momento, queramos o no, en Aragón. Es decir, que algunos de los legisladores autóctonos, no están dispuestos ni a concedernos lo que concede en su Constitución el Estado español (como dependencia suya que somos) y a que el aragonés y el catalán de Aragón sean cooficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón.

 

Antecedentes históricos y legales:

 

La Disposición Final de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés disponía que “Una ley de lenguas de Aragón proporcionará el marco jurídico específico para regular la cooficialidad del aragonés y del catalán. Hay que remarcar que lo de “cooficialidad” no admite equívoco. Esa promesa de una Ley de Lenguas (con la cooficialidad incluida) se ha considerado una concesión del PP a la CHA, cuando quería hacerle “la pinza” al PSOE en Aragón. Pero, independientemente de los motivos para su redacción; como norma jurídica, suponía establecer un mandato legal que comprometía a la cooficialidad de las tres lenguas y que, como tal mandato, creaba unas expectativas a los aragoneses; una especie de derecho adquirido que sólo quedaba pendiente de articular para poder ser ejercitado (la mayoría de derechos y su ejercicio siguen esta pauta legal)

 

Pero los actores cambian pronto. Ese mismo año de 1999 gana el PSOE que con el apoyo del PAR se hace con el Gobierno de Aragón. El nuevo Consejero de Cultura y Turismo Javier Callizo Soneiro, del PAR y de la Val d’Hecho para más información, presenta con fecha 13 de Diciembre del 2000 una consulta a la Comisión Jurídica Asesora (CJA), que emitirá el Dictamen 3/2001, de 30 de enero de 2001. (Se puede consultar en el siguiente enlace  http://portal.aragon.es/portal/page/portal/CJA/DICTAMENES/DICTAMENES01/CONSULTAS/003.PDF). Hay que decir que la resolución del CJA no es vinculante de ninguna manera. En el escrito el Consejero plantea dos preguntas:

a) Si es constitucionalmente posible, de acuerdo con los artículos 3 de la Constitución Española y 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón, establecer y regular la cooficialidad de una lengua, distinta del castellano, mediante una Ley ordinaria de las Cortes de Aragón.

b) Efectos legales de lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.

Decir de antemano que es un dictamen instrumental; un documento preparado para justificar la iniquidad que posteriormente se perpetrará contra la Disposición Final de la Ley 3/1999, la de la cooficialidad, que tan incómoda resultaba a la mentalidad colonial de algunos señores.

 

El fundamento del dictamen es una libre interpretación del artículo 3. 2 de la Constitución de 1978 que dice literalmente: “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Ello es traducido sui generis por el ponente de la CJA como: “Que las otras lenguas españolas (sin que precise el texto constitucional cuáles sean éstas) podrán ser también oficiales, pero para ello es necesario un pronunciamiento específico en el propio Estatuto de Autonomía. Parece evidente que en el caso del Estatuto de Autonomía de Aragón no existe tal decisión en el art. 7 [C.J. II. b. del Dictamen 3/2001 de 30 de enero de 2001].

 

¡Hombre, no!… Ellos han hecho todo lo posible para que no exista tal pronunciamiento específico en las sucesivas reformas del EAA., sabemos la poca estima que les tienen a las lenguas de Aragón, pero hemos podido leer precepto constitucional y hemos visto que tampoco prevé un un pronunciamiento específico de oficialidad en los Estatutos. Más bien el sentido iría en lo que se recoge en la Sentencia del Tribunal Constitucional 82/1986, “La cooficialidad en el uso de las lenguas no deriva de esta Ley [Se refiere a una ley vasca objeto de la sentencia del TC.], sino directamente del art. 3.2 de la CE. y determina obligaciones para todos los poderes públicos en la Comunidad Autónoma con dos lenguas oficiales, no sólo para los poderes públicos de la Comunidad Autónoma”.(…) “La competencia del País Vasco para regular la cooficialidad deriva directamente del art. 3.2 de la CE. En consecuencia, el alcance de la cooficialidad es, por imperativo constitucional, materia propia de las Comunidades Autónomas, que sólo encuentran en su determinación los límites materiales que establece la Constitución”. La competencia para Aragón deriva del mismo precepto, lo que pasa es que no la quieren ejercer porque son colonialistas y porque no les ha dado, ni les da, ni les dará la gana. Mucho tendrán que cambiar las cosas.

 

La interpretación más “generosa” del artículo 3.2 de la Constitución de 1978 quedaría en que “serán también oficiales”, sólo puede significar que se establece un mandato constitucional a las Comunidades Autónomas (y la obligación por supuesto), con “lenguas españolas”, de reconocerlas como oficiales, sin que la coletilla “de acuerdo a sus Estatutos” suponga que tienen potestad para declararlas finalmente oficiales o no, sino simplemente la de regular el ejercicio de la cooficialidad de sus lenguas (esto es lo que preveía la disposición final 2 para la Ley de Lenguas), sin que puedan negarla. Una interpretación más restrictiva si que sería inconstitucional, por lo que el Dictamen del CJA es incorrecto.

 

La del art. 3.2 de la CE. una concesión amplia de la Constitución de 1978. Esto se hizo en el momento de la Transición cuando la cuestión lingüística aún se consideraba en unos términos de valor supremo de la cultura inmaterial de toda la ciudadanía, despolitizada y suprapartidista, y no se pensaba todavía en que fuese empleada como un elemento recurrente para encrespar la agresividad y el enfrentamiento en cualquier debate político y para atacar permanentemente a cualquier nacionalismo cultural, tal y como se viene haciendo actualmente. Conviene no olvidarlo.

 

En resumidas cuentas que a la pregunta a) del Consejero de Cultura Javier Callizo Soneiro, el dictamen de la CJA no aporta ningún precepto ni legal ni jurisprudencial que impida expresamente establecer y regular la cooficialidad de una lengua, distinta del castellano, mediante una Ley ordinaria de las Cortes de Aragón, sólo se apoya en la interpretación libre e del ponente de algunas sentencias del Tribunal Constitucional que no entran a tratar ni directa ni por analogía la cuestión planteada al CJA. El ejemplo que se da del bable no sirve, pues parte de un recurso de Amparo interpuesto por un ciudadano que presenta ante la Administración asturiana un escrito en lengua asturiana, pero es que resulta la cooficialidad del bable no está recogida ni en el Estatuto de Asturias ni en ninguna otra Ley asturiana, la del aragonés sí, en una ley aragonesa, por lo menos hasta hace poco.

 

Respecto a la pregunta b) del Consejero, sobre los efectos legales de lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, el dictamen de la CJA se la despacha a legando que “según lo dicho sería inconstitucional, pero que no lo es porque no ha sido declarada así por el TC., pero que toda la legislación derivada de él lo sería, sin lugar a dudas”. En fin respuesta de pero grullo: aquí todos se creen sabedores de antemano del sentido de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

 

Pasan diez años (tanta dilación forma parte también de la vergüenza que provoca todo este proceso) seguimos con un PSOE en el gobierno, un PP en la oposición, opuesto a cualquier regulación  de la cuestión lingüística (en este caso), y un PAR, en su línea, dispuesto a ejercer cualquier método de filibusterismo parlamentario, para bloquear la Ley de Lenguas, si no se aceptan sus planteamientos del rechazo frontal a la cooficialidad del aragonés y del catalán… Y con todos esos antecedentes pasa lo que ha de pasar:

 

En la única Disposición Derogatoria de la Ley de Lenguas, finalmente aprobada, pone, “Queda derogada la Diposición final segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en la presente Ley”. Se deroga pues, en el fondo y en la forma, la cooficialidad del aragonés y del catalán de Aragón, en principio ya ganada para la ciudadanía aragonesa, y que esta Ley debía de desarrollar, no derogar… Esto supone subvertir el espíritu un mandato legal que se comprometía a la cooficialidad de las tres lenguas y le da un giro impropio al objetivo de la Ley de Lenguas, que sirve realmente para eliminar del Ordenamiento Jurídico aragonés la referencia a la cooficialidad. Hay que decirlo: “La cooficialidad del aragonés y del catalán de Aragón ya existía en el Ordenamiento Jurídico aragonés”, pero en un acto de trilerismo parlamentario, en una disposición derogatoria, nuestros legisladores la han hecho desaparecer. Esto es un abuso de la potestad legislativa de sus señorías. ¡Qué falta de respeto a la palabra dada al Pueblo aragonés! ¡No pueden legislar a la venezolana! ¡La potestad legislativa, por muy exclusiva que sea, no se puede ejercer sin honestidad! Se puede, pero no se debe, si no quieren entrar en terreno de la desfachatez:

 

Y es que para más burla, en el Preámbulo de la Ley de Lenguas se invoca la disposición final segunda de la Ley 3/1999, como un precepto que inspira la Ley que se promulga y luego se deroga ese mismo precepto… ¿Es eso decente? Ni ética ni estéticamente admisible, por supuesto. ¡Qué desvergüenza! Pero está ahí escrito, en la Ley, patente y claro, como constancia el fraude y de la trampa que se ha hecho.

 

Conclusiones:

 

En definitiva, nuestros políticos y legisladores nos han demostrado que están en perpetuo conflicto con la identidad y la cultura de los aragoneses. Tienen un evidente odio (de origen y genealogía compleja) por lo aragonés, que al fin y al cabo es un “auto-odio”, en muchos casos, que demuestran sobradamente con la cicatería que administran los alcances políticos y legislativos en su propia tierra. Un síntoma de esquizofrenia política muy grave. Preferirían que el pueblo que administran no tuviera tales manifestaciones (es lo que se destila de la “propuesta de no propuesta de una Ley de Lenguas del PP”), pero como las tiene, piensan que ignorándolas y apartándolas del uso oficial irán muriendo poco a poco. Como dirigentes, si quisieran entender y amar el ser y el espíritu de este Pueblo no deberían entorpecer, sino admitir, con naturalidad, el hecho de que hay aragoneses que además del castellano hablan el aragonés y el catalán y que eso debe tener una traslación no sólo a la vida pública, sino también a la oficial, y con las máximas garantías de uso social y en plenitud de alcance en todas las Administraciones aragonesas. Porque es un derecho de la Ciudadanía, o aunque lo fuera sólo de una parte de ella, porque es una de las concesiones más importantes a las identidades nacionales, que hace la constitución política del Estado español, que es la que se aplica aquí en todo caso y supuestamente debería ser también para lo bueno.

 

El conflicto nace de un planteamiento base de estos políticos: La creencia de que deben mantenerse como punta de lanza del españolismo en su versión más asimilacionista en el Nordeste de la Península, Bastión de los más españolistas entre los españolistas, el portaviones españolista anclado en el área de la vieja, mal agregada y siempre levantisca Corona de Aragón, donde el recuerdo de la pasada independencia pesa y pesará por siempre en sus pueblos, donde persiste u está presente la cultura autóctona, donde hay ciudadanos que resisten a la colonización de la cultura castellana.

 

Tanto desde la derecha y como de la izquierda regional, tanto cuneros como autóctonos, en cada caso, se creen en la obligación de mantener el tópico de un Aragón españolista, como el discurso políticamente correcto. A falta de un discurso propio, y de las ganas de elaborarlo, adoptan el del centro (el españolista) para marcar contraste con el más próximo, el vasco-navarro por un lado y el catalán-valenciano por el otro, con los que ha habido y habrá siempre pendientes cuestiones de cercanía y agravios comparativos, consustanciales por ocupar el mismo ámbito geopolítico. La solución no es para ellos elaborar argumentos políticos de base identitaria, porque para ello hay que armarse ideológica y políticamente y aguantar la arremetida españolista (esto es impensable), porque supone una solución considerablemente más costosa y compleja de la habitual, que conllevaría superar además ese complejo de inferioridad tan arraigado en nuestra clase política (esto es imposible). La solución es para ellos de “no contrariar”, no parecerse en el método ni en la forma a los nacionalismos que nos rodean y de hacer seguidismo cuando no sublimar el discurso “políticamente correcto del centro”. Por eso hablamos de colonial y colonialismo cuando nos referimos a la estructura y a la clase política de Aragón.

 

No busquemos por lo tanto en estos políticos un concepto de lo aragonés como valor supremo de la política aragonesa, si así fuera, con todas las potestades que les concede la Constitución española, el Estatuto de autonomía, su propia potestad de legislar y su acción de gobierno podrían llegar a lo máximo en el fomento, protección y recuperación de las lenguas de Aragón. No es una cuestión de presupuesto, ni técnicamente imposible, ni inconstitucional (El TC. no se ha pronunciado nunca en un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley ordinaria que regule la cooficialidad de lenguas), ni siquiera de capacidad legislativa, ¡que la tienen!, como lo han demostrado para derogar otros preceptos. Es una cuestión mental y de ejercicio de la voluntad política; de ganas de comprender lo que es Aragón, de aceptarlo y a partir de ahí de considerarse también valedores (de amparar, de proteger, de patrocinar) de lo aragonés, actuando en consecuencia y hasta la última consecuencia. Es una sencilla cuestión de amor hacia la tierra y de respeto a la gente que administran, independientemente de la militancia política y para lo que no hay que ser ni siquiera aragonesista. Pero no vayamos a creer en entelequias.

 

Para acabar:

 

Rechazamos esos modos ramplones de proceder, sobre la base de corruptelas legales (escudarse en una exacerbada legalismo como la del dictamen aducido es cobardía interesada para no mojarse y luchar por los derechos lingüísticos de los aragoneses), de componendas, sacando provecho de la apatía de la gente, del bajo nivel de estima por lo propio y de la división de los agentes sociales aragoneses. Nuestro respeto a los que, a título particular o desde las asociaciones de defensa del aragonés interpretan esta Ley, a pesar de todo, como buena, pero no nos conformamos. No pueden salirse con la suya. La próxima batalla hay que plantearla por la oficialidad del Aragonés, pero ya en la consideración de Lengua Nacional aragonesa con derecho a ser oficial.

 

Desde estas páginas declaramos la voluntad y nuestra disponibilidad a constituir con todos los agentes sociales implicados y comprometidos con el aragonés un movimiento por la oficialidad de la Lengua Aragonesa e invitamos a los defensores de la Lengua Catalana de Aragón que hagan lo propio para trabajar juntos por la oficialidad del aragonés y el catalán de Aragón.

 

Arnau de Borau

Aragón, febrero de 2010.

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Contra el estalinismo

Ultimamente se viene desarrollando una corriente dentro del independentismo aragonés que se define como marxista-leninista, reivindica  la acción política de Stalin como adecuada y pretende que el llamado estalinismo nunca existió y es un invento de la propaganda derechista antisoviética.

 

Las respuestas que se vienen dando, de manera esporádica, desde el resto del independentismo se han centrado hasta ahora en la repulsa a los crímenes de Estado cometidos en la URSS durante los años de Stalin. Lo habitual: considerar el fenómeno denominado “estalinismo” en clave de mezquina lucha de poder o incluso en términos de psicología personal. Es una explicación simplista, de raíz liberal, que ignora los términos del debate que se suscitó al respecto  en el seno de la izquierda internacional en su día. Este debate hace años que se resolvió desde otro enfoque: el estalinismo debe entenderse como crisis social en el seno de la URSS y tiene también base en el anquilosamiento del pensamiento marxista como doctrina política simpificada y trivializada para el consumo masivo popular, destinada no a la investigación social, sino a justificar el poder soviético.

 

Josep Fontana, gran historiador marxista catalán, expuso ya el  análisis de todo esto y correspondiente conclusión en su libro “História. Análisis del pasado y proyecto social” (Editorial Crítica, Barcelona, 1982) en el que estudia la relación entre la metodología del estudio histórico y el proyecto político del historiador. Defiende Fontana en este libro que los historiadores que trabajan al servicio de un cambio social tienden a estudiar los mecanismos de cambio de las sociedades y en ese sentido el materialismo histórico (vulgarmente conocido como marxismo) se ha demostrado como una línea teórica fundamental para la izquierda. Sin embargo, cuando el objetivo político consiste en legitimar un régimen social, el historiador se convierte en una especie de sociólogo preocupado por estudiar cómo funciona la sociedad, considerando los conflictos y cambios como “cosa del pasado”; distinguiendo así el presente (la economía política) por un lado de la historia que se centraría en el pasado y por otro el proyecto político para un futuro indeterminado. Por el contrario, un historiador comprometido con el cambio social tiene una visión de conjunto del estudio histórico, la crítica de la economía política actual y el proyecto social de futuro: todo es una misma cosa y las “separaciones”, de haberlas, sólo tienen carácter funcional.

 

En el citado libro, Fontana dedica unas páginas a estudiar el estalinismo como crisis social concreta en la que los dirigentes soviéticos toman como doctrina una versión simplificada del marxismo con el objeto de sostenerse en el poder.

 

Toma Fontana de Michal Reiman la explicación del surgimiento del estalinismo en “el fracaso en lograr el crecimiento industrial ambicionado y que se suponía una condición para la victoria del socialismo. La propia revolución, al satisfacer una serie de aspiraciones populares, había roto los mecanismos de acumulación de capital existentes con anterioridad, y las destrucciones de la guerra mundial (la primera) y la guerra civil habían agravado considerablemente la situación. A fines de 1927 resultaba evidente que no se podía satisfacer las demandas de productos industriales de la población rusa, lo que invalidaba las posibilidades de alcanzar el desarrollo industrial por la vía de la Nueva Política Económica (NEP). Y se escogió el salto hacia adelante: la movilización general de los recursos, aún a costa de sacrificar muchas de las conquistas populares obtenidas de la revolución. La función del terror no era tanto la de liquidar la oposición política como la de facilitar este cambio de rumbo; era, en palabras de Reiman, “un medio de trasformación violenta de las condiciones de vida y trabajo de millones de personas”, que reforzaría las peores formas de opresión social. En este contexto se puede entender el uso que había de hacerse de la versión codificada del marterialismo histórico – esa extraña cosa llamada “marxismo-leninismo”- como forma de legitimación, y el grado de distorsión que introduciría su subordinación a las necesidades políticas coyunturales: a las directrices del partido”. (pág. 220)

 

Tras esta explicación, Fontana dedica unas páginas a ilustrar y explicar cómo la investigación histórica en la URSS se subordinaba a las luchas internas del partido, triunfando una interpretación u otra de las crisis capitalistas en función de la línea dominante en el Politburó. Esta línea política ya no puede reclamarse marxista, pues como ya nos había adelantado Fontana un par de páginas antes “lo que en Marx ha sido concebido como un método abierto, indisolublemente ligado a un proyecto político a largo plazo, se nos presenta aquí (habla en concreto de la obra Plejanov) cerrado y simplificado, trasformado en doctrina, pero en doctrina tan elemental, que resulta difícil ver qué clase de investigación concreta hubiera podido sustentarse en ella.” (pag. 218)

 

El marxismo-leninismo (hay que distinguir esta construcción soviética de la obra concreta de Lenin, de mucho interés en sí misma) nació como doctrina tras la muerte de Lenin para justificar las políticas del PCUS en la URSS. Así pues, siguiendo la línea marxista de Fontana, no es más que una doctrina conservadora del Régimen soviético, sin más recorrido como fuente de análisis de la realidad histórico-social. Pero ya no existen ni  la URSS ni el PCUS, por lo que definirse hoy en Aragón como marxista-leninista no tiene sentido: no ayuda a comprender la situación actual de Aragón, sus conflictos y sus perspectivas de cambio social.

 

Sin embargo, está bien que desde el independentismo aragonés se estudien las políticas de la URSS, sin complacencia pero sin caer tampoco en el simplismo infantil de reducirlo todo a una especie de conspiración paranoíca. No hay que olvidar que los logros que se puedan aceptar de la URSS se consiguieron con una política, la denominada “comunismo en un solo país”, que a corto plazo significó la opresión de las masas y a largo plazo la derrota de todo el movimiento comunista. Hoy, la política industrialista de la URSS (paralela al desarrollismo capitalista) es totalmente contradictoria con las propuestas surgidas del ecosocialismo definidias genéricamente como decrecimento sostenible.

 

Hablando en plata, el reconocimiento de que la URSS asumió siempre el derecho a la autodeterminación de los países que la componían (y por eso hoy pueden ser independientes) y que la industrialización soviética, por brutal que fuese, sacó a esa sociedad del feudalismo y la libró de la condena a ser otra colonia del Capital, debe ser valorado, y todo ello puede ser positivo si acerca a la gente del PCPA a posiciones soberanistas, pero mientras se quiera utilizar la etiqueta del marxismo-leninismo para justificar la indolencia electoral de una parte de los independentistas aragoneses, todo quedará en un mero “pleito á o sol”

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