Archivo Noviembre, 2010

Ley para la financiación de la golfería de los marqueses catalanes

O el catalanismo según Convergència i Unió.

 

El catalanismo tiene una virtud esencial: de raíz plural, es integrador y tolerante con la diversidad; es un concepto interclasista y políticamente compartido por la izquierda y por la derecha, por lo tanto no sujeto a frentismos, salvo por los planteamientos de partidos españolistas (PP) o abiertamente anticatalanistas (C’s). Basado en el principio de la defensa de la lengua como elemento común, identificador y aglutinador, es un movimiento fuerte y con una gran implantación social. De ahí su éxito.

 

El Próximo 28 de noviembre, si una sorpresa en las urnas no lo remedia, la federación de la derecha liberal-católica catalana (CiU) ganará las elecciones al Parlament de Catalunya, más bien como resultado de la ineptitud de la izquierda combinada catalanista, metida a hacer una política de derechas, que por méritos ganados en sus 6 años de oposición.

 

¿Pero quienes son estos que van a volver después de estos años de govern tripartito? En los 22 años anteriores intentaron inculcar la idea de que el país (Cataluña) y ellos eran la misma cosa y de que el catalanismo en su más pura esencia, o quizás en su única esencia, lo representaban ellos y su partido. Se autodenominan la “Casa grande del Catalanismo”. Quien haga memoria de la época de aquellos 22 años recordará un catalanismo fuertemente de derechas, pactista y contemporizador con el poder central, con su gurú a la cabeza el Sr. Jordi Pujol empeñado en un “trato asimétrico” por parte del Estado.

 

Administradores pues de una particular visión del catalanismo, son a la par defensores de los intereses económicos y del status social de las élites del país. “Hacer país” para ellos es también garantizar y fomentar la permanencia histórica de tales élites. Es el planteamiento axial de su ideología de partido (y esencial para comprender en todo momento su acción política), que enlaza conscientemente la continuidad institucional del país con la continuidad de las élites autóctonas y cuya escabrosidad sólo compite con su exacerbado conservadurismo. Para estos el pueblo no es el depositario de los valores de la nación. No son nacionalistas en un sentido clásico. El pueblo se la trae al pairo. Al pueblo no lo ven más que como un medio de pago. Al pueblo se le hace pagar por todo: por pasar por una carretera, por atravesar un túnel, para llevar su hijo a la guardería… Cualquier cosa que se pueda privatizar se hace. “¡Nada para el sector público, todo para el sector privado, que el pueblo paga!”. Este es su lema. 

 

La Llei 6/1990, de Censos del Parlament de Catalunya va en esa línea. Se trata de crear fuentes de financiación para la aristocracia autóctona, para que continúe siendo aristocracia, para que se perpetúe. Parásitos antes, parásitos ahora, parásitos del pueblo para siempre, gracias a la derecha catalanista. Lean Vds. atentamente y comprenderán lo que les quiero transmitir.

  

Un censo, además de dar habitualmente nombre al recuento y registro de personas de un país, es una figura jurídica por la cual “se sujeta una finca al pago de una cantidad dineraria o en especie”. El censo es un asunto feudal. En su inmensa mayoría son negocios que provienen del Antiguo Régimen o se constituyeron entonces, antes que con la Codificación se le diera al concepto propiedad-posesión una formulación moderna y de que las doctrinas del derecho moderno establecieran una Teoría del contrato. Los censos se han metido por la doctrina jurídica dentro de los contratos, porque de alguna manera había que darles encaje en el derecho moderno, pero denotan su origen en que se da la “casualidad” de que los únicos censualistas que existen (los beneficiarios de esta figura jurídica) pertenecen la aristocracia, es decir, gente con título de conde o marqués. El censo es una regalía o estipendio que recibían, entre otros muchos, los señores feudales por detentar la titularidad de señoríos jurisdiccionales. Hoy nadie constituirá un censo sobre una propiedad para garantizarse una renta. Hoy existen otros negocios jurídicos que cumplen mejor ese cometido. ¡Sin embargo existen!

 

Corre el tiempo de la historia, pasan revoluciones e involuciones, el marqués hace tiempo que dejó ser un señor jurisdiccional, y aquellas terrenos destinados a explotaciones agrarias o ganaderas cambian de uso, entran dentro de los grandes planes urbanísticos de la segunda mitad del siglo XIX y dejan de ser cultivos para ser edificados. El agricultor censitario (el obligado a pagar el censo) desaparece y aparece el constructor, la división horizontal, los propietarios y los inquilinos. El censo deja de pagarse, no hay frutos que pagar, ni obligados a hacerlo. Pasan 150 años o más. El censo aparece en los asientos registrales, pero como un derecho inexigible. Ni se ha evaluado, ni repartido, ni se ha establecido un sistema de cómo hacerlo. Se compran se venden se transmiten esos pisos inter vivos y mortis causa, se constituyen hipotecas, rentas vitalicias, etc., etc. Todos se han olvidado de los censos. ¿Todos? Todos no, el señor marqués no, por supuesto. Él permanece a la espera de que algún “legislador amigo” cambie las leyes.

 

Las competencias exclusivas en materia de derecho civil del Parlament de Catalunya y “un gobierno por y para los ricos”, el de Covergència i Unió, sirvieron para perpetrar una granujada, o en el lenguaje de la época, “un pelotazo” en beneficio del aristócrata de turno. La mayoría que tiene un piso en propiedad (que puede ser perfectamente un obrero que ha trabajado media vida para comprárselo), sólo se entera que tiene que pagar cuando van a vender y le viene el comprador con la copia simple del asiento registral en la mano y le dice: “¡Hay que redimir el censo!”. “Son tantos miles de Euros para el Marqués de Sant Marciano…”

 

La Llei 6/1990, de Censos del Parlament de Catalunya es una norma que no obedece a un interés social. Es un “favor de amigos para los amigos”. Hecha sólo para beneficiar a una parte de la oligarquía catalana: Tras una regulación clásica sobre de derechos u deberes de las partes en un articulado muy doctrinal y muy sistemático, pero absolutamente fuera de tiempo, las disposiciones transitorias permiten que ese derecho inscrito pero irrealizable, que no se ejercía desde hacía más de un siglo, se convierta en un sustancioso negocio para su titular, porque la Ley permite hacer lo que antes no se podía: capitalizar el derecho, dividirlo si la finca está constituida en régimen de propiedad horizontal y asegurar los mecanismos de cobro.

 

Como los señores marqueses, condes y vizcondes estaban perfectamente a la güait de todo el trámite parlamentario de la Ley y de su aprobación, no perdieron ni un momento para acreditar sus viejos censos y proceder a su actualización en el Registro de la Propiedad. De todo ese trámite no tienían por que dar información alguna al propietario. “¡Mejor, porque así no se entera!”.Y como nadie va cada mes a comprobar el estado de su piso en el Registro de la propiedad, corre el margen de un año y prescribe el tiempo para impugnar. 

 

Podían haber abolido perfectamente los censos. La actualización del derecho civil catalán no requería de su mantenimiento. Hubiera sido la medida de interés social. No era necesario ni para la afirmación nacional de Cataluña, ni para que nadie se sintiera más catalán. Bueno quizás para que el marqués sí, pues a lo mejor proviene de algún antepasado “botifler” (catalán partidario de la causa borbónica) y debe su dignidad a Felipe V. Podían, pero no… “La derecha política y la social deben colaborar”. Había que hacerle el inmenso servicio al marqués para financiar su vida golfa, porque los marqueses viven de eso: del chanchullo que supone ser de una estirpe con abolengo; del jugo que han sacado de unos y de otros, de aquí y de allá, durante siglos; gracias a unos políticos que han interpretado que le catalanismo son ellos, corrompiendo un ideal común y trasformándolo en la escusa para perpetrar un expolio, una bribonada, un robo legal en beneficio de una parte ínfima e inútil de la sociedad. El legalismo que empeñaron en todo este proceso de hacer más rico aún si cabe al marqués, no les salva del juicio moral de haber cometido una indignidad en contra de muchos, aunque quizás eso se lo pasarán por el forro de los calzones.

 

Si mañana vendo mi piso, el Sr. marqués recibirá una cantidad de entre 12 y 24 mil €, porque tiene gravado mi piso con un censo. Cuando Jordi Pujol gobernaba, el Sr. Marqués pasó de no tener nada a tener una fuente de ingresos sustancial, pues cobra por cada compraventa y tiene bloques y bloques de casas gravadas por censos. De esta manera, parte del que suele ser el único capital sólido de un trabajador va a financiar la vida golfa del Sr. Marqués. Esperemos que el juicio de las urnas les sea más doloroso que el de esa moralidad que no tienen y ansiamos que el Pueblo catalán le pase factura a su delfín Artur Mas. 

 

Dicho todo esto con todo el respeto a los catalanistas de buena fe.

 

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