Archivo Julio, 2014

Cuatro meses de 2014

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Como si no pasara nada, el siglo XVIII vuelve a Madrid

En un breve espacio de tiempo han coincidido las Marchas por la Dignidad del 22-M, síntoma de la profunda crisis social del Régimen; las Elecciones al Parlamento europeo, que han puesto en evidencia la crisis del bipartidismo instalado desde los años 80 y que ha sostenido hasta ahora el Régimen juan-carlista; y la propia abdicación del monarca en su hijo y cuya intención final es “remozear” el sistema, antes que resulte imposible, en el caso que PP y PSOE pierdan la hegemonía en el Parlamento español. Se trataría de reproducir el “efecto Transición” del padre en el hijo.

Así ha sido la película de 4 meses de la profunda crisis en la que está metido el sistema creado por Suárez hace 36 años que, junto al hito de su propia muerte, marcan posiblemente el principio del fin de una época.

Hoy vemos a la oligarquía española y a sus benefactores políticos en perfecta simbiosis y aferrados al sistema creado por Suárez. No siempre fue así, pero, con el tiempo, el sistema que garantizaba la alternancia política sin poner en peligro sus privilegios (con cuota para las derechas nacionalistas incluida); que creaba una sobredimensionada estructura político-administrativa con la que hacer “negocios” y un sistema judicial muy blando con la corrupción, se ha mostrado muy útil a sus intereses. Los partidos del turno, PP y PSOE, le han creado a la oligarquía el medio político perfecto: Se rescató la banca, se vendieron servicios públicos, se están rescatando las autopistas deficitarias, etc. Todas las medidas económicas, sociales y fiscales del gobierno se toman en función de que la oligarquía del IBEX 35 siga ganando más dinero, aun a costa de arruinar a la clase media o de endurecer el acceso a los servicios y las prestaciones sociales a todos los ciudadanos. Si está uno u otro partido en el poder “la cosa va bien”. Se postula incluso con que en un futuro podría haber un gobierno de coalición PP-PSOE para “salvar los muebles” del Régimen, en el caso de que de las próximas elecciones generales surgiera un parlamento “ingobernable”, es decir, de que la alternancia PP-PSOE (con o sin colaboración de las derechas nacionalistas) no alcanzara la masa crítica suficiente y que uno u otro tuviera que gobernar con algún partido ajeno al “entendimiento político” de las tres últimas décadas. Un escenario que pondría en peligro el status quo y la correlación de intereses y de poder del actual sistema político y en dificultades la continuidad de la Monarquía y el stabilishment oligárquico.

A Suárez le dieron un encargo: Había que lavarle la cara a España. Por lo menos en el sentido político. Había que acabar con la cochambrosa dictadura, pero sin “espantar” a la oligarquía porque, como sucede actualmente, la oligarquía y sus “negocios” estaban fuertemente interconectados con el sistema político. En un sistema basado en pequeñas corruptelas y grandes corrupciones como aquel, un cambio político podía interpretarse por la oligarquía como un cambio en el modo de obtención de influencias y por tanto en la pérdida de beneficios económicos. Pero Suárez se puso a la tarea (definida con la “gatopardiana” frase de “cambiarlo todo para no cambiar nada”). No obstante, la oligarquía se espantó. Fue una época en que el dinero corría hacia Suiza y, por las calles, los batallones de pistoleros paramilitares y colaboradores policiales que, al grito de “¡Viva Cristo Rey!”, hostigaban a los activistas y a las organizaciones de izquierda.

El primer gran “logro” de Adolfo Suárez fue conseguir el “suicidio institucional” del Franquismo a través de la Ley de Reforma Política. No fue difícil, porque las Cortes franquistas con aquellos “procuradores”, que estaban acostumbrados a aprobar sin leérselo todo lo que les venía de arriba,  firmaron su propia sentencia de muerte sin mayor problema. Suárez, hijo del sistema franquista, sabía en qué plaza toreaba y los vicios de tanto cabestro. Asimismo consiguió que una parte de la oposición al Régimen asumiera la legitimidad política del Franquismo, es decir, que aceptara no sólo echar tierra sobre los 40 años anteriores, convalidando la represión franquista y sus consecuencias jurídicas, renunciando a investigar a sus autores (creando así la “gran amnesia” de la Transición), sino también que el proceso se recondujese desde el propio Franquismo y sus hombres, incluido el Monarca, que basaba su legitimidad en la voluntad del dictador de restaurar la monarquía (continuidad y no ruptura, se dijo). Esta “oposición” es la que recogería a no mucho tardar los beneficios de su “traición” histórica. Su premio fue incorporarse a nuevo stablishment surgido del proceso (y desde ahí iniciar su ascenso e integración en la oligarquía). Fue el gran pacto entre el Franquismo reformista y los elementos de la oposición de izquierdas reconvertidos al pragmatismo, incluido Santiago carrillo. Este es un hecho de tanta importancia que aún hoy padecemos sus consecuencias. Un “defecto” de estructura del Régimen en el origen y causa de su propia crisis.

Otros “pequeños detalles”, cuya resolución requería el proceso, fueron, por una parte, la eliminación de la oposición proveniente de otras “legitimidades dinásticas”. Se “montejurrizó” del carlismo. Después de aquello ningún primo del rey (carlista o no) vendría a discutirle la corona, ni como opción personal, ni como movimiento organizado con base social. Y por la otra, la neutralización del sindicalismo revolucionario, puesto en minoría, en parte por el estéril debate ideológico que mantuvo entre sus corrientes, pero sobre todo por la trama policial que acabó con la quema de la sala de fiestas Scala de Barcelona y la posterior campaña de descrédito hacia el sindicalismo anarquista, que arruinó sus posibilidades de ser el movimiento de masas que fue durante la II República. En “el plan” no cabían estos dos movimientos, que por razones ideológicas muy diferentes se posicionaron históricamente y fueron muy beligerantes contra los regímenes establecidos. En resumen, el Régimen de la Transición se quitó de en medio dos movimientos que podían ser “factor de desestabilización”.

La “paz social” debía venir de hacer participar a los sindicatos en el  entramado jurídico del nuevo Régimen. “Elecciones sindicales”, “negociación colectiva”, “convenios”, “sindicato de mayor representatividad”, “comités de empresa” fueron mecanismos que institucionalizaron un sindicalismo de “organizaciones dóciles”, metidos a gestionar “los intereses de los trabajadores” ante el empresario y no a hacer revoluciones armadas contra el gobierno. Para proteger su flanco social el Régimen de la Transición precisaba menos lucha de clases y más colaboración con el patrono u los directivos de las empresas. Está claro que pesaba el recuerdo de 100 años de lucha obrera en España y el papel del sindicalismo durante la II República. Ello no impidió que los primeros años de la Transición fueran muy conflictivos provocado sobre todo por el desmontaje del sistema industrial de la dictadura, el cierra de empresas y el paro.

Otros “pilares” del Nuevo Régimen iban a ser la pretendida laicidad del Estado y la pretendida descentralización administrativa. Decimos “pretendida” porque al final con la práctica y su aplicación no resultan ser más que un espejismo y un fraude a la inteligencia, lo que no ha impedido a personajes significados del nuevo Régimen darse un auto-bombo de ejemplaridad y paradigma de derecho constitucional democrático.

Para el Nuevo Régimen, España debía de dejar de ser nacional-católica, pero no podía dejar de ser católica. O lo que es lo mismo, el catolicismo podía dejar de ser inspirador ideológico del Estado español, pero sin que pareciese que dejaba de ser un país católico en las formas sociales, públicas o incluso políticas. La tajante aseveración hecha por Manuel Azaña durante la II República “España ha dejado de ser católica” (por otra parte, normal, cuando se quiere hacer profesión democrática) no podía decirse del Régimen post-franquista, ni siquiera dar lugar a la sospecha que había una intención oculta de relegar al catolicismo a la esfera de lo personal y privativo, como otro credo más. Dado que el proceso de transición era llevado a término por los hijos del Nacional-Catolicismo, no sorprende en nada el resultado final.

Del laicismo del Estado español, lo único que se desprende para la ciudadanía es una garantía mínima y personal, que el Estado no ayudará a la Iglesia a inmiscuirse en la esfera privada de cada cual, ni a hacer proselitismo en su favor, ni a aceptar certificaciones de fe con trascendencia civil, pero poco más… La realidad es que se impusieron las “relaciones de cooperación”, eufemismo con el que se disfraza la estrecha conexión entre el Estado y la Iglesia católica, “bendecida” por la Constitución. Esta relación consiste en un variopinto grupo de privilegios económicos y fiscales y de representación para la Iglesia, incluido el favor que le hace el Estado de recaudar los donativos de los católicos a través de la declaración de la renta, pero, sobre todo, la no intención de expulsar a la Iglesia de la esfera oficial y mucho menos de obligar a los cargos y funcionarios del Estado a ejercer un laicismo activo y abstenerse de participar en actos religiosos o a utilizar o exhibir simbología católica en actos oficiales. La Iglesia católica se le permitirá hacer política, y mucha, no sólo desde el púlpito, sino a través de sus propios medios de comunicación, sus comunicados institucionales o sus homilías donde se atreverá a lanzar a la cara de los altos representantes del Estado proclamas políticas para espanto de todos. La Iglesia todavía se ve en España con autoridad para influir en la política y en los políticos.

En el Título VIII de la Constitución española de 1978 es donde más se la jugó en nuevo Régimen, aunque no le quedaba otro remedio, si quería ser un proceso creíble y enganchar al tren a las oligarquías vasca y catalana. Así como la cuestión religiosa no tiene nada que ver con la de la II República, paradójicamente, la descentralización se planteó poco menos que como una copia de la Constitución de 1931. Pero ni la legislación descentralizadora de la República ni la del Régimen juan-carlista tienen que ver con un régimen descentralizado homologable internacionalmente. Tan centralista es la Monarquía juan-carlina como lo fue la República.

De entrada se echa de menos una enumeración expresa de los Estados, Comunidades o Regiones que componen el Estado español y de la relación entre ellos (federados, confederados, unidos, etc.) sólo se sabe que cada uno es autónomo frente al gobierno del Estado. Resabio de tres siglos de centralismo, el Estado se constituye centralista en origen y en su funcionamiento básico y la autonomía regional en una especie de carta otorgada por las Cortes Generales; una situación graciable del Estado central, que el gobierno recorta a voluntad y que algunos partidos ya pretenden revertir.

En el proceso descentralizador “a la española”, los elementos identitarios o históricos de una comunidad humana, son accesorios. El proceso descentralizador se basa más bien en una relación de poder, entre la oligarquía del centro y sus representantes políticos y las periféricas (principalmente la vasca y la catalana) y los suyos, plasmada en un pacto político (el estatuto de autonomía); que delimitan una área política de influencia para las segundas (el territorio de la Comunidad autónoma) y un nivel de autogobierno. En la organización autonómica del Estado español la identidad fuerte la marca pues la potencia económica de la oligarquía local y la estructura política diferenciada, no la identidad histórico-cultural propiamente dicha (que en el caso vasco y catalán es coincidente). Es a esta potencia y fuerza negociadora a lo que el Estado le da valor para iniciar, mantener e incrementar el proceso de autonomía. El sistema se basa en un proceso de negociación permanente de transferencias de competencias y de presupuestos entre los representantes de la oligarquía local y el gobierno. Esta es la esencia del sistema español de descentralización. En este aspecto Aragón (los aragoneses que por historia e identidad hubiéramos tenido que estar de los primeros) tiene el nivel autonómico real que corresponde a la fuerza de su pequeña oligarquía muy dependiente y “obediente” y a un sistema de partidos regionalistas comparsas locales de las formaciones centralistas. En esta situación el Pueblo aragonés no tiene fuerza negociadora relevante.

La propia corrupción o vicio de partida de este sistema de descentralización lo hace permanentemente indeterminado y extraordinariamente conflictivo. El sistema de autonomías es utilizado por las oligarquías locales y las centralistas como ruedo en su inacabable confrontación y sirve para disfrazar de “conflicto territorial” lo que realmente es un enfrentamiento entre clases dominantes con intereses divergentes que no han compartido nunca al cien por cien los mismos intereses económicos o políticos. El proceso independentista de Catalunya hubiera sido más difícil de plantearse en un sistema realmente descentralizado, con definición federal o confederal de los sujetos territoriales con un sistema de distribución de competencias tasado. Hoy la oligarquía catalana parece dispuesta a seguir el impulso de su pueblo, intentando manejar los hilos del proceso a través estructura política que la representa. Para la oligarquía catalana los elementos subyacentes del conflicto no son otros que la avaricia presupuestaria; el tremendo coste de mantenimiento del tinglado político del centralismo madrileño; el gasto financiero realizado para asegurar los beneficios de la oligarquía española y el arrogante intento de ningunearla y aprovecharse de la crisis para darle un golpe mortal.

El último frente, el político, quedaría asegurado con el diseño de un sistema electoral y de partidos ad hoc.  El sistema oligárquico de poder exigía un tipo de “democracia limitada”, pero no a través de restringir la participación de opciones políticas (Suárez tuvo que legalizar al PCE para ser creíble), sino mediante un modelo de partido controlado por una dirección política profesionalizada: Un sistema electoral de listas cerradas y unas formaciones políticas burocratizadas han asegurado el control de las candidaturas por unos aparatos de partido, que han actuado como correa de transmisión de los intereses políticos y los negocios de la oligarquía del Ibex 35. Las direcciones nacionales, cubiertos sus miembros por cooptación, son las que han controlado cargos, empleos y candidatos, a través de procesos internos que no tienen nada de democraticos. El control sobre los candidatos minimiza el riesgo de “desviaciones” al margen de la alianza preestablecida entre la política y la oligarquía. El líder del partido es el que encarna y ejerce su acción política, sin que los candidatos electos (que deben levantar o agachar el brazo según se lo diga el partido) tengan autonomía política real. En este sistema de partidos el debate político interno es sólo en si estás o no de acuerdo con la dirección y la disidencia supone la marginación o la expulsión del partido.

Todo estuvo “montado” y “bien montado”. España parecía una democracia y que el pueblo realmente formaba parte de ella, hasta que la crisis de la deuda y sus consecuencias pusieron a cada cual en su sitio y con la “casta” de políticos ya formada, avara y mediocre, dedicada al tráfico de influencias y como único compromiso cierto de salvaguardar y sacar rendimiento de su status privilegiado.

La crisis del sistema político de la Transición es evidente desde el momento en que las nuevas propuestas se buscan fuera del ámbito del bipartidismo (Podemos) o incluso de la legalidad vigente (República, independentismo). Se percibe el inmovilismo del sistema y el intento de exprimir sus posibilidades a toda costa, sin reformas. Resulta flagrante a cualquier nivel de inteligencia que el Gobierno ha echado sobre la ciudadanía no sólo el coste de la crisis sino también el coste de mantener los altos rendimientos de los negocios de la oligarquía. Ni un mínimo para el alivio del Pueblo, ni dación en pago, ni suspensión de los desahucios, dos medias “de justicia” elemental para los tiempos que corren. Por primera vez desde los 80 el hundimiento electoral de un partido del turno no ha supuesto el repunte del otro. Extrapolados a próximas convocatorias se intuye el colapso del sistema. En este contexto abdica el Rey. Se cambia la cara del Rey y a esperar que el efecto euforizante de una segunda Transición que le dé más recorrido a un sistema que denota más que nunca sus carencias democráticas.

Arnau de Borau

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