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3.- Análisis sociopolítico.

El Reino de España es un Régimen corrupto. La oligarquía financiera española ha utilizado la crisis de crédito, creada por ella misma, para transferir su deuda a las Administraciones Públicas. Ésta es la causa principal de que el conjunto de la administraciones públicas del Reino de España sufran en conjunto un déficit y una deuda que han impulsado al Gobierno del Reino a hacer unos recortes brutales en el Estado del Bienestar, que el crédito a las empresas haya colapsado, la morosidad esté en máximos históricos, mientras el paro se dispara y los salarios se hunden; el volumen de economía informal (“dinero negro”) sea el más elevado de la UE (el 20%) y donde prácticamente sólo pagan impuestos los consumidores con el IVA y los trabajadores con el IRPF. Todo ello en un contexto de bajos salarios y baja presión fiscal para el capital.

O sea, como se ha venido repitiendo, esta crisis es una estafa, una estafa perpetrada por la oligarquía financiera española, protegida por el corrupto Reino de España, contra los pueblos sometidos por ella. España es, así, de nuevo, “una cárcel de pueblos”.

Es cierto que tanto en Aragón como en España la indignación crece y ha habido manifestaciones y huelgas, sin embargo el Régimen se mantiene inamovible, los dos partidos que lo sostienen se mantienen firmes, sus estructuras, aunque debilitadas, son todavía suficientemente fuertes como para mantener a los sucesivos gobiernos:  No hay que olvidar que esta situación ha sido propiciada por gobiernos tanto del PSOE como del PP, que han gozado en todo caso de amplio respaldo popular.

No sería justo decir que ambos partidos del Régimen son iguales. Mientras que el PSOE defiende ideas que podríamos definir como “liberal-progresistas”, progresistas en materia de derechos civiles y sociales pero neoliberales en materia económica; el PP es un partido que, aunque intenta asemejarse a los partidos conservadores europeos, tiene una profunda raíz nacional-católica, representando lo que se vino en llamar “franquismo sociológico”, que hoy defiende posiciones neoliberales en materia económica y social y ultraconservadoras en materia de derechos civiles.

Aragón tiene su propia “economía política”, que no está totalmente integrada con la española y por tanto, su mapa político varía: a las dos fuerzas políticas del Régimen, en Aragón hay que unir por un lado un grupo de izquierda federalista, IU, con una reseñable base social y que ha venido ejerciendo de “muleta” en los gobiernos del PSOE ; y dos partidos aragonesistas, cuyo programa político no ha trascendido del autonomismo enmarcado en la Constitución Española. Por otro lado, en Aragón la propuesta “de centro liberal” de UPyD no encuentra eco social.

El PAR -que surgió de una escisión del nacional-catolicismo aragonés en los años 70, como consecuencia del primer Proyecto de Trasvase del Ebro, todavía bajo el franquismo- fue evolucionando hacia posiciones más moderadas, supo actuar como bisagra entre ambos partidos del Régimen y llegó a definirse como “nacionalista”, pero se negó a dar el salto que le hubiese homologado a CiU o PNV. Mientras su base social más sólida, la pequeña burguesía rural aragonesa, languidece; la carencia de un discurso urbano, le hace languidecer con ella.

CHA surgió como una fuerza política nacionalista de izquierdas, que sí que había dado ese salto respecto del autonomismo del PSA, pero el crecimiento electoral que representó la utilización de José Antonio Labordeta como referente político, significó, sin embargo, una regresión ideológica: así, el aparato burocrático de CHA olvidó su inicial discurso rupturista con el Régimen, se acomodó en un autonomismo de izquierdas que le llevó a un 20% del voto, pero lo hizo a costa de expulsar a los sectores políticos más radicales y dinámicos, sobre todo en Zaragoza y dilapidó ese apoyo sustituyendo y/o acompañando a IU como “muleta” del PSOE. Hoy  el autonomismo de los 70, del que Labordeta era el “último mohicano”, queda cada vez más lejos y es totalmente inútil para afrontar los nuevos retos del país.

La crisis se alarga, y va a continuar alargándose: aunque no se mantenga la recesión, el futuro crecimiento económico bajo este Régimen sólo será posible con otra burbuja financiera, pues esas son las  condiciones de la estructura social que lo sustenta. Y eso es exactamente lo que quiere el PP: impulsar proyectos que reactiven al sector de la construcción, para que éste vuelva a hacer de motor económico, como Eurovegas en Madrid o la liberalización de la construcción en la costa. Y así volvemos a escuchar rumores que hablan de reactivar el proyecto de Trasvase del Ebro, mientras el gobierno espera que el sector exterior maquille las catastróficas cifras macroeconómicas.

En Aragón el PAR se mantiene sin discurso político, tan sólo sujeto por su red clientelar y su papel de bisagra.

El PSOE mantiene un discurso confuso, apoyando, más o menos tímidamente las reivindicaciones sociales mientras critica las mismas políticas que él mismo realizó cuando estuvo en el gobierno; pero no plantea un discurso alternativo. Da la impresión de que cedieron el testigo del gobierno al PP de buen grado, para que éste “se comiese el marrón” de la recesión, pero que cuando vuelvan otra vez intentarán combinar el neoliberalismo económico con el progresismo social.

La Izquierda Plural (dónde hay que incluir, de momento, a CHA) tiene un discurso keynesiano clásico: fiscalidad progresiva que permita mantener el Estado del Bienestar, integración europea con un BCE que preste dinero directamente a los Estados, crédito expansivo desde una banca pública y política activa de reindustrialización.

De los tres discursos hay que reconocer que el más racional es el de la Izquierda Plural, pero se encuentra con tres problemas irresolubles dentro del Régimen:

El primero es de carácter ideológico: el keynesianismo mostró ya sus limitaciones y, aunque sus  métodos macroeconómicos y sus análisis cíclicos deben ser tenido en cuenta, necesitamos un nuevo discurso económico que no se centre en el crecimiento como un fin en sí mismo, y que integre conceptos, ignorados por Keynes, como soberanía alimentaria, consumo racional y sostenibilidad económica y medioambiental.

El segundo es que la oligarquía española mantiene de su parte a la mayoría de la clase media y clase trabajadora aragonesa, bien bajo el discurso nacional-católico del PP, bien bajo el discurso liberal-progresista del PSOE. La incertidumbre empuja a mucha gente a volverse conservadora y desconfiada del cambio.

El tercero es que la oligarquía financiera española y su corrupto Régimen, el Reino de España, nunca aceptarán nada que no sea una política económica abiertamente neoliberal.

En definitiva, hay que romper con la oligarquía financiera española y con el Reino de España, pues son las claves para resolver los otros dos problemas. En Aragón eso significa que los aragonesistas debemos abandonar viejos complejos y viejas recetas, debemos mirar en nuestra esencia, en el motivo de nuestra existencia y debemos articular un proyecto político que imponga como prioridad máxima la instauración de un Estado Aragonés, con su propia Constitución republicana, que impulse las políticas necesarias para salir de la crisis con un camino libre e independiente de la oligarquía financiera establecida en el Reino de España.

Hoy más que nunca, el futuro de Aragón depende de la conciencia nacional de quienes se dicen aragonesistas.