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Pequeñas mentiras, Grandes mentiras y Estadísticas

La "perversión" del "pobre" Fabra

La "perversión" del "pobre" Fabra

Durante este verano, varios gobiernos autonómicos de comunidades con superávit fiscal (que reciben más inversiones y gasto públicos que ingresos por impuestos aportan al Estado) han venido pidiendo una reforma del sistema de financiación autonómico por considerarse discriminadas. Significativamente, Andalucía y Valencia.

En concreto, diversas declaraciones del presidente y el consejero de economía valencianos han despertado cierta polvareda en Aragón, que ya ha sido olvidada como cualquier ligera noticia veraniega. El Presidente valenciano llegó a decir que “Valencia está financiando a comunidades más ricas, como Aragón”.

Es notorio que Aragón paga más que recibe del Estado, sufre un déficit fiscal, mientras que Valencia disfruta de superávit. Además, Valencia viene recibiendo fondos estructurales europeos desde hace 30 años y Aragón no. Es verdad que Aragón tiene un mayor PIB y una mayor renta per cápita, pero eso es un dato distorsionado en parte por la despoblación y envejecimiento de buena parte de nuestro territorio, aunque también es cierto que Aragón hay mucho menos fraude fiscal y mayor productividad.

Aún con todo, la afirmación de que Valencia financia a Aragón es falsa, pues insisto, Valencia disfruta de superávit fiscal y Aragón sufre de déficit: Aragón paga más que recibe y Valencia recibe más que paga.

¿Cómo puede, pues, el Presidente valenciano decir semejante barbaridad? Creyéndose su propia trampa contable: Valencia, como Andalucía, distinguen entre “inversiones territorializables y no territorializables”, las segundas serían aquellas que “garantizan la igualdad de derechos de todos los españoles”, en realidad se refieren a las que tienen que ver con la densidad de población. Dicen que el Estado debe garantizar la igualdad de gasto por habitante en sanidad, educación y servicios sociales (fundamentalmente) y que por tanto esos gastos no deben dividirse por territorio (no consideran relevante el problema de atender a una población dispersa y envejecida). El resto de inversiones sí que las territorializan, pero sin perder nunca de vista la densidad de población: consideran, por ejemplo, que la inversión en carreteras por habitante, en Aragón es superior que en Valencia, o Andalucía, porque los que viven en pequeños pueblos de montaña o serranía son pocos: Hay que priorizar las autopistas y autovías sobre las carreteras de montaña. Por supuesto esta supuesta discriminación no se cruza con los datos fiscales: en Valencia o Andalucía no sólo se recaudan menos impuestos per cápita, sino que el fraude fiscal es mucho mayor, y las actividades económicas ilegales, también.

En definitiva, una Comunidad extensa y con poca población pero muy concentrada como Aragón, pero con una elevada productividad y eficiencia económica, que aporta al Estado más de lo que recibe es presentada como “rica”, frente a las “pobres” que tienen una elevada población, pero un PIB débil, baja productividad, alto fraude fiscal y que llevan décadas recibiendo inversiones públicas y ayudas europeas.

En definitiva, esto de que Aragón es “rica” me recuerda a aquel mapa trasvasista en el que Aragón se ubicaba en la “España húmeda”.

Llegados a este punto, debemos recordar que Aragón tiene una extensión territorial superior a Dinamarca; el doble de población que Luxemburgo y cuatro veces más que Islandia. Dispone en su territorio de saltos hidroeléctricos que,  gestionados por empresas públicas (ERZ), fueron privatizados e integrados en una multinacional, gigante de pies de barro: ENDESA. Nos vendieron que las Cajas, viejas herramientas del caciquismo, iban a funcionar como “bancos públicos” pero en España se han arruinado, no tanto en Aragón, pero aquí también ha habido que convertirlas en bancos, y aún hemos sido afortunados, pues la dirección de Ibercaja no aceptó integrarse en la ruinosa, a la par que madrileña, Liberbank. Significativamente, Ibercaja Banco ya controla de forma monopolística las finanzas aragonesas, cualquier liberal consideraría que, para preservar la libertad de mercado, debería ser expropiada por la DGA.

Tenemos un PIB per cápita en la media europea, y a pesar de nuestro desequilibrio poblacional, Zaragoza y el Valle del Ebro pueden hacer de motor del resto del país, tenemos una agricultura moderna, aunque aún debe cobrar más peso la ecológica, y una industria fuerte, aunque la dependencia de GM es todavía excesiva; el fraude fiscal es desgraciadamente superior a la media europea, pero muy inferior a la española. Nuestra economía está muy integrada en Europa, a pesar de que deberían mejorar las comunicaciones con el Bearn; sin embargo, una moneda propia nos  produciría fuertes tensiones inflacionarias, por supuesto, una hipotética vuelta de España a la peseta, tal vez “solución” a los problemas  de España como afirma el propio Julio Anguita, sería desastrosa para Aragón.

O sea, que Aragón sería viable como Estado si dispusiese sin dependencias coloniales de sus propios recursos, económicos y energéticos. Por tanto, si la mayoría de los valencianos y andaluces insisten en las políticas que sus gobiernos han seguido durante décadas, es asunto suyo, pero por favor, que se lo paguen ellos, que dejen de retorcer las cifras para seguir recibiendo todavía más de lo que aportan. Por nuestra parte, es urgente que Aragón tenga su propia Agencia Tributaria, como marca el Estatuto de Autonomía: otro paso más hacia nuestra constitución como Estado. No hay autonomía política sin autonomía financiera, y mucho menos soberanía.

Y cuando nos digan que somos “ricos”, recordemos que los mismos, para reclamar el trasvase hasta Valencia o Andalucía, también afirmaban que disfrutamos de un clima húmedo.


Rafel Fleta

Secretario General

Estado Aragonés

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Las Jornadas Revolucionarias

Si el 25-S pasado en vez de ser el 25 de septiembre del 2012 hubiera sido el mismo día de algún año del siglo XIX no dudo que este país estaría metido en una revolución y los Borbones haciendo las maletas para partir a su enésimo exilio.

No vamos desacertados, salvo por la época (aquel siglo fue conocido como el siglo de las revoluciones y este será conocido desde luego como el de las “transiciones”) todo apunta a una situación revolucionaria al menos si analizamos lo que son los elementos que convergen en esta crisis general:

Una crisis económica que afecta a amplios sectores de la sociedad, gente que sale del sistema social y económico y que ha creado una amplia base donde la actitud es de descontento que se dirige tanto contra el sistema económico como contra el político. La crisis del “bolsillo” modifica las actitudes políticas y su alcance. El sistema político que no da satisfacción a las necesidades básicas de la ciudadanía se desacredita por sí sólo.

Un gobierno ineficiente, incapaz de tirar el manual que no sirve y cambiar el guión; completamente bloqueado por la rápida sucesión de los acontecimientos y desbordado por la crisis; lento y titubeante a la hora de tomar decisiones y sin ideas y sin capacidad de reacción. A la cabeza un gestor, Rajoy, el vivo retrato de la ineficiencia y del colapso del sistema. Un don Tancredo de la política que ve llegado “su momento” en el peor momento, para su desgracia y sobre todo para la nuestra. Un político que carece de la inteligencia necesaria para lo que requiere el cargo en los tiempos que corren y muy condicionado por el ala más derechista de su partido.

Un sistema político agotado, donde se acusan la improvisación del momento en que se planeó y los vicios de su longevidad. Que no se pudo hacer mejor dadas las difíciles circunstancias del momento tras la muerte del Dictador, se puede hasta comprender, pero es que el sistema político tiene ya 34 años (una eternidad para cualquier régimen en España). Ninguna reforma substancial se ha hecho (ni ganas serias de hacerla, a pesar de algunas propuestas) debido fundamentalmente al enroque ideológico de los partidos del Régimen y a la acción política centrada en la batalla por la ocupación de áreas de poder, con un trasfondo de corrupción endémica. Se puede decir sin demagogia que, si en 34 años PP y PSOE no han sentido la necesidad de reformar, es porque son esencialmente “lo mismo”. Ambos partidos han mantenido intocable el régimen constitucional porque les ha beneficiado mucho, se han institucionalizado y han mantenido gracias a ello su influencia y sus cotas de poder en una semi-alternancia en el Gobierno y en un reparto territorial del poder. ¡En este estado de cosas es obvio que no hayan visto la necesidad de reformar nada!

La gravísima crisis económica, el gobierno inmovilista y un sistema sin margen político para dar salida a los nuevos planteamientos son los tres elementos enervantes que hace moverse a la ciudadanía hacia una solución de cambio constitucional. El cerco de los manifestantes al Congreso de los Diputados pidiendo su disolución y el inicio de un nuevo proceso constituyente y el acuerdo de plantear un referéndum por la autodeterminación en el Parlamento catalán, hechos ambos del 25-S son indicios de que en este país hay un “proceso revolucionario” en ciernes; con todo , el poder establecido ha permanecido impasible, más por la impermeabilidad del Gobierno ante lo que pasa en la calle, que por la leña repartida por la policía.

La pretensión de la calle de abrir un nuevo proceso constituyenteno no es descabellada. La ciudadanía da el presente sistema por agotado y reclama un nuevo reparto (un New Deal a la americana). No son tan diferentes las reivindicaciones de los alrededores del Congreso de los Diputados de Madrid y las del 11-S de Barcelona. Son dos respuestas políticas a un mismo problema. Se trata (y por eso decimos que aparenta ser una revolución) de llevar al nivel político-jurídico lo que ya está en la calle. Se pide una respuesta política a un conflicto o problema que ya existe en la sociedad y que por los medios habituales, los del Estado actual con su Constitución y sus leyes, no se puede hacer, debido al bloqueo que ejercen las fuerzas instaladas actualmente en el poder.

Efectivamente amparado en su legitimidad legal, el Gobierno está imponiendo una política que ya sobrepasa la capacidad de su mandato político para acometer medidas sin un refrendo social. La ciudadanía se ve en la ruina y, en la calles de Madrid y de Barcelona, ha dicho que quiere decidir sobre las cuestiones trascendentales del Estado, en un momento de crisis social y política sin igual en la historia reciente. La derecha española, cerrada ideológicamente (como siempre, por demás), está en la estrategia de contener la marea confiando en el que “ya pasará”, enrocada en las ideas y el “estilo” político de otras épocas. Si hace falta “sacarán al general de la Guardia Civil”. ¡Fíjense en el nivel político que tienen estos individuos para el escándalo de Europa! No demuestran inteligencia política práctica; no se bajan del carro de sus ideas ni para darse un respiro. Sin auto-concederse el más mínimo margen de maniobra, están agravando el problema con la política de austeridad e imposición de sus recetas económicas y sociales. Antes hundirán al país que rectificarán. Demuestran estar en una franca decadencia… Y para que una revolución triunfe, un Gobierno decadente es el mejor aliado.

No aprenden del oponente. Se puede discrepar del Sr. Artur Mas pero ha demostrado inteligencia política. Ante la imposibilidad de continuar gobernando en estas condiciones, y visto el pulso de la calle, ha disuelto el Parlament para renovar el mandato popular. Se va a dar un margen político tan grande, que va a incluir una consulta sobre la autodeterminación, tanto si le dejan como si no, ha dicho. Si Rajoy demostrase un nivel de inteligencia política similar, vistos estos 10 meses de Gobierno, haría lo propio con el compromiso con el resto de fuerzas de iniciar un nuevo proceso constituyente, el de no pagar la deuda e incluso de salir del euro. Pero para eso hace falta algo más que inteligencia…

El sistema autonómico se ha manifestado como un contrapoder territorial que la crisis ha evidenciado. Los territorios cuentan y mucho y, a pesar de que el actual Gobierno del Estado llegó con la intención de “adelgazar el poder autonómico”, sólo se ha atrevido a recortarlas vía financiación. Los territorios son fuertes y parece que el Gobierno ha decidido rendirlos por hambre, mediante la vía de los PGE. Ideológicamente la derecha siempre ha pensado que la autonomía es un proceso de ida y vuelta, es un tic ideológico de una visión centralista nunca superada y que les ha llevado a un error de cálculo. Ahora parece que el sistema autonómico no sólo no tiene vuelta sino que ha llegado a un punto de no retorno. El pulso que desde la C. A. de Cataluña se está manteniendo contra el Estado va en ese sentido. Sin dinero no hay autonomía y mucho menos si te lo ha de traspasar un gobierno plantado en la “austeridad”, en ese caso sólo te queda pedir al soberanía fiscal y si no pasar directamente a la soberanía política. En este punto estamos… No resulta nada extraño que la “revolución independentista” se haya producido en una C. A. como Cataluña de régimen común y no en el País Vasco  que controla sus propias finanzas.

¿Y Aragón qué…? ¿Qué pintamos los aragoneses en esta revolución?

En Aragón el Pacto Fiscal se llama al Acuerdo Bilateral Económico-financiero, cláusula recogida en el Estatuto de Autonomía de Aragón, y el problema se plantea en los mismos términos: No hay dinero y no se pueden financiar los servicios que presta la autonomía. Pero aquí se acaban todas las semejanzas porque Aragón no tiene fuerza para plantear un órdago al Gobierno España-Madrid. Aragón se tendrá que aguantar. Rajoy no soltará el dinero, ni a propios ni a ajenos. De eso, Rudi, ya se ha dado cuenta. Ahora Aragón está en la fase de “derecho al pataleo”, que se materializó en la sesión del Plenario de las Cortes de Aragón del 4 de Octubre, por la que se instó al Gobierno de Aragón a “defender y negociar un sistema de financiación autonómica que sea justo y atienda las peculiaridades estatutarias, poblacionales y territoriales de Aragón”; una proposición no de ley que de bien poco servirá. Adolfo Barrena (IU) dijo que rechazaba transformar esta cuestión Aragón-Estado en “una lucha identitaria”, posiblemente para romper semejanzas con lo que está sucediendo entre Catalunya y el Gobierno central. Vemos que la identidad asusta a ciertas ejecutivas “cuneras” de los partidos aragoneses por muy “progresistas” que sean.

Según alguna encuesta, el 75% de los aragoneses piensa que debería profundizarse en la autonomía, lo que significa que la autonomía ha arraigado históricamente entre los aragoneses y que desean conservarla. Esto es fruto en parte de la permanencia en  el consciente colectivo y de la existencia histórica del Reino de Aragón. Lo que ya es por sí una marca de identidad, aunque le pese a Barrena. Aragón debería por tanto poder resistirla ofensiva re-centralizadora que desde las posiciones de la derecha se está promoviendo. Los aragoneses demuestran que su autonomía es para ellos algo más, por no decir mucho más, que los Bieles, Rudís, Soros o Barrenas que se mueven por la política aragonesa. Es muy didáctico que sepan separar a los gestores de la política, del propio concepto político de autonomía (que la derecha españolista quiere confundir), pues la autonomía es el mejor recurso político que tienen los aragoneses para encarar su propio futuro, por ello no deberían ceder, ni resignarse de ninguna manera a perderla o a vaciarla de contenido, sea cual fuere la forma y manera conque el Estado español lo intentase. Sería volver al régimen colonial de antes, seguramente agravado.

En los momentos más críticos y difíciles de nuestra historia los aragoneses hemos sabido articular nuestra propia opción política libre e independiente: En 1808 el Pueblo de Zaragoza, amenazado por un ejército invasor, puesto en España con permiso de los Borbones, expulsa a la máxima autoridad borbónica, el Virrey Guillelmi, convoca las Cortes, abolidas 100 años antes, que eligen a Palafox y preparan la defensa. El Pueblo aragonés, solo, libre e independiente, establece su forma de gobierno y empieza a ejercer funciones de Estado… En 1936, en la zona no ocupada por la sublevación militar-fascista de Aragón, se constituye, con las fuerzas políticas de izquierda con presencia en la zona, un gobierno que organiza el territorio y su defensa. El presidente de Estado Aragonés Gaspar Torrente saludó la formación de este gobierno, aunque luego cortara con él. Fue el llamado Consejo de Aragón, un gobierno aragonés, al margen del Gobierno central republicano, entre la zona sublevada y la Generalitat catalana, disuelto finalmente por el comandante estalinista Enrique Líster, enviado por Madrid.

Si en los peores momentos de su historia el Pueblo aragonés ha sabido dotarse de instituciones de gobierno e intentar resistir para abrirse caminos hacia la libertad, ahora no vamos a dejar que nos arrebaten lo poco conseguido. No les hemos de dejar que se aprovechen de la crisis para recortar, suprimir o ahogar la autonomía de Aragón. Más allá de Monreal de Ariza la opinión generalizada es que las autonomías tienen que desaparecer completamente. Se ha instalado la idea de que lo que está pasando en Cataluña es culpa del sistema autonómico. Cabe esperar una fuerte presión re-centralizadora a medida que se agrave el conflicto España-Cataluña y eso afectará a Aragón. En ese momento, el pueblo aragonés tiene que salir en su defensa, rodear las Cortes para defenderlas y decirle a los que hay dentro que si ellos no quieren resistir al Estado español que se disuelvan y se convoquen otras donde sí haya quienes lo hagan.

Esa ha de ser nuestra revolución, el intento de suprimir o aminorar o ahogar la autonomía de Aragón ha de considerarse casus belli. Motivo suficiente para que las Cortes se declaren soberanas para decidir el destino de Aragón.

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El “federalismo” del PSOE. Que todo cambie para que todo siga igual.

El PSOE ha comenzado una campaña federalista. Como respuesta a la marea independentista catalana, el PSOE ha sacado del cajón el viejo discurso federal y como consecuencia sus cuadros y dirigentes, muchos de ellos hasta hace poco fervientes seguidores del centralismo jacobino, se han lanzado a escribir artículos y hacer declaraciones públicas federalistas. Está bien.

Como es habitual en España, nada de esto tiene ningún eco en ningún parlamento, ni en el Congreso de los diputados ni en ninguna asamblea legislativa autonómica. Tampoco el PSOE da ejemplo en su estructura interna de una orientación más federal, y sin argumentos sólidos en los parlamentos, estas declaraciones hay que calificarlas, de momento, como pura propaganda.

En Aragón además podemos describir el caso de Mariano Berges, destacado dirigente histórico del PSOE, que ha pasado de defender un reforzamiento de las provincias a una solución federal en sendos artículos en El Periódico de Aragón en el intervalo tan sólo de unas semanas. Las consignas de Madrid se siguen a rajatabla, para bien o para mal, aunque signifiquen cambiar de posición públicamente en pocos días. La verdad, estas cosas restan credibilidad al discurso.

Por supuesto, estos conversos al federalismo, no nos aclaran en sus artículos de qué federalismo hablan, qué reformas constitucionales habría que plantearse en el debate ni qué posición ocuparía Aragón en el proceso de cambio de Régimen político. Para intuir algo en ese sentido hay que leer y escuchar a líderes españoles del PSOE y a periodistas y tertulianos afines. Y aun con todo no es fácil leer entre líneas, pero a veces dan claves de por dónde pueden ir los tiros.

En general, parece que apuestan por un “federalismo asimétrico”, como ya hicieron en 1978, cuando dividieron las Comunidades Autónomas en las del artículo 151 de la Constitución (las listas) y las del artículo 143 (las tontas, entre ellas Aragón, claro), y desde luego pilotado de arriba abajo, sobre la base de un renovado “consenso” entre las ejecutivas de Madrid de PSOE y PP, con la anuencia de PNV y CiU, como siempre. La única propuesta concreta que hay sobre la mesa es la extensión del Pacto Fiscal Vasco a Cataluña.

Recordar aquí que hay otro tipo de cultura federal en España, o la hubo: la representada por Pi i Margall, Presidente de la República Federal Española en 1875 y fundador del Partido Demócrata Republicano Federal, cuyo socio aragonés, el Partido Republicano Federal de Aragón resultó ser la fuerza política más votada en las elecciones municipales de 1868, las primeras en las que hubo sufragio universal masculino.

Igual que el PSOE vino a sustituir al PDRF como fuerza mayoritaria de la izquierda, el federalismo desde abajo (con el que se redactó el Proyecto de Constitución Federal para el Estado Aragonés, inspirado en la del Cantón de Ginebra) fue sustituido por el federalismo desde arriba que llamamos “autonomismo”.

Entre tanta propaganda, pues, no se vislumbra ninguna novedad sustancial, salvo la extensión del Pacto Fiscal a Cataluña,  y el proceso previsto parece calcado del de 1978, cuando quedamos relegados al furgón de cola de la autonomía. Y no debemos olvidar que ello coincidió con el desmantelamiento del PSA, frustrando así el nacimiento de una fuerza nacionalista aragonesa de izquierdas y propiciando la hegemonía del PSOE en la izquierda aragonesa durante años.

Podemos vislumbrar el futuro que nos tiene preparado el PSOE: una España pseudofederal, donde Cataluña y País Vasco, controladas por sus respectivas burguesías nacionalistas, tengan fuerte poder político y económico y el resto de comunidades o regiones queden reducidas a provincias con una cierta descentralización pero sin capacidad de maniobra política.

Para conseguir que Aragón no quede relegado de nuevo al furgón de cola, lo primero que debemos hacer los nacionalistas es unirnos en pro de la recuperación de nuestra soberanía. Lo demás ha de quedar en segundo plano, olvidarnos tanto de viejas querellas como de discursos maximalistas, si no queremos que el nacionalismo aragonés desaparezca del mapa político justo cuando Aragón más necesidad tiene de él, y que como consecuencia que nos vuelvan a torear como Pueblo.

Rafel F.

Secretario d’Organizazión d’Estau Aragonés.

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