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     El próximo 23 de diciembre, Estau Aragonés, con el resto de colectivos y personas que nos agrupamos en la Religada Nazionalista, haremos un sencillo homenaje a Juan V de Lanuza “El Mozo”, Justicia de Aragón en 1591, ejecutado por las tropas extranjeras al servicio del Rey, por defender los Fueros y Libertades de los aragoneses.

     Aquella derrota fue dolorosa, pero no significó la desaparición de Aragón como Estado, nuestros antepasados se vieron sometidos al Rey, en un proceso de formación de una monarquía absoluta, pero aún mantuvieron sus Fueros como Constitución Política. Es sabido que no fue hasta la victoria bélica del Borbón en la llamada “guerra de sucesión”, en la época conocida como “Guerra del Francés”, en que un Felipe V sostenido por tropas francesas, abolió casi todo nuestro ordenamiento jurídico y político. El Derecho Civil no, pues no fue capaz de afrontar la generalizada desobediencia de los aragoneses ante su política genocida.

     Pero el Reino de Aragón siguió saliendo en los mapas y aún nuestros antepasados, en la conocida entonces como “Segunda Guerra del Francés”, después bautizada por el nacionalismo español como “guerra de la independencia” se organizaron, eligieron Cortes de Aragón y enviaron sus diputados a Cádiz a elaborar la primera Constitución Española.

     Sin embargo, este evidente acto de autodeterminación política fue ahogado por los burócratas de Madrid, que no sólo no reconocieron ningún derecho político a Aragón, sino que, en 1833, dividieron a nuestro viejo Reino en tres provincias, meras administradoras de nuestro territorio, subsumido en un Reino de España centralizado.

     Hoy Aragón vuelve a existir políticamente como Comunidad Autónoma, y por muy insatisfactorio que nos resulte, hay que reconocer que ha significado un hito en la historia de Aragón, una mejora considerable en todos los aspectos.

     Pero ante la crisis que vivimos, la más profunda depresión desde los años 40, se han alzado voces en Madrid que culpan a “las autonomías” del déficit público y reclaman una recentralización del Estado. Obviamente, Estado Aragonés no va a caer en la trampa de, por pedir el programa de máximos, renunciar al de mínimos. Igual que reclamamos la soberanía para el Pueblo Aragonés, defenderemos la actual autonomía, por insuficiente que nos parezca.

     Pero hay un hecho cierto: la burocracia significa un gasto inasumible. Comenzando por la increíble cantidad de cargos de libre designación que dependen del Gobierno de España ¿Cómo es posible que hoy, que las competencias en Sanidad y Educación están totalmente trasferidas a las Comunidades Autónomas, haya más Directores Generales, Subdirectores Generales y asesores varios en esos Ministerios que hace 25 años cuando todavía gestionaban la mayor parte de esas competencias? El Gobierno de España, y sus monaguillos de la derecha, ha de ver la viga en el propio ojo antes de hablar de la paja en el ajeno.

     Pero a pesar de ello, hemos de ser conscientes de que en Aragón se pueden hacer cosas para disminuir drásticamente la burocracia sin que se vean resentidos los Servicios Públicos y que además signifique un avance de la Democracia. La medida es sencilla: convertir a Aragón en una Comunidad Uniprovincial.

     Esta idea no es nueva, de hecho, entre 1813, en que se aplica la Constitución de Cádiz, y 1833 en que se aplica la definitiva división provincial, Aragón funcionó como una provincia. Pero en Madrid decidieron que había que hacer muchas provincias: así habría más burócratas y el caciquismo sería un buen sostén para la oligarquía. Así nos va.

     ¿Qué conseguiríamos con un Aragón uniprovincial? Para empezar las tres Diputaciones Provinciales, con su casi centenar de diputados entre las tres, y sus cientos de cargos de libre designación, desaparecerían. Los funcionarios serían absorbidos por la DGA, así como el patrimonio de éstas y también la partida finalista del Ministerio de Admón Pública para subvenciones a Aytos. Así mismo, Aragón pasaría de elegir 13 diputados (7 en Zaragoza y tres por Huesca y Teruel) a elegir tal vez 10 en todo Aragón: el porcentaje para obtener diputado en las Cortes Generales bajaría de un 12% a tal vez un 8%. El ahorro en millones de euros anuales sería notable.

     ¿Qué perderíamos? Perderíamos tres nidos de caciques, que es en lo que han sido siempre las diputaciones, aunque ahora ocupadas por los partidos políticos: unas instituciones que no se eligen por sufragio universal y que reparten dinero entre los municipios de manera totalmente opaca para la ciudadanía. Se fortalecería políticamente al gobierno de Aragón frente a las Diputaciones Provinciales. Se fortalecería un gobierno elegido por sufragio universal frente a unas corporaciones elegidas de una manera antidemocrática, incomprensible para la mayoría de la población. ¡Ah! Y también habría 8 senadores y tres diputados menos en Madrid, pero ¿a cuántos de ellos conocemos por su nombre y apellidos?

     La conversión de Aragón en una Comunidad Uniprovincial fortalece la Democracia frente a la burocracia caciquil, reduce el gasto público sin afectar a los Servicios Públicos y le ofrece al Pueblo Aragonés la unidad político-administrativa necesaria para recuperar, en el futuro, su soberanía. Y todo ello sin conste perceptible alguno para la ciudadanía. Esa sería una buena forma de homenajear a Juan de Lanuza.

     Sin duda habrá fuerte oposición a esta medida, pues aunque cuenta con la simpatía de gran parte de la población, sin distinción de ideologías: muchos privilegiados que, como poco, bordean la corrupción viven en esos pesebres. Por eso hay que tener una posición firme: Estado Aragonés reclama a todos los partidos políticos que dicen defender los servicios públicos en contra de los recortes que sean consecuentes y decidan abandonar las Diputaciones Provinciales, reclamando su inmediata disolución y la conversión de Aragón en una Comunidad Uniprovincial.