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En imaginario constitucionalista, el Estado español es una democracia de las primeras del mundo, con una división de poderes “de lo más” y una independencia judicial absoluta. Quien no se lo crea, que se conecte a una de las tertulias de la “Sexta Noche” y allí podrá escuchar los argumentos de peso de los tertulianos que así se lo corroborarán.

Bromas aparte, el judicial ha sido en España y para muchas cuestiones, especialmente para todas aquellas que tienen repercusión política, una extensión del ejecutivo, un brazo ejecutor más del Estado, disfrazado de jurisprudencia con toga y puntillas. Con el fin de acallar la oposición política incómoda o evitar entrar en cuestiones que no interesa abordar por afectar a la estructura territorial o política del Estado, un conjunto de personas, no elegidas por nadie y una serie de normas al uso, favorecen esa traslación “cuántica” de lo político a lo judicial.

La cosa viene de lejos ¿Recuerdan los casos en que la Inquisición perseguía a los enemigos políticos del rey de turno? ¡Para qué si no, instauró Fernando El Católico la Inquisición castellana en Aragón! Para controlar y reprimir la oposición de las instituciones del Reino ¡Qué le podría importar al rey una bruja más o menos! ¿Les suena Antonio Pérez, un enemigo político de Felipe II que acabó perseguido por hereje? Más recientemente, recuerdo a un banquero que se quiso meter en política, y hasta se compró un partido político para él solo, le metieron en un caso de corrupción y allí acabó su carrera. O, el toque de atención que le dieron a alguien con aquella “Banca Catalana”, bien se lo ha cobrado. Y es que el judicial sirve para todo y se aprovecha para todo, hasta para dar un “castigo ejemplar” a una población rebelde por una pelea de bar.

En el caso de los presos políticos catalanes el método es análogo. Intentar dar un castigo, un aviso para navegantes y futuros independentistas. Sacar el independentismo de la política y meterlo en el cajón del orden público. Reprimir un movimiento que se ha demostrado que no es tanto de líderes como de masas. El independentismo catalán es por medios y fines la contestación al régimen del ‘78 mejor organizada, ni vascos, ni 11-M. Por tanto, no nos debe sorprender la triple respuesta del Estado: la policial, la mediática y, por supuesto, la que estamos tratando aquí, la judicial. Todas desmesuradas.

El Régimen borbónico no reconoce que nadie pueda hacer más política que la que cabe, según su propia interpretación, entre los márgenes del “constitucionalismo”. Por ello el Estado ha intentado descabezar el independentismo, actuando a sus representantes más visibles, como método para apartarlo del debate político. Pero ha pinchado en hueso, este proceder evidencia hasta que punto el juicio ha sido una pantomima que no se ha entendido en el resto de países con los que se supone que compartimos sistemas políticos homologados.

Entre tertulianos marca “la voz de su amo” y políticos “auto-considerados constitucionalistas” han construido una realidad paralela, una redefinición de “democracia”, en que la división de poderes se construye bajo la falacia de que el judicial ha cumplido su función y de que ha hecho cumplir las leyes, sin platearse que la discusión no es esa, sino la de por qué en España el Poder judicial se abroga esa función represora y por qué en España existen esas Leyes tan particulares que no conocen en el resto de Europa.