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Un gobierno cipayo en el Reino de Aragón

Cipayos.- Los cipayos eran una tropa colonial al servicio del Imperio británico compuesta por indígenas hindúes. Como el resto de la población eran nativos de la India, pero cumplían los objetivos y aplicaban las políticas del colonizador inglés.

Nueva Ley de Lenguas de Aragón, viejo legalismo.- La “última versión” de la Ley de Lenguas, recientemente debatida en las Cortes del Reino de Aragón, vuelve a los parámetros paralingüísticos que marca la definición legalista, que no científica, de “Modalidades lingüísticas”. Infausto concepto que no ha servido más que para boicotear cualquier regulación legal coherente de los asuntos lingüísticos en Aragón  por aquellos que niegan tanto que haya una cuestión lingüística en Aragón, como que deba tener una normalización de acuerdo a los parámetros culturales y científicos aceptados internacionalmente. No se trata de ignorancia, incluso los defensores de “Modalidades lingüísticas” saben de qué “modalidades” están hablando: de la Lengua aragonesa y de la Lengua catalana hablada en Aragón, por supuesto.

Modalidades Lingüísticas para no definir nada.- “Modalidades lingüísticas”, como legalismo, se recoge en la vigente Constitución monárquica española de 1978 y es un término desafortunado desde la consideración que carece de cualquier base científica. Sencillamente se lo inventaron. Ningún estudioso de las lenguas ni nacional ni extranjero lo ha empleado previamente. Más desafortunado fue el momento en que se incorporó al Estatuto de Autonomía de Aragón, donde ha permanecido en sus sucesivas reformas sin modificación alguna. Fruto de la escasa conciencia idiomática de aquel momento, consecuencia de la odiosa tendencia de los políticos aragoneses a legislar por remisión y por copia literal de preceptos de reglamentaciones superiores, sin plantearse siquiera adecuarlos a las circunstancias de su tierra, ha quedado como un baldón, como un impedimento a la apertura a la realidad lingüística de Aragón. “Modalidades lingüísticas” es un término incorrecto, una especie de saco que contiene una sustancia completamente inclasificable, empleado para mantener todo lo que se le quiera meter en la más absoluta indefinición e inconcreción. Sin embargo, y precisamente por ello, les viene bien para esconder las dos palabras que más hacen crujir los parámetros de lo que la derecha nacional y regional (y algunos elementos de la izquierda también) entienden por la identidad de un Aragón “español”, esconder que estamos hablando realmente de dos idiomas el aragonés y el catalán de Aragón.

Legalismo como estrategia contra Derechos.- Invocar el legalismo es la estrategia generalizada de la derecha españolista y españolizante (PAR) y ha sido empleado no sólo en Aragón, sino en todo el Estado en general, para atajar el avance y la actitud de políticas progresistas respecto a las cuestiones que afectan a la sociedad. Es una corruptela legal. Es el ejercicio antidemocrático del Derecho.  Resulta adecuado a la ideología derechista actual de recortes y de regresión de derechos sociales y políticos (normalmente ya alcanzados y consolidados). Sirve para todo: tanto para dictar una nueva ley de educación, como para imponer políticas de austeridad, o para proclamar la supremacía del idioma oficial del Estado, o como, en el caso de los partidos de gobierno en Aragón, para borrar cualquier referencia de identidad colectiva en las lenguas de Aragón. El legalismo es subvertir la realidad por el texto de la Ley (enfrenta texto legal a ejercicio amplio de los Derechos civiles). Es la marca de estos que se dicen constitucionalistas y autonomistas y que siempre andan pidiendo el “estricto cumplimiento de la Ley”, aunque sólo y para lo que conviene a sus objetivos. El alcance que tiene es el ridículo, porque va en contra del sentido común y la racionalidad. Tenemos el ejemplo más reciente en el ese ministro llamado Wert y su esperpéntica Ley. No hay sindicato ultraderechista que no invoque o practique el legalismo. Todos conocemos de alguno que ha hecho de la “acusación popular” su principal método de acoso político al amparo de la legalidad. También el aragonés y el catalán de Aragón tienen a la zaga sus propios sindicatos ultraderechistas que le hacen la persecución… ¿El aragonés también? Pues sí. Bajo la marca “lengua-común-punto-es” en alguna web alguien hace un ejercicio supremo de analfabetismo, ideología españolista, anti-aragonesismo y desprecio a los derechos civiles de los aragoneses.

Negar el nombre para desvirtuar el derecho.- Pretenden por Ley negar la existencia de los idiomas no castellanos de Aragón (llegando al absurdo de legislar sobre algo que no se quiere ni nombrar, hasta ahí llega la tontura de esta gente) para no tener que enfrentarse a la carga identitaria que conlleva la mera pronunciación de sus nombres. Porque Aragonés y catalán de Aragón no caben en el ideario casposo de la derecha españolista y españolizante de Aragón. En su mente, se les haría tan complejo la estructura de la realidad identitaria y cultural aragonesa que simplemente, ¡optan por ignorarla!. En su esquema ideológico de una Nación española (concepto legalista donde los haya) hay definido un idioma oficial, el castellano y no otro (el español legalmente no está recogido en la Constitución española, ¡mira por donde el español no es un idioma español!, será hondureño o nicaragüense, pero no español). Aragón estaría pues según ellos inquebrantablemente encuadrado en esos parámetros nacionales y las demás lenguas que se hablan en esta tierra serían “residuos” de una idiosincrasia medieval, vernácula o arcaizante, ¡o vaya usted a saber qué…! En esta ideología casposo-españolista el concepto Aragón Trilingüe no es computable. Un Aragón donde, además del castellano oficial, se tenga que reconocer otra lengua, el aragonés, que además es autóctona, por tanto nacional de Aragón (marcando además una inequívoca identidad idiomática aragonesa propia) y otra más, que para “colmo de males” (según su pensamiento) es la que se habla en la C. A. vecina, donde el nacionalismo es ideología dominante y se ve como amenaza desde este lado, supone para estos elementos un conflicto identitario irresoluble. “Irresoluble” sólo por su propia incapacidad política para asumirlo y resolverlo. Y “conflicto” sólo porque no son capaces de entender la realidad de que en Aragón hace ya siglos que vienen hablándose tres lenguas. ¡Tanta ignorancia, tanta incapacidad y tanta cobardía no se pueden ver juntas más que aquí!

Aragón en la batalla ideológica del españolismo contra los particularismos.- Estas buenas gentes de la derecha españolista y españolizante de Aragón lo que pretenden es evitarnos los conflictos identitarios que arrasan en otras C. A.” “¡Oh bondadosos próceres!”. Buscan con ello, mantener alejada nuestra política de los “malos rollos que da el debate sobre la propia  identidad”, pero sobre todo lo que buscan es que nuestro propio concepto como colectivo humano permanezca subordinado, perpetuamente identificado y nunca puesto en duda con la pertenencia y dependencia cultural del Estado español. Es por eso que “sus objetivos no son aragoneses”. Es por eso por lo que es un “gobierno cipayo”, porque no se supeditan a los intereses y necesidades de la población que administran, sino a las de una entidad administrativa superior y foránea que los quiere ligados a ella, no sólo en lo político sino también en la identificación cultural, negando la evidencia del particular componente idiomático de Aragón. Son, se dicen y parecen aragoneses, pero obedecen por encima del interés objetivos de los ciudadanos aragoneses una voluntad colonial que les bloquea las vías de desarrollo y normalización cultural como pueblo. Desde fuera nos están mirando con la estupefacción que produce que en pleno siglo XXI hay un gobierno incapaz de dar respuesta con racionalidad a la cuestión lingüística de su propio país, con una mentalidad colonial de cortas miras, plegado la presión y los intereses de las versiones locales de los lobbys ultraderechistas y ultraespañolistas, que son completamente ajenos al fondo y a la cuestión técnica y social de las lenguas, que sólo intervienen por intereses ideológicos y que están metidos en la estrategia del entorpecimiento, boicoteo y bloqueo de iniciativas de normalización política de realidades sociales emergentes que, desde la cuidadanía, exigen su reconocimiento legal. Hoy la ultraderecha actúa así y así se quiere llevar el gato al agua, pero en buena parte es la permisividad y el envalentanamiento que les da no tener enfrente un movimiento de reconocimiento del aragonés y del catalán de Aragón unido que presente batalla ante las instituciones.

La necesaria unidad para parar a los cipayos.- La imposibilidad de un movimiento de reconocimiento de las lenguas unido se hizo evidente en el II Congreso del Aragonés, a donde los enviados en representación de la Administración cipaya aragonesa de entonces llegaron un tanto asustados porque no sabían a lo que se iban a enfrentar. Se les veía en la cara. Pero incapaces de presentar ante ellos un perfil unido, las asociaciones del aragonés y personas a título individual allí presentes, los representantes mudaron en un semblante de satisfacción de ver que no tendrían que bregar con una plataforma fuerte y unida a la que hubiera que hacer caso, sino contra varios grupos muy fraccionados y débiles con nula capacidad de influir políticamente. Si alguien imagino alguna vez un “lobby por la Lengua aragonesa” allí mismo fue enterrado.

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Escrito hace 10 años. Retrospectiva de un PP que amenaza con volver.

El Prestige del PP o lo que son capaces de armar.

El "Prestige "del PP o la que son capaces de armar.

Adjuntamos 4 escritos de nuestro compañero Arnau de Borau con el factor común de referirse al PP y estar escritos hace casi 10 años. Salvando los hechos a que se refieren, nos parecen de una actualidad innegable. A dos meses de unas elecciones generales que dicen que van a ganar, una parte de la población del Estado español parece dispuesta a repetir los mismos errores con ellos. Sirva esto para recordar que son los mismos y que no han cambiado nada. En Aragón, que siempre andamos cortos de recuerdos, también nos conviene recobrar la memoria.

20-11-2001.- Formas políticas en Aragón

El PP de Aragón constituye el compendio de desvergüenza política más grande que podría existir en un país democrático. Actúan respecto al Pueblo aragonés con un descaro rayano al desprecio.

¡El Sr. Gustavo Alcalde presidente del PP aragonés no ha dudado en ir a Bruselas como sayón de los más reconocidos verdugos de Aragón: Zaplana, el Presidente de Murcia, Arenas y otros canallas, a defender las “bondades” y a pedir financiación para el PHN [Plan Hidrológico Nacional]! ¡Acude como coadyuvante de un proyecto nefasto y contra la tierra donde él ejerce su carrera política! ¡Eso es completamente indecente!

Sin embargo, no es lo peor, porque se podría hasta “comprender” que el Sr. Gustavo Alcalde “se deba a…”, sea “la voz de su amo”, obedezca una jerarquía o mantenga “prietas las filas”. Lo peor, para mi, es que no se haya montado un escándalo político mayúsculo entre la clase política de Aragón, ni haya habido resonancia social, (parece que Iglesias “dijo algo”) No entiendo  que la gente, que parece que tiene un cierto nivel de cultura política, todavía espere ver “una cuenta de resultados” del PP para decidir su voto. Pero, ¿es que no es ya evidente lo que están haciendo? ¿No ha dado ya pruebas que el PP toma a Aragón como campo de aprovisionamiento de recursos para fidelizar otros territorios, y donde entrenarse y tirar contra los particularismos, el aragonesismo o cualquier otro “-ismo” periférico o autonomista que podamos imaginar?

Es un claro síntoma de que están abusando del bajo nivel de cultura política que se gasta en Aragón. Esto en otros lados no sucedería y de hecho el PP no gobierna donde el nivel de cultura y conciencia política de la ciudadanía es alto. En Aragón, y en particular en Teruel, hemos tenido siempre la tendencia de ir agarrados del pantalón de quien ha mandado en cada momento. Cuando mandaba Franco, “éramos de Franco”, ¡que remedio!, y aunque no era necesario pasarse, “excesivamente de Franco”; cuando UCD, de UCD, ya podíamos escoger, pero no, seguiamos la corriente; vinieron los Socialistas, y del PSOE, por si acaso, y con el PP, pues del PP, por supuesto, a pesar de que “Teruel Existe” ha metido el dedo en el ojo del PP. ¿Podemos quejarnos de tener tanta cortedad política y esperar ser bien tratados y respetados? Pues no, porque yendo siempre a remolque del que manda, uno se hace poco de valorar, pues ya está entregado. Siempre hemos estado con el que tenía el poder y así nos ha lucido: emigración, explotación y falta de inversiones.

Aún así continuamos sin aprender y aunque me pese decirlo: merecemos recibir bofetadas como el PHN, a ver si vamos madurando, o reveses como el de la Ley de Lenguas para enterarnos de una vez contra quien nos la jugamos en Aragón.

La última: en un espantoso “remake”, al estilo de las “adhesiones inquebrantables al régimen”, 103 profesores de la Universidad de Zaragoza, alguno con escudo preconsticional en la solapa, firman un manifiesto, como si no fuese bastante la visión de ese “escudito”, a favor de la LOU [Ley Orgánica Universitaria, del PP, muy contestada por profesores y alumnos]. ¡Vamos, lo no visto en ninguna otra Universidad española, excepto Valladolid! ¡Vaya elementos que se mueven por la Universidad!

12-3-2002.- Patriotismo Constitucional

El PP trata de apropiarse del concepto político común “Constitución” y, dentro de la ofensiva para armar ideológicamente un neo-centralismo, nos quiere embaucar con esa barbaridad del “patriotismo constitucional”, enmarcado en su maniobra para hacer retroceder el proceso autonómico.

Pretendiendo ser más “constitucionalistas” que nadie, se apartan del auténtico camino de la democracia. Vuelve la derecha del caudillaje y los laureles patrios que, sin Principios Fundamentales del Movimiento que le valgan, toman ilegítimamente y tergiversan el texto constitucional para darle el uso ideológico que le dieron a aquellos “principios”, buscando la adhesión inquebrantable a su programa e ideología política.

Pero no engañarán a quien no quiera ser engañado. No hay nada dentro de la vigente Constitución de 1978, que consagre nada parecido a un “patriotismo constitucional”. El PP está adoptando un lenguaje “políticamente incorrecto”, y eso es peligroso, porque solamente puede sustentarse en un periodo superado de nuestra historia. La vigente Constitución se hizo para borrar ["olvidar" diríamos ahora] los excesos del “patriotismo franquista”. No pretende que haya patriotas, ni siquiera invocando su nombre, más bien exige el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado y el respeto por las minorías lingüísticas y culturales; objeto que, por lo que respecta a Aragón, se ha boicoteado desde el PP, violando el mandato constitucional.

Por todo ello concluimos que detrás del patriotismo constitucional hay toda una retórica reaccionaria que sirve de soporte ideológico al intento de echar marcha atrás el proceso democratizador y descentralizador del Estado español de los últimos 25 años. Así lo atestiguan las actuaciones que en el plano de la realidad ha llevado a término el gobierno del PP. Hay un intento en ello de alejar de la práctica política los principios que han llevado a término ese doble proceso democratizador y descentralización, recogidos en la Constitución española de 1978, englobándolos bajo ese concepto inconsistente ajeno al ordenamiento jurídico del Estado de “patriotismo constitucional”, imposible de extraer ni siquiera en una interpretación laxa de la constitución y del bloque de leyes que la desarrollan, y cuya administración pretenden abrogarse para dejar fuera a toda contestación o toda disidencia a sus particulares designios, para descalificar políticas alternativas a la suya, para atribuirse en exclusiva la interpretación.

Pretenden vaciar el texto constitucional español de una interpretación dinámica, pretenden acabar con lo que tiene de “pacto de buen entendimiento”, que mejor o peor han mantenido un estatus quo sin conflictos insuperables en la política social y territorial del Estado español. Pretenden encerrar todos esos principios, esa práctica política bajo un corsé ideológico, imposible de consensuar porque se funda en una intención subyacente de una política de exclusión, de satanización, principalmente del nacionalismo y de los movimientos sociales de izquierda.

21-11-2002.- PHN y Ley de Lenguas

El PP hace en Aragón lo que se atrevería hacer en pocas partes del Estado español. La derecha española, esa que jamás han condenado el régimen de violencia franquista, que en otros sitios se abrogan el título de constitucionalistas, “impasible el ademán”, y se declaran víctimas inmediatas del radicalismo, tratan esos mismos derechos constitucionales de los aragoneses con la misma sensibilidad que se tratarían en un negociado franquista.

En Aragón, el PP estira a placer su músculo jacobino, pone en práctica su ideología fundamentalista para hacer recular la descentralización política y cultural del Estado. Lo hacen aprovechando el raquitismo político de Aragón en el Estado, el inconsistente armazón ideológico de sus partidos y, sobre todo, la práctica de un miserable posicionamiento personal, como uso político generalizado dentro y fuera de los partidos aragoneses, que condenan a la política aragonesa a un estado de frustración continua, a pesar del interés y la voluntariedad de la ciudadanía respecto a los temas que le afectan.

Así, en perjuicio de Aragón, para que se sepa “quien manda” y acompañado de una fuerte campaña mediática de descrédito contra la protesta, se impone el PHN desde el PP, con el doble objetivo de socavar la base social y política del nacionalismo de derechas catalán y de asegurarse el voto “popular” en el “Arco mediterráneo”, mediante la formación de una “amplia clase de potenciales beneficiarios” del Plan.

En Aragón, en un ejercicio absoluto de rigorismo españolista quieren dinamitar el primer intento serio de normalizar el uso del Aragonés y el Catalán en Aragón, oponiendo a los derechos constitucionales de los hablantes un argumento como el de que “la cooficialización de dos idiomas que no es sino un intento de utilizar la lengua como identidad, como factor de diferenciación nacional” y que “la identidad de Aragón no se basa en una lengua común” en fiel reflejo del integrismo cultural que rezuma de las mentes del PP. Aún así, ¿puede algún político de nuestra tierra pensar en consensuar una Ley de Lenguas? Pienso que lo realmente democrático es prescindir del consenso del PP y sus aliados, presentes o futuros, porque nunca permitirán que se apruebe.

15-12-2002.- Pero, ¡qué torpes son!

 Ha tenido que ser un barquito [El petrolero "Prestige"], eso sí,  perfectamente “globalizado”… ¡Qué cruel ironía para esos tan firmes defensores de la Globalización! Patrón de un país, armador de otro, bandera de otro… Ha tenido que ser ese barquito hundido el que tiñese los dorados brillos de este “centro reformista liberal” del gobierno de España del negro betún de la derechona oscurantista de siempre. Esa derecha prepotente y señoritinga, que no dejó de asistir a sus saraos cinegéticos [Algún ministro se pasó la crisis cazando] a pesar del drama humano que se avecinaba. ¡Que torpe se ha revelado en gobierno del PP ante la tragedia! Incapaz de tomar medidas previsoras ha intentado escurrir el bulto, negar lo evidente, coartar a la prensa, mentir a la opinión pública sobre la dimensión del desastre [Años después actuaría igualmente en el 11-M].

 [El Prestige fue un buque petrolero monocasco de Liberia, bandera de Bahamas y capitán de Grecia, que el 19 de noviembre de 2002 se hundió frente a las costas de Galicia (España), ocasionando un vertido de fuel-oil que provocó uno de los mayores desastres ecológicos de la historia del país. Gobernaba el Partido Popular con el loco Aznar a la cabeza]

 

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La Ley de Lenguas no es el punto final a la cuestión de las Lenguas de Aragón

 

 

Respecto a la Ley de Lenguas de Aragón que recientemente ha entrado en vigor (Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón, en su nomenclatura legal), no tenemos más remedio que manifestar nuestra indignación por considerar que en esta Ley se produce un desfalco a los derechos lingüísticos del Pueblo aragonés. Hay que advertir, por si alguien no se ha enterado todavía, que la ley no concede la categoría de oficiales, junto al castellano, a la Lengua aragonesa y a la Lengua catalana de Aragón.

 

Sí, señores, hay que decirlo: La Ley de Lenguas de Aragón puede que tenga algunas virtudes según quien lo mire, pero representa un auténtico expolio a la cultura aragonesa y a su normalización en su propio país, Aragón. Es un fraude en el fondo y en la forma. No sólo porque aminora el alcance de las previsiones de una norma anterior, rompiendo un consenso político previo (parece ser que algunos de nuestros legisladores no respetan los pactos políticos anteriores, ni las expectativas que ello puede despertar en los derechos de los ciudadanos aragoneses), sino también porque puede estar vulnerando algún precepto de la Constitución Española (CE.) de 1978 por la cual nos regimos de momento, queramos o no, en Aragón. Es decir, que algunos de los legisladores autóctonos, no están dispuestos ni a concedernos lo que concede en su Constitución el Estado español (como dependencia suya que somos) y a que el aragonés y el catalán de Aragón sean cooficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón.

 

Antecedentes históricos y legales:

 

La Disposición Final de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés disponía que “Una ley de lenguas de Aragón proporcionará el marco jurídico específico para regular la cooficialidad del aragonés y del catalán. Hay que remarcar que lo de “cooficialidad” no admite equívoco. Esa promesa de una Ley de Lenguas (con la cooficialidad incluida) se ha considerado una concesión del PP a la CHA, cuando quería hacerle “la pinza” al PSOE en Aragón. Pero, independientemente de los motivos para su redacción; como norma jurídica, suponía establecer un mandato legal que comprometía a la cooficialidad de las tres lenguas y que, como tal mandato, creaba unas expectativas a los aragoneses; una especie de derecho adquirido que sólo quedaba pendiente de articular para poder ser ejercitado (la mayoría de derechos y su ejercicio siguen esta pauta legal)

 

Pero los actores cambian pronto. Ese mismo año de 1999 gana el PSOE que con el apoyo del PAR se hace con el Gobierno de Aragón. El nuevo Consejero de Cultura y Turismo Javier Callizo Soneiro, del PAR y de la Val d’Hecho para más información, presenta con fecha 13 de Diciembre del 2000 una consulta a la Comisión Jurídica Asesora (CJA), que emitirá el Dictamen 3/2001, de 30 de enero de 2001. (Se puede consultar en el siguiente enlace  http://portal.aragon.es/portal/page/portal/CJA/DICTAMENES/DICTAMENES01/CONSULTAS/003.PDF). Hay que decir que la resolución del CJA no es vinculante de ninguna manera. En el escrito el Consejero plantea dos preguntas:

a) Si es constitucionalmente posible, de acuerdo con los artículos 3 de la Constitución Española y 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón, establecer y regular la cooficialidad de una lengua, distinta del castellano, mediante una Ley ordinaria de las Cortes de Aragón.

b) Efectos legales de lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.

Decir de antemano que es un dictamen instrumental; un documento preparado para justificar la iniquidad que posteriormente se perpetrará contra la Disposición Final de la Ley 3/1999, la de la cooficialidad, que tan incómoda resultaba a la mentalidad colonial de algunos señores.

 

El fundamento del dictamen es una libre interpretación del artículo 3. 2 de la Constitución de 1978 que dice literalmente: “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Ello es traducido sui generis por el ponente de la CJA como: “Que las otras lenguas españolas (sin que precise el texto constitucional cuáles sean éstas) podrán ser también oficiales, pero para ello es necesario un pronunciamiento específico en el propio Estatuto de Autonomía. Parece evidente que en el caso del Estatuto de Autonomía de Aragón no existe tal decisión en el art. 7 [C.J. II. b. del Dictamen 3/2001 de 30 de enero de 2001].

 

¡Hombre, no!… Ellos han hecho todo lo posible para que no exista tal pronunciamiento específico en las sucesivas reformas del EAA., sabemos la poca estima que les tienen a las lenguas de Aragón, pero hemos podido leer precepto constitucional y hemos visto que tampoco prevé un un pronunciamiento específico de oficialidad en los Estatutos. Más bien el sentido iría en lo que se recoge en la Sentencia del Tribunal Constitucional 82/1986, “La cooficialidad en el uso de las lenguas no deriva de esta Ley [Se refiere a una ley vasca objeto de la sentencia del TC.], sino directamente del art. 3.2 de la CE. y determina obligaciones para todos los poderes públicos en la Comunidad Autónoma con dos lenguas oficiales, no sólo para los poderes públicos de la Comunidad Autónoma”.(…) “La competencia del País Vasco para regular la cooficialidad deriva directamente del art. 3.2 de la CE. En consecuencia, el alcance de la cooficialidad es, por imperativo constitucional, materia propia de las Comunidades Autónomas, que sólo encuentran en su determinación los límites materiales que establece la Constitución”. La competencia para Aragón deriva del mismo precepto, lo que pasa es que no la quieren ejercer porque son colonialistas y porque no les ha dado, ni les da, ni les dará la gana. Mucho tendrán que cambiar las cosas.

 

La interpretación más “generosa” del artículo 3.2 de la Constitución de 1978 quedaría en que “serán también oficiales”, sólo puede significar que se establece un mandato constitucional a las Comunidades Autónomas (y la obligación por supuesto), con “lenguas españolas”, de reconocerlas como oficiales, sin que la coletilla “de acuerdo a sus Estatutos” suponga que tienen potestad para declararlas finalmente oficiales o no, sino simplemente la de regular el ejercicio de la cooficialidad de sus lenguas (esto es lo que preveía la disposición final 2 para la Ley de Lenguas), sin que puedan negarla. Una interpretación más restrictiva si que sería inconstitucional, por lo que el Dictamen del CJA es incorrecto.

 

La del art. 3.2 de la CE. una concesión amplia de la Constitución de 1978. Esto se hizo en el momento de la Transición cuando la cuestión lingüística aún se consideraba en unos términos de valor supremo de la cultura inmaterial de toda la ciudadanía, despolitizada y suprapartidista, y no se pensaba todavía en que fuese empleada como un elemento recurrente para encrespar la agresividad y el enfrentamiento en cualquier debate político y para atacar permanentemente a cualquier nacionalismo cultural, tal y como se viene haciendo actualmente. Conviene no olvidarlo.

 

En resumidas cuentas que a la pregunta a) del Consejero de Cultura Javier Callizo Soneiro, el dictamen de la CJA no aporta ningún precepto ni legal ni jurisprudencial que impida expresamente establecer y regular la cooficialidad de una lengua, distinta del castellano, mediante una Ley ordinaria de las Cortes de Aragón, sólo se apoya en la interpretación libre e del ponente de algunas sentencias del Tribunal Constitucional que no entran a tratar ni directa ni por analogía la cuestión planteada al CJA. El ejemplo que se da del bable no sirve, pues parte de un recurso de Amparo interpuesto por un ciudadano que presenta ante la Administración asturiana un escrito en lengua asturiana, pero es que resulta la cooficialidad del bable no está recogida ni en el Estatuto de Asturias ni en ninguna otra Ley asturiana, la del aragonés sí, en una ley aragonesa, por lo menos hasta hace poco.

 

Respecto a la pregunta b) del Consejero, sobre los efectos legales de lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, el dictamen de la CJA se la despacha a legando que “según lo dicho sería inconstitucional, pero que no lo es porque no ha sido declarada así por el TC., pero que toda la legislación derivada de él lo sería, sin lugar a dudas”. En fin respuesta de pero grullo: aquí todos se creen sabedores de antemano del sentido de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

 

Pasan diez años (tanta dilación forma parte también de la vergüenza que provoca todo este proceso) seguimos con un PSOE en el gobierno, un PP en la oposición, opuesto a cualquier regulación  de la cuestión lingüística (en este caso), y un PAR, en su línea, dispuesto a ejercer cualquier método de filibusterismo parlamentario, para bloquear la Ley de Lenguas, si no se aceptan sus planteamientos del rechazo frontal a la cooficialidad del aragonés y del catalán… Y con todos esos antecedentes pasa lo que ha de pasar:

 

En la única Disposición Derogatoria de la Ley de Lenguas, finalmente aprobada, pone, “Queda derogada la Diposición final segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en la presente Ley”. Se deroga pues, en el fondo y en la forma, la cooficialidad del aragonés y del catalán de Aragón, en principio ya ganada para la ciudadanía aragonesa, y que esta Ley debía de desarrollar, no derogar… Esto supone subvertir el espíritu un mandato legal que se comprometía a la cooficialidad de las tres lenguas y le da un giro impropio al objetivo de la Ley de Lenguas, que sirve realmente para eliminar del Ordenamiento Jurídico aragonés la referencia a la cooficialidad. Hay que decirlo: “La cooficialidad del aragonés y del catalán de Aragón ya existía en el Ordenamiento Jurídico aragonés”, pero en un acto de trilerismo parlamentario, en una disposición derogatoria, nuestros legisladores la han hecho desaparecer. Esto es un abuso de la potestad legislativa de sus señorías. ¡Qué falta de respeto a la palabra dada al Pueblo aragonés! ¡No pueden legislar a la venezolana! ¡La potestad legislativa, por muy exclusiva que sea, no se puede ejercer sin honestidad! Se puede, pero no se debe, si no quieren entrar en terreno de la desfachatez:

 

Y es que para más burla, en el Preámbulo de la Ley de Lenguas se invoca la disposición final segunda de la Ley 3/1999, como un precepto que inspira la Ley que se promulga y luego se deroga ese mismo precepto… ¿Es eso decente? Ni ética ni estéticamente admisible, por supuesto. ¡Qué desvergüenza! Pero está ahí escrito, en la Ley, patente y claro, como constancia el fraude y de la trampa que se ha hecho.

 

Conclusiones:

 

En definitiva, nuestros políticos y legisladores nos han demostrado que están en perpetuo conflicto con la identidad y la cultura de los aragoneses. Tienen un evidente odio (de origen y genealogía compleja) por lo aragonés, que al fin y al cabo es un “auto-odio”, en muchos casos, que demuestran sobradamente con la cicatería que administran los alcances políticos y legislativos en su propia tierra. Un síntoma de esquizofrenia política muy grave. Preferirían que el pueblo que administran no tuviera tales manifestaciones (es lo que se destila de la “propuesta de no propuesta de una Ley de Lenguas del PP”), pero como las tiene, piensan que ignorándolas y apartándolas del uso oficial irán muriendo poco a poco. Como dirigentes, si quisieran entender y amar el ser y el espíritu de este Pueblo no deberían entorpecer, sino admitir, con naturalidad, el hecho de que hay aragoneses que además del castellano hablan el aragonés y el catalán y que eso debe tener una traslación no sólo a la vida pública, sino también a la oficial, y con las máximas garantías de uso social y en plenitud de alcance en todas las Administraciones aragonesas. Porque es un derecho de la Ciudadanía, o aunque lo fuera sólo de una parte de ella, porque es una de las concesiones más importantes a las identidades nacionales, que hace la constitución política del Estado español, que es la que se aplica aquí en todo caso y supuestamente debería ser también para lo bueno.

 

El conflicto nace de un planteamiento base de estos políticos: La creencia de que deben mantenerse como punta de lanza del españolismo en su versión más asimilacionista en el Nordeste de la Península, Bastión de los más españolistas entre los españolistas, el portaviones españolista anclado en el área de la vieja, mal agregada y siempre levantisca Corona de Aragón, donde el recuerdo de la pasada independencia pesa y pesará por siempre en sus pueblos, donde persiste u está presente la cultura autóctona, donde hay ciudadanos que resisten a la colonización de la cultura castellana.

 

Tanto desde la derecha y como de la izquierda regional, tanto cuneros como autóctonos, en cada caso, se creen en la obligación de mantener el tópico de un Aragón españolista, como el discurso políticamente correcto. A falta de un discurso propio, y de las ganas de elaborarlo, adoptan el del centro (el españolista) para marcar contraste con el más próximo, el vasco-navarro por un lado y el catalán-valenciano por el otro, con los que ha habido y habrá siempre pendientes cuestiones de cercanía y agravios comparativos, consustanciales por ocupar el mismo ámbito geopolítico. La solución no es para ellos elaborar argumentos políticos de base identitaria, porque para ello hay que armarse ideológica y políticamente y aguantar la arremetida españolista (esto es impensable), porque supone una solución considerablemente más costosa y compleja de la habitual, que conllevaría superar además ese complejo de inferioridad tan arraigado en nuestra clase política (esto es imposible). La solución es para ellos de “no contrariar”, no parecerse en el método ni en la forma a los nacionalismos que nos rodean y de hacer seguidismo cuando no sublimar el discurso “políticamente correcto del centro”. Por eso hablamos de colonial y colonialismo cuando nos referimos a la estructura y a la clase política de Aragón.

 

No busquemos por lo tanto en estos políticos un concepto de lo aragonés como valor supremo de la política aragonesa, si así fuera, con todas las potestades que les concede la Constitución española, el Estatuto de autonomía, su propia potestad de legislar y su acción de gobierno podrían llegar a lo máximo en el fomento, protección y recuperación de las lenguas de Aragón. No es una cuestión de presupuesto, ni técnicamente imposible, ni inconstitucional (El TC. no se ha pronunciado nunca en un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley ordinaria que regule la cooficialidad de lenguas), ni siquiera de capacidad legislativa, ¡que la tienen!, como lo han demostrado para derogar otros preceptos. Es una cuestión mental y de ejercicio de la voluntad política; de ganas de comprender lo que es Aragón, de aceptarlo y a partir de ahí de considerarse también valedores (de amparar, de proteger, de patrocinar) de lo aragonés, actuando en consecuencia y hasta la última consecuencia. Es una sencilla cuestión de amor hacia la tierra y de respeto a la gente que administran, independientemente de la militancia política y para lo que no hay que ser ni siquiera aragonesista. Pero no vayamos a creer en entelequias.

 

Para acabar:

 

Rechazamos esos modos ramplones de proceder, sobre la base de corruptelas legales (escudarse en una exacerbada legalismo como la del dictamen aducido es cobardía interesada para no mojarse y luchar por los derechos lingüísticos de los aragoneses), de componendas, sacando provecho de la apatía de la gente, del bajo nivel de estima por lo propio y de la división de los agentes sociales aragoneses. Nuestro respeto a los que, a título particular o desde las asociaciones de defensa del aragonés interpretan esta Ley, a pesar de todo, como buena, pero no nos conformamos. No pueden salirse con la suya. La próxima batalla hay que plantearla por la oficialidad del Aragonés, pero ya en la consideración de Lengua Nacional aragonesa con derecho a ser oficial.

 

Desde estas páginas declaramos la voluntad y nuestra disponibilidad a constituir con todos los agentes sociales implicados y comprometidos con el aragonés un movimiento por la oficialidad de la Lengua Aragonesa e invitamos a los defensores de la Lengua Catalana de Aragón que hagan lo propio para trabajar juntos por la oficialidad del aragonés y el catalán de Aragón.

 

Arnau de Borau

Aragón, febrero de 2010.

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La Identidad en la política de Aragón.

En el pasado Alderdi Eguna (día del partido), los dirigentes del PNV se quisieron reafirmar en que su partido representa el vasquismo político y por lo tanto se consideran legitimados para representarlo y gestionarlo en toda su extensión. En su posición de partido de la mayoría nacionalista de Euskadi, el PNV se declara depositario de las esencias políticas del vasquismo e incluso de lo vasco mismo. Es el efecto político del frente antinacionalista, liderado por Patxi López. El PNV tenía que dejar claro esta precisión ideológica tras perder el Gobierno de Euskadi. Es además una reacción consecuente con ello, pues representa un toque a rebato por lo que pudiera venir de la mano de la alianza entre PP y PSE-PSOE. En Catalunya es CiU quien ha pretendido representar ese papel, “la Casa Gran del Catalanismo” la llaman, aunque matizadamente porque, a diferencia del PSOE vasco, respecto al vasquismo, el PSC catalán tiene buenas dosis de catalanismo y no está en un frente antinacionalista. Esto que expongo no es un reproche a la actitud ideológica de esos partidos frente a la identidad colectiva de la que forman parte y de la que se erigen como valedores. Más bien es una virtud política. La mayor virtud política de un político nacionalista, porque es fundamentalmente lo que le alienta, su razón de ser y de parecer …

Ahora bien, ¿Dónde encontramos en Aragón semejante virtud? ¿Qué partido o partidos, aunque sea en una posición minoritaria, se sienten legitimados o con “animos” para representar y gestionar el aragonesismo político, incluso lo aragonés? Es más… ¿Qué partidos consideran prioritario hacer de su eje de su acción política la Identidad aragonesa? ¿Quién se siente con derecho a hacer vindicación de lo aragonés?.

Hoy por hoy esa no es una virtud de ninguno de los partidos políticos parlamentarios o institucionales de Aragón. Y no la es por una alta consideración o respeto a la Identidad colectiva de los aragoneses. No, porque la política es precisamente el acto de apropiación, o de “asunción” de asumir, de lo colectivo. No es por eso… Las esencias políticas del aragonesismo, la Identidad aragonesa, el aragonesismo en todo su extensión se encuentran huérfanas de representatividad política; como quien dice tiradas en la calle a la espera de que alguien se digne a recogerlas. El PP de Aragón, ni merece comentario, al contrario aún se recuerda su papel de quinta columna trasvasista. Es nacionalista sí, pero españolista, y lo es para recordar a los aragoneses que son españoles. Para el PSOE de Aragón no hay tal Identidad, como afirmó una vez alguno de sus máximos representantes, por lo tanto no pueden, ni deben se sentirse legitimados para administrarlo. El PAR nunca ha ido más allá del antitrasvasismo, del agua, de lo agrario y lo local. No ha entendido nunca el aragonesismo más que como un  folklore político. Chunta se regocija en la ambigüedad del termino aragonesista: quiere parecer, pero de facto no lo es. Le fue útil para coger fuerza, pero el tiempo ha demostrado que, por lo menos su dirección, nunca lo buscó realmente y lo poco que tenía se lo sacó de encima en su viaje a ninguna parte de convergencia con el PSOE.

Para hacer política aragonesista hay que tener esa virtud política de asunción de la Identidad del colectivo, de lo aragonés, presentarse así a la ciudadanía y actuar en consecuencia y categóricamente en la actividad y el programa político. Han sido 25 los años perdidos en la práctica de una política camaleónica y vergonzante de alianzas con las fuerzas centralistas, que ideológicamente y de facto rechazan activamente lo identitario de Aragón, como reacción a cualquier analogía posible con la situación política de Euskadi o de Cataluña y que han esclafado el aragonesismo político por ahogamiento y con la ayuda interesada de aragonesistas asimilados a los que se les ha pedido que suelten el “lastre” de la Identidad, que marginen a los que la sostienen, y acepten las “bondades” del sistema. Una auténtica política aragonesista es hoy utópica en Aragón, porque nadie se plantea la ineficacia, el agotamiento y la corrupción en cuanto al diseño del propio sistema político de Comunidades Autónomas que reproduce el modelo estandarizado de la Constitución española: Un corsé que condiciona los límites y los alcances del aragonesismo y que fundamentalmente niega a los aragoneses no sólo su identidad política, sino también su identidad cultural. Pero a fin de cuentas no radica sólo ahí el problema: Hay una imposibilidad técnica para hacer una auténtica política aragonesista que radica en el fraccionamiento del aragonesismo social, la falta de preparación ideológica, la imposibilidad de coordinar los diferentes aragonesismos, la excesiva individualización del asociacionismo, el divorcio de la cultura oficial con la identitaria, el complejo de inferioridad y el hecho de no poder plantear un frente común ante la política oficial. El cosmos identitario aragonés no puede ejercer de grupo de presión. Más bien presenta profundas brechas y puntos de vista radicalmente opuestos; lo que permite una acción de inhibición de la política aragonesa, en la cual los que gobiernan en Aragón se complacen y se instalan en el no hacer nada por la Identidad, evitando así abrir nuevos frentes políticos que puedan ser gestionados por otros partidos. Tal es la aberración del sistema y en ella llevamos 25 años…

La Identidad no puede estar siempre en discusión y hay que elevarla al rango de valor y de virtud política y este es el objetivo de Estau Aragonés. O se puede creer más o se puede creer menos en ella, pero hay que acabar en Aragón con este planteamiento suicida: La política oficial no cree en absoluto en ella. Si no fuera así, si yo me equivocara, no estaríamos 25 años después aún pendientes de una ley de lenguas, que debería haber quedado resuelta en la primera legislatura de las Cortes de Aragón.

Estau Aragonés plantea a la sociedad aragonesa una ruptura democrática de ese sistema. Se refunda este partido histórico para asumir el aragonesismo político de más avanzado alcance, para vindicar lo aragonés en la política de una vez por todas y para dar a “lo aragonés” en sentido extenso carta de naturaleza institucional que permita su desarrollo y su proyección social. Un camino propio de Aragón a la plenitud nacional, donde no le impongan una identidad política y cultural basada en una supremacía legal-constitucional sobre su identidad de Pueblo.

La Identidad es considerada por los políticos aragoneses como un elemento menor de la política, pero no lo es. No lo es ni en Galicia, por ejemplo, donde gobierna un partido españolista. Y tampoco depende de la amplitud o la fortaleza del fenómeno, 50 mil hablantes del aragonés frente 1,2 millones de habitantes. La Identidad es un elemento categórico de nacionalidad, de existencia y de esencia, de orígenes, de permanencia y de futuro, de conocimiento. Es de obligación aportarlo a la política y de darle prioridad. Bien vale que algunos asumamos su defensa… Aunque mejor sería que lo hicieran todos. No pretendemos monopolizarla.

 

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