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Juego de oligarquías o el proceso catalán explicado de una manera inteligible.-
Por Estau Aragones - Cheneral-Autualidá - 25/Sep/2015
Ya en el lejano 2013, salían en los medios algunos de los rostros más conocidos de la oligarquía española, presidentes de bancos y de empresas del IBEX35, anunciando el fin de la crisis y el inicio de la “recuperación”. Esta euforia, que dejaba perplejo al ciudadano de a pie, no era injustificada, ni mucho menos. El Gobierno de la derecha velaba por ellos, cargaba la factura de la deuda y del déficit del Estado al ciudadano de a pie; legislaba para abaratar el despido, y permitía a los grupos de inversionistas privados ligados a la oligarquía la apropiación de bienes públicos mediante las privatizaciones. En definitiva, los hacía más ricos aún.
La oligarquía española estaba contenta y no era para menos porque disponía de todo un Estado y de sus recursos al servicio de la rentabilidad de sus empresas y de sus negocios. Mediante un gobierno inclinado a sus intereses políticos y económicos, podía aprovechar en beneficio propio una importante partida de inversiones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y, si era necesario, hacerse rescatar sus negocios ruinosos. ¡Qué más podía desear la oligarquía española, sino la edad dorada que le brindaba el Gobierno en medio de los años de plomo de la crisis!
¿Edad dorada para la oligarquía? ¿Para toda la oligarquía del Estado español? No, en un rincón de la geografía hispana hay una oligarquía que “tuerce el morro”, no está precisamente satisfecha. Poca inversión del Estado en el territorio, negocios que se escapan por falta o por negación de una partida presupuestaria, promoción de Madrid como centro financiero y económico del Estado o los consabidos ataques a sus bases ideológicas, al catalán y a la autonomía política. La oligarquía catalana empieza a tener la sensación de estar ninguneada. El españolismo rampante de la mayoría absoluta, de la derecha española nunca bien reciclada de sus tics autoritarios, asentada como siempre en sus reales autocráticos, sin ninguna intención de contemporizar o buscar una solución pactada; esa que ante un huracán político dice a los vientos que respeten la legalidad… Sí, la de siempre, va y saca pecho, y con su mala folla secular, se dispone a negar el pan y la sal de la identidad y la autonomía fiscal de Cataluña y así darle el toque al nacionalismo catalán, al que quería ajustar cuentas desde que eran oposición en tiempos de ZP.
El Govern de Catalunya no dispone de una Hacienda como la del Gobierno español: Los impuestos propios, los cedidos por el Estado, la participación en los grandes tributos estatales, además de tasas y rendimientos procedentes del patrimonio de la comunidad, incluido el cobro de multas, no dan bastante para echar dignamente una mano a las élites económicas autóctonas. Históricamente, el catalanismo de derechas, que ha gobernado casi siempre en estos 40 años de régimen borbónico, ha sido una gran fuente de negocio para la oligarquía catalana. La extinta CiU siempre hizo catalanismo económico, sea mediante privatizaciones, concesiones, concertaciones, licitaciones, o incluso leyes especiales con concesión de privilegios a la oligarquía propia. Pero en tiempos de crisis y recortes, cuando hay menos dinero público y los empresarios conectados al Govern quieren ganar por un igual o más, las soluciones de siempre no sirven y menos si dependes para todo lo económico del Estado.
En este momento, ni la oligarquía ni el gobierno de la derecha política catalanista habían descubierto todavía el independentismo, pero sí que lo había hecho la gente. El municipalismo y el asociacionismo cultural catalán llevan mucho tiempo haciendo actos, demostraciones y consultas independentistas a nivel local. En principio, como reacción a la ofensiva anticatalana del Gobierno del PP contra el Estatut de 2006 y las medidas re-centralizadoras, pero también como respuesta social a la crisis económica. El Pueblo catalán siempre fue por delante de su clase política y de su gobierno que, en ese momento, estaba más preocupado en gestionar la crisis y en aplicar sus propias medidas de recortes (cierre de centros de salud y reducción de las ayudas públicas de la Generalitat, etc.) que en elaborar una propuesta propia distinta al mero seguidismo de la política neoliberal de Madrid.
La sentencia del TC contra la reforma del Estatut de Cataluña de 2006 sería el primer episodio del reencuentro con el independentismo del partido de Mas, CDC. Sin proponer un federalismo asimétrico (la máxima aspiración de autonomía política teorizada hasta el momento por el catalanismo de derecha) el Estatut se le aproximaba mucho. Pero fue, en definitiva, por la presión popular y del asociacionismo catalán los que, con la masiva manifestación independentista del 11-S de 2012, desbordaron la política de los partidos nacionalistas tradicionales de Cataluña (CiU y ERC), que tuvieron que cambiar su estrategia política y reconvertirse al independentismo en un corto espacio de tiempo. Pocos días después aquel 11-S Artur Mas presenta su propuesta de Pacto Fiscal en el Congreso de los Diputados, último intento para dar satisfacción a la oligarquía catalana y de reconducir la situación, antes de decidirse a tomar la vía independentista.
Con el Pacto Fiscal, Cataluña quería recaudar y gestionar todos los tributos mediante una Agencia Tributaria propia, estableciendo un mecanismo para traspasar a la Generalitat las competencias y los medios de la Agencia estatal en Cataluña. Se trataba de invertir los papeles que desarrollan Estado y Generalitat y que ésta última actuase únicamente como recaudadora. En resumidas cuentas se trataba de conseguir más dinero para el Pueblo catalán, pero sobre todo para ayudar a sus propias élites. En otra lectura, poner al Govern, en el papel económico del Estado, disponiendo de más recursos para salvar, si era preciso, los negocios y la rentabilidad de las empresas de su propia oligarquía. Perdida esa posibilidad, por la oposición del Gobierno del Estado a aceptar el pacto fiscal, la oligarquía catalana y su partido oficial CDC., abocados por las circunstancias, vieron en las aspiraciones del pueblo, o parte de él, siempre honesta y categóricamente independentista, una vía de acción política alternativa.
La historia se repetía. Como cien años atrás las élites políticas y económicas de Cataluña hallaron en las esencias y los valores nacionales del pueblo y en sus movimientos políticos y culturales estrategias y argumentos para marcar su propio perfil político frente a Madrid. Y dieron el visto bueno a sus partidos para proseguir con este proceso político. De tal manera que se puede decir que se ha producido la conjunción histórica para que un proceso político de esta índole pueda producirse e incluso triunfar: La que se produce entre el pueblo o una parte y las élites o una parte de ellas para tirar adelante un proyecto nacional independiente.
Llegado este momento toca hacer la pregunta del millón: ¿Acabará Cataluña independiente o no? Lo que está claro es que una parte de la oligarquía catalana y buena parte de la clase política no quieren la situación actual. Con independencia o sin ella, hay un mínimo que se pretenden garantizar: su autofinanciación con la gestión total de la economía del Principado y el reconocimiento jurídico de la “Nación catalana”. Consideran que el gobierno de Rajoy ha sido un gestor nefasto por lo que respecta a Cataluña y quieren blindarse constitucionalmente ante la posibilidad de que detrás de este venga otro gobierno de España igual o peor.
El modelo del pacto fiscal, por una parte, que hubiera supuesto un estado de semi-independencia para Cataluña, dado su potencial económico, y un escenario inaceptable para el gobierno de Madrid, y la definición jurídico-legal de la Nación catalana y el blindaje del catalán, por otra, que quería salvar el idioma frente a las amenazas re-unificadoras de los gobiernos centrales de turno, son valores que chocan con los principios axiales del españolismo que se encargaron de plasmar en la constitución con los recurridos conceptos de “solidaridad entre comunidades”, “oficialidad y obligatoriedad del castellano” y de “la unidad e indivisibilidad de la Nación española”. El españolismo no quiere oír hablar de dos naciones en España y menos piensar en soltarle a la otra una parte de la caja. No va con su dogma, antes preferiría una sola aunque más pequeña.
Creo que una parte de las élites no ve desdeñable cualquier salida incluida la independencia, primero, por la imposibilidad de reconciliar una solución pactada con el españolismo dada su cerrazón dogmática y afición al ordeno y mando y, segundo, porque ningún momento histórico anterior ha sido tan favorable como este para Cataluña, aun pendiendo la amenaza de su salida de la UE.
El independentismo catalán no es una cabezonería de Mas ni de Junqueras, no sería entendible. De hecho el españolismo lo presenta como una boutade catalana “incomprensible”. El independentismo es un síntoma más del hartazgo que la crisis, los recortes y la gestión del gobierno de Rajoy ha provocado en la ciudadanía. En el resto del Estado la respuesta ha sido la búsqueda en otras alternativas políticas en frente a los partidos tradicionales, en Euskadi la bondad del Concierto Económico permite dejar el independentismo en la fresquera, pero en Cataluña por razones históricas, culturales y por el componente nacionalista, hay una mayoría está optando por la secesión. Cabe imaginar cuanto de grande ha debido ser ese hartazgo para que subiera tanto en la escala social, y las élites catalanas se pongan a seguir (o a permitir) al pueblo, aunque sea por los motivos siempre egoístas de la oligarquía. Lo más interesante del proceso va a ser ver en que momento estas élites van a darse la vuelta…
Arnau de Borau
Las Jornadas Revolucionarias
Por Arnau de Borau - Cheneral-Autualidá - 17/Oct/2012
Si el 25-S pasado en vez de ser el 25 de septiembre del 2012 hubiera sido el mismo día de algún año del siglo XIX no dudo que este país estaría metido en una revolución y los Borbones haciendo las maletas para partir a su enésimo exilio.
No vamos desacertados, salvo por la época (aquel siglo fue conocido como el siglo de las revoluciones y este será conocido desde luego como el de las “transiciones”) todo apunta a una situación revolucionaria al menos si analizamos lo que son los elementos que convergen en esta crisis general:
Una crisis económica que afecta a amplios sectores de la sociedad, gente que sale del sistema social y económico y que ha creado una amplia base donde la actitud es de descontento que se dirige tanto contra el sistema económico como contra el político. La crisis del “bolsillo” modifica las actitudes políticas y su alcance. El sistema político que no da satisfacción a las necesidades básicas de la ciudadanía se desacredita por sí sólo.
Un gobierno ineficiente, incapaz de tirar el manual que no sirve y cambiar el guión; completamente bloqueado por la rápida sucesión de los acontecimientos y desbordado por la crisis; lento y titubeante a la hora de tomar decisiones y sin ideas y sin capacidad de reacción. A la cabeza un gestor, Rajoy, el vivo retrato de la ineficiencia y del colapso del sistema. Un don Tancredo de la política que ve llegado “su momento” en el peor momento, para su desgracia y sobre todo para la nuestra. Un político que carece de la inteligencia necesaria para lo que requiere el cargo en los tiempos que corren y muy condicionado por el ala más derechista de su partido.
Un sistema político agotado, donde se acusan la improvisación del momento en que se planeó y los vicios de su longevidad. Que no se pudo hacer mejor dadas las difíciles circunstancias del momento tras la muerte del Dictador, se puede hasta comprender, pero es que el sistema político tiene ya 34 años (una eternidad para cualquier régimen en España). Ninguna reforma substancial se ha hecho (ni ganas serias de hacerla, a pesar de algunas propuestas) debido fundamentalmente al enroque ideológico de los partidos del Régimen y a la acción política centrada en la batalla por la ocupación de áreas de poder, con un trasfondo de corrupción endémica. Se puede decir sin demagogia que, si en 34 años PP y PSOE no han sentido la necesidad de reformar, es porque son esencialmente “lo mismo”. Ambos partidos han mantenido intocable el régimen constitucional porque les ha beneficiado mucho, se han institucionalizado y han mantenido gracias a ello su influencia y sus cotas de poder en una semi-alternancia en el Gobierno y en un reparto territorial del poder. ¡En este estado de cosas es obvio que no hayan visto la necesidad de reformar nada!
La gravísima crisis económica, el gobierno inmovilista y un sistema sin margen político para dar salida a los nuevos planteamientos son los tres elementos enervantes que hace moverse a la ciudadanía hacia una solución de cambio constitucional. El cerco de los manifestantes al Congreso de los Diputados pidiendo su disolución y el inicio de un nuevo proceso constituyente y el acuerdo de plantear un referéndum por la autodeterminación en el Parlamento catalán, hechos ambos del 25-S son indicios de que en este país hay un “proceso revolucionario” en ciernes; con todo , el poder establecido ha permanecido impasible, más por la impermeabilidad del Gobierno ante lo que pasa en la calle, que por la leña repartida por la policía.
La pretensión de la calle de abrir un nuevo proceso constituyenteno no es descabellada. La ciudadanía da el presente sistema por agotado y reclama un nuevo reparto (un New Deal a la americana). No son tan diferentes las reivindicaciones de los alrededores del Congreso de los Diputados de Madrid y las del 11-S de Barcelona. Son dos respuestas políticas a un mismo problema. Se trata (y por eso decimos que aparenta ser una revolución) de llevar al nivel político-jurídico lo que ya está en la calle. Se pide una respuesta política a un conflicto o problema que ya existe en la sociedad y que por los medios habituales, los del Estado actual con su Constitución y sus leyes, no se puede hacer, debido al bloqueo que ejercen las fuerzas instaladas actualmente en el poder.
Efectivamente amparado en su legitimidad legal, el Gobierno está imponiendo una política que ya sobrepasa la capacidad de su mandato político para acometer medidas sin un refrendo social. La ciudadanía se ve en la ruina y, en la calles de Madrid y de Barcelona, ha dicho que quiere decidir sobre las cuestiones trascendentales del Estado, en un momento de crisis social y política sin igual en la historia reciente. La derecha española, cerrada ideológicamente (como siempre, por demás), está en la estrategia de contener la marea confiando en el que “ya pasará”, enrocada en las ideas y el “estilo” político de otras épocas. Si hace falta “sacarán al general de la Guardia Civil”. ¡Fíjense en el nivel político que tienen estos individuos para el escándalo de Europa! No demuestran inteligencia política práctica; no se bajan del carro de sus ideas ni para darse un respiro. Sin auto-concederse el más mínimo margen de maniobra, están agravando el problema con la política de austeridad e imposición de sus recetas económicas y sociales. Antes hundirán al país que rectificarán. Demuestran estar en una franca decadencia… Y para que una revolución triunfe, un Gobierno decadente es el mejor aliado.
No aprenden del oponente. Se puede discrepar del Sr. Artur Mas pero ha demostrado inteligencia política. Ante la imposibilidad de continuar gobernando en estas condiciones, y visto el pulso de la calle, ha disuelto el Parlament para renovar el mandato popular. Se va a dar un margen político tan grande, que va a incluir una consulta sobre la autodeterminación, tanto si le dejan como si no, ha dicho. Si Rajoy demostrase un nivel de inteligencia política similar, vistos estos 10 meses de Gobierno, haría lo propio con el compromiso con el resto de fuerzas de iniciar un nuevo proceso constituyente, el de no pagar la deuda e incluso de salir del euro. Pero para eso hace falta algo más que inteligencia…
El sistema autonómico se ha manifestado como un contrapoder territorial que la crisis ha evidenciado. Los territorios cuentan y mucho y, a pesar de que el actual Gobierno del Estado llegó con la intención de “adelgazar el poder autonómico”, sólo se ha atrevido a recortarlas vía financiación. Los territorios son fuertes y parece que el Gobierno ha decidido rendirlos por hambre, mediante la vía de los PGE. Ideológicamente la derecha siempre ha pensado que la autonomía es un proceso de ida y vuelta, es un tic ideológico de una visión centralista nunca superada y que les ha llevado a un error de cálculo. Ahora parece que el sistema autonómico no sólo no tiene vuelta sino que ha llegado a un punto de no retorno. El pulso que desde la C. A. de Cataluña se está manteniendo contra el Estado va en ese sentido. Sin dinero no hay autonomía y mucho menos si te lo ha de traspasar un gobierno plantado en la “austeridad”, en ese caso sólo te queda pedir al soberanía fiscal y si no pasar directamente a la soberanía política. En este punto estamos… No resulta nada extraño que la “revolución independentista” se haya producido en una C. A. como Cataluña de régimen común y no en el País Vasco que controla sus propias finanzas.
¿Y Aragón qué…? ¿Qué pintamos los aragoneses en esta revolución?
En Aragón el Pacto Fiscal se llama al Acuerdo Bilateral Económico-financiero, cláusula recogida en el Estatuto de Autonomía de Aragón, y el problema se plantea en los mismos términos: No hay dinero y no se pueden financiar los servicios que presta la autonomía. Pero aquí se acaban todas las semejanzas porque Aragón no tiene fuerza para plantear un órdago al Gobierno España-Madrid. Aragón se tendrá que aguantar. Rajoy no soltará el dinero, ni a propios ni a ajenos. De eso, Rudi, ya se ha dado cuenta. Ahora Aragón está en la fase de “derecho al pataleo”, que se materializó en la sesión del Plenario de las Cortes de Aragón del 4 de Octubre, por la que se instó al Gobierno de Aragón a “defender y negociar un sistema de financiación autonómica que sea justo y atienda las peculiaridades estatutarias, poblacionales y territoriales de Aragón”; una proposición no de ley que de bien poco servirá. Adolfo Barrena (IU) dijo que rechazaba transformar esta cuestión Aragón-Estado en “una lucha identitaria”, posiblemente para romper semejanzas con lo que está sucediendo entre Catalunya y el Gobierno central. Vemos que la identidad asusta a ciertas ejecutivas “cuneras” de los partidos aragoneses por muy “progresistas” que sean.
Según alguna encuesta, el 75% de los aragoneses piensa que debería profundizarse en la autonomía, lo que significa que la autonomía ha arraigado históricamente entre los aragoneses y que desean conservarla. Esto es fruto en parte de la permanencia en el consciente colectivo y de la existencia histórica del Reino de Aragón. Lo que ya es por sí una marca de identidad, aunque le pese a Barrena. Aragón debería por tanto poder resistirla ofensiva re-centralizadora que desde las posiciones de la derecha se está promoviendo. Los aragoneses demuestran que su autonomía es para ellos algo más, por no decir mucho más, que los Bieles, Rudís, Soros o Barrenas que se mueven por la política aragonesa. Es muy didáctico que sepan separar a los gestores de la política, del propio concepto político de autonomía (que la derecha españolista quiere confundir), pues la autonomía es el mejor recurso político que tienen los aragoneses para encarar su propio futuro, por ello no deberían ceder, ni resignarse de ninguna manera a perderla o a vaciarla de contenido, sea cual fuere la forma y manera conque el Estado español lo intentase. Sería volver al régimen colonial de antes, seguramente agravado.
En los momentos más críticos y difíciles de nuestra historia los aragoneses hemos sabido articular nuestra propia opción política libre e independiente: En 1808 el Pueblo de Zaragoza, amenazado por un ejército invasor, puesto en España con permiso de los Borbones, expulsa a la máxima autoridad borbónica, el Virrey Guillelmi, convoca las Cortes, abolidas 100 años antes, que eligen a Palafox y preparan la defensa. El Pueblo aragonés, solo, libre e independiente, establece su forma de gobierno y empieza a ejercer funciones de Estado… En 1936, en la zona no ocupada por la sublevación militar-fascista de Aragón, se constituye, con las fuerzas políticas de izquierda con presencia en la zona, un gobierno que organiza el territorio y su defensa. El presidente de Estado Aragonés Gaspar Torrente saludó la formación de este gobierno, aunque luego cortara con él. Fue el llamado Consejo de Aragón, un gobierno aragonés, al margen del Gobierno central republicano, entre la zona sublevada y la Generalitat catalana, disuelto finalmente por el comandante estalinista Enrique Líster, enviado por Madrid.
Si en los peores momentos de su historia el Pueblo aragonés ha sabido dotarse de instituciones de gobierno e intentar resistir para abrirse caminos hacia la libertad, ahora no vamos a dejar que nos arrebaten lo poco conseguido. No les hemos de dejar que se aprovechen de la crisis para recortar, suprimir o ahogar la autonomía de Aragón. Más allá de Monreal de Ariza la opinión generalizada es que las autonomías tienen que desaparecer completamente. Se ha instalado la idea de que lo que está pasando en Cataluña es culpa del sistema autonómico. Cabe esperar una fuerte presión re-centralizadora a medida que se agrave el conflicto España-Cataluña y eso afectará a Aragón. En ese momento, el pueblo aragonés tiene que salir en su defensa, rodear las Cortes para defenderlas y decirle a los que hay dentro que si ellos no quieren resistir al Estado español que se disuelvan y se convoquen otras donde sí haya quienes lo hagan.
Esa ha de ser nuestra revolución, el intento de suprimir o aminorar o ahogar la autonomía de Aragón ha de considerarse casus belli. Motivo suficiente para que las Cortes se declaren soberanas para decidir el destino de Aragón.
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