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La ofensiva re-centralizadora de la derecha española, muy ideologizada, en contra del catalanismo político, y los recortes presupuestarios, con los consecuentes problemas de financiación de la Generalitat, están en el origen de la actual crisis entre el Estado español y Cataluña. La crisis económica generalizada y el hecho de que la actual política del Estado respecto a Cataluña se perciba como una agresión, hacen concebir a una buena parte de la ciudadanía de Cataluña que, sin el resto de España, le iría mejor.

El independentismo en Cataluña siempre se movió en el terreno de lo plausible, pero hoy, con un amplio apoyo social, a pesar de que el proceso para llegar a un Estado propio está por definir, lo pone ya dentro del ámbito de lo probable. El independentismo tiene prisa. La fecha de 2014, con la simbología de los 300 años desde la perdida de las instituciones políticas del Principado, marcará el punto de inflexión con algún acto claro en favor de la independencia, sea consulta, elecciones plebiscitarias o declaración unilateral; más allá de la cual, el movimiento no querrá prolongarlo porque sería a costa de perder fuelle. Las leyes re-centralizadoras como la LOMCE y los 1.700 millones de € que Cataluña ya no percibirá del Fondo de Compensación Interterritorial pondrán a la Generalitat en una situación jurídica de ilegalidad, sino de franca rebelión, y en un estado financiero muy apurado. Se vislumbra una salida en formato “choque de trenes”, tras unas elecciones europeas plebiscitarias y una posible declaración unilateral de independencia el próximo verano.

El movimiento independentista catalán cuenta con un factor que juega a su favor, siquiera de manera indirecta. El área Península Ibérica-Magreb es, desde los años 70, un espacio tutelado. Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania han estado de acuerdo desde entonces en que la prioridad es evitar un conflicto de alta intensidad sea civil o internacional en este área o, cuando menos, que la intensidad de cualquiera de los que se pueda plantear, no sobrepasen unos máximos que puedan desestabilizarla. Ese ha sido su plan. La Transición política en España, el “necesario alineamiento” que significaba el ingreso en la OTAN y la CEE, incluso la manera como se planificó y llevó a término el incruento golpe de Estado del 23-F, y, si me apuran, hasta la charlotada de la “reconquista” de la isla Perejil durante el Gobierno de Aznar, estaban en consonancia con esta doctrina. Marruecos era la otra pata del plan y el Sahara ex-español fue el caramelo para comprar la alianza del Sultán, la tranquilidad y el status quo en el estrecho de Gibraltar, vía de paso naval para auxilio del bastión israelí.

Siglo y medio de convulsiones, guerras y sangre parecen definitivamente arrinconadas en la Historia de España por obra y gracia de los intereses geoestratégicos de las potencias occidentales sobre la Península. Quizás Artur Mas lo sepa y no vaya tan de farol, ni se trate esta vez sólo de una cuestión de dinero como puedan creer en Madrid. Se sabría protegido de represalias por esta doctrina e iría a conseguir el Estado propio. Del después y de la relación con la UE, si al final se llega a algo, no hay nada cierto. Las potencias occidentales, por simple diplomacia, no se van a definir hasta que Cataluña sea sujeto de Derecho Internacional y deje de ser  una “cuestión interna” española, es decir, hasta ver la conclusión de un proceso permitido, al que seguramente ya le han marcado los márgenes; siempre que encaje como democrático, y cuente con un amplio respaldo popular. Los socios europeos van a estar en la penumbra, en la segunda fila de observadores, y van a dejar que las partes se sienten a la mesa, jueguen sus bazas, hagan sus envites, pero sin permitir una nueva Yugoslavia.

La pregunta es, ¿cómo se verá afectado Aragón por este proceso?

Si el independentismo catalán no se desvía de su hoja de ruta es probable que los límites orientales  de Aragón se conviertan en una frontera internacional. Por la proximidad geográfica, por las relaciones económicas y por los vínculos históricos e incluso familiares de la emigración en Cataluña, la independencia de Cataluña no es una cuestión que pueda soslayar en Aragón. Ahora bien, todo lo que se pueda decir es especular con cualquier escenario imaginable y entrar en el terreno de la auténtica política-ficción… ¡O quizás no!

Parece que algunos de nuestros políticos esperan los beneficios del “efecto frontera”. El llamado efecto frontera realmente no es más que un índice entre lo que se produce y lo que se vende al extranjero y denota una economía con buena salud. Cada euro que se factura fuera tiene más valor en términos de competitividad que el que se obtiene en el mercado interno. Aragón, que hoy por hoy ya dispone de un buen índice, incrementaría su efecto frontera si el 20% del tráfico comercial total de Aragón, que se dirige actualmente a Cataluña, pasará a tener consideración de “exportaciones”.

Una Cataluña independiente, con un alto nivel de vida, puede ser un gran mercado exportador para Aragón. No tenemos ninguna duda que en un hipotético marco como este el empresariado aragonés tendrá mucho interés en cuidarlo y no romper relaciones con Cataluña. En general, será toda la sociedad aragonesa la que tendrá interés en no perder el contacto con una sociedad realmente avanzada y desarrollada, en lo político y en lo económico, tan próxima a nosotros, progresista y con una mentalidad muy distinta a la que existe al otro lado del Moncayo.

En Estado Aragonés pues consideramos con cierto fundamento  el optimismo de algunos por ese “efecto frontera”. Ahora bien, para que el efecto frontera funcione, para que Aragón se beneficie de una indudable ventaja estar a las puertas del mejor mercado peninsular y más cerca que nadie del mercado europeo, haría falta que el españolismo se adaptase a las  nuevas circunstancias y aceptase la nueva situación con una actitud abierta, intentando mantener y cuidar los vínculos que seguirían existiendo con Cataluña, que no serían pocos. Algo que, dado el componente ideológico del españolismo, va a ser harto difícil, por no decir que imposible.

De mano de la economía vendrán las filias y las fobias, y desde luego la fobia al movimiento catalán desde Aragón no estaría justificada desde el punto de vista práctico y sólo podría venir de un sector ciudadano y funcionarial foráneo, que ha hecho de la secular y ribereña rivalidad catalano-aragonesa un medio para el predicamento del anti-catalanismo más feroz. No deberíamos permitir que conviertan la sociedad aragonesa en punta de lanza frente al nacionalismo catalán. Los aragoneses no somos la tropa de choque del españolismo. Nunca debemos de poner nuestras propias y particulares diferencias con Cataluña en alianza con el anti-catalanismo, destilado en los cenáculos madrileños donde se cuece el españolismo más acérrimo y destructivo y sus sucursales en Aragón. Unas y otro no son la misma cosa y desde luego su confusión iría en detrimento de las causas pendientes con Cataluña y los intereses generales de Aragón.

La tentación del Estado español será aislar a Cataluña, para lo que el españolismo utilizaría a Aragón como trinchera ideológica, económica y social, primera línea de defensa contra la República catalana; check-point desesperante al paso de mercancías y personas y trabas fiscales al comercio; lugar donde promover un estado de opinión contrario a lo catalán, implicando la destrucción de los lazos familiares y de origen entre Aragón y Cataluña. Un área dónde el españolismo querría llevar a cabo nuevos experimentos de ingeniería política, social y económica, como los que han convertido a Aragón en una sociedad semi-colonial durante decenios.

Pero dudamos que la Unión Europea permita al Estado español aislar a Cataluña y mucho menos que colabore en ese sentido. No nos hagamos ilusiones, no se va a construir por ello una travesía transpirenaica central para llegar a Francia sin pisar Cataluña, que sería una manera de aislarla. Para eso se necesitaría la colaboración de Francia, que difícilmente entrará en el juego del españolismo.

En definitiva, el Estado español y Cataluña se verán seguramente obligados a colaborar en un espacio creado bajo los auspicios de la UE. Enemigos sí, pero colaborando en un espacio económico. A pesar de ello, Aragón sufrirá la más que probable política anti-catalana en un panorama de conflicto de baja intensidad, mantenido por un españolismo en pie de guerra, que tendrá mucho de ideológico y propagandístico. De alguna manera, Aragón recuperará el viejo papel histórico de ser el campo donde se dirimen los conflictos entre el centro y la periferia. Aragón pagará su proximidad, sus vínculos históricos y sufrirá los daños colaterales que la presión del Estado español pueda ejercer sobre Cataluña.

En el plano puramente político, una Cataluña fuera de España, dejará de desempeñar el papel de poder territorial y político contrapuesto al Centro. Se perderá un factor democratizador de la política española y los deseos del españolismo de hacer un bloque monolítico de lo que quedase de España se verían libres de su principal impedimento. La independencia de Cataluña sería paradójicamente el mayor triunfo del españolismo para poder hacer de España lo que quisiera. Nos tendremos que olvidar incluso del federalismo, resucitado actualmente por la Izquierda del Régimen para darse perfil político ante la crisis territorial del Estado y para desbaratar la estrategia del independentismo en Cataluña.

La tentación de re-centralizar el Estado español sería muy grande y la ocasión muy propicia con la escusa de la crisis de fondo. Es aquí donde Aragón más perdería. Pero sólo si lo permite… El presente status quo es el mínimo imprescindible para poder hacer políticas propias. La existencia y funcionamiento de las instituciones aragonesas marca la entidad política del grupo humano aragonés y es lo único que nos pueda salvar de caer en ser nuevamente, la “mula de carga de España”. Que hoy por hoy la autonomía de Aragón no llega a más, sólo es un “problema ideológico” de los partidos gobernantes y de su toma de decisiones, no es un problema de la propia autonomía. Los que abogan por la supresión de las autonomías empiezan por intentar confundir ambas cuestiones.

España sin Cataluña podrá ser lo que sea, pero Aragón, si permanece dentro de España, deberá mantener como mínimo su régimen actual de autogobierno con opciones a más. La sociedad aragonesa deberá plantear conflicto al Estado ante cualquier atentado a la autonomía política. Es una conquista histórica del Pueblo aragonés, no un regalo del Estado centralista borbónico; así debe entenderse y como tal se debe defender. Constituye el patrimonio político del Pueblo aragonés, muy mejorable sí, pero que habría que defender por cualquier medio admisible, ante cualquier intento de abolición, disminución o bloqueo. ¡Es una cuestión de supervivencia! ¡No “más” Decretos de Nueva Planta para Aragón!

Llegado el momento, si el Gobierno español quiere imponer un nuevo “decreto de nueva planta” y la disolución de la autonomía, las instituciones tendrían que resistir negándose a ser disueltas, movilizando a la ciudadanía si es preciso. Las Cortes o parte de los diputados tendrían que hacer en ese momento profesión de soberanía (que la tienen, como asamblea territorial y política elegida por toda la ciudadanía): hacer declaración solemne de desligarse de su vínculo legal con las Cortes españolas, declararse las únicas y legítimas representantes del Pueblo aragonés soberano y proceder a redactar una constitución. Para esto no es necesario que las Cortes de Aragón estén llenas de independentistas, basta que la Ciudadanía y las propias Cortes comprendan que Aragón no se concibe ya sin su propio gobierno. ¡Nosotros, soberanistas de EA estaremos allí para recordarlo!

Por tanto, el Pueblo aragonés también se juega mucho con la independencia de Cataluña. Independientemente de las tensiones por asuntos puntuales que se puedan tener con esta tierra vecina. A Aragón se le plantearán nuevas disyuntivas, algunas muy graves, en un futurible Estado español sin Cataluña. Todas las energías que los nacionalismos español y catalán gastan ahora en oponerse el uno al otro se verán derivadas: en Cataluña, removidas las estructuras de dependencia y ya sin la obligación de redefinirse continuamente frente al centralismo, a asuntos realmente productivos, seguramente a organizar su economía. Pero en España, que seguirá siendo un Estado plurinacional, deficientemente democrático, oligárquico, monárquico, borbónico y corrupto, a esquilmar a la clase trabajadora, a continuar con su particular lucha contra la periferia, al expolio y la tarea ideológica de convencernos de que “estamos obligados a considerarnos españoles”; todo dirigido especialmente contra lo que ellos denominan la España asimilada, es decir, Aragón. Nuestra tarea será entonces hacerle entender al españolismo que en Aragón no estamos “tan asimilados” como creen.