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por: Rafel Fleta

El franquismo no era un Régimen Liberal. Esto es evidente en su falta total de respeto por las libertades individuales y colectivas; y por su carácter fuertemente autoritario, totalitario, patriarcal, con todas sus consecuencias. Una de esas consecuencias era el paternalismo económico hacia las “clases subalternas”.

El sindicalismo vertical (el que agrupaba en su seno tanto a empresarios como trabajadores) era una herramienta eficaz para encuadrar a los obreros “afectos” dentro del Régimen. Si te portabas bien, conseguías trabajo fácilmente, una vivienda protegida y una situación de seguridad económica. Los contratos eran indefinidos para quienes no protestaban, el resto “tenía la puerta abierta” para irse a Alemania o Francia.

Con la Monarquía Parlamentaria, el verticalismo se tornó en “Consenso Social “, que permite la subvención tanto de sindicatos mayoritarios como patronal, la promoción de vivienda protegida, donde el enchufismo es vox populi, y las trampas en oposiciones y subcontratas públicas para “colocar” a los amiguetes.

El pelo de la estepa franquista asoma bajo la pana obrera de parte de la izquierda española. La “democracia” (así se empeñan los monárquicos en denominar su Régimen) no podía generalizar el paternalismo franquista con los obreros, así que la “izquierda oficial” decidió ubicarse a sí misma y sus allegados en la posición de hijos afectos al Régimen (ahora tras la égida del campechano Borbón). Pero bajo el paraguas del Régimen no cabíamos todos los obreros, pues los empresarios exigían el pago en carne a la élite dirigente de la izquierda española. Ese pago era y es la flexibilidad laboral y moderación salarial para el conjunto de la Clase Obrera. Moderación salarial y flexibilidad laboral, administradas a la clase obrera con el discurso de “hay que ser responsable, el radicalismo pone en peligro el empleo”. Los trabajadores teníamos que pagar la liberalización del mercado español, que había sido mantenido aislado del mundo bajo la bota franquista.

Los gobiernos de Felipe González, con el apoyo de PSOE-UGT, destruyeron la relación estable entre el trabajador y la empresa en la que éste trabajaba: en 1984 el contrato estable y fijo dejó de ser el único contrato ordinario, introduciéndose hasta 14 nuevas modalidades de contrato. En 1994 un gobierno “socialista” agonizante acabó la faena -a pesar de la simbólica, ritual y patética oposición de una Huelga General de media jornada- por medio de una Reforma Laboral que liberalizó las condiciones de trabajo en todos sus aspectos: jornada, horario, retribuciones, turnos, pluses y EREs, con la aparición de las ETTs como “fichaje estelar”. Eso significa que a partir de entonces, los empresarios pueden modificar a su conveniencia las condiciones de trabajo de los obreros, quienes pierden así casi toda su fuerza ante una eventual negociación colectiva, ya casi inútil.

El gobierno Aznar de 1997 consiguió el “consenso” de CEOE, CEPYME, UGT y CCOO en una nueva Reforma Laboral en la que se abarató el despido improcedente (por medio del contrato de fomento de empleo) y se introdujo una nueva causa de despido: la productividad, lo que generó los despidos objetivos procedentes, abaratándolos aún más en la práctica.

Hoy, el Gobierno de Zapatero propone una nueva Reforma que profundiza aún más en la liberalización del Mercado Laboral: Liberalizar significa asegurar a la Clase Empresarial el abaratamiento de los costes laborales y la facilidad en el despido de los trabajadores. Zapatero nos sube a todos el IVA pero baja las cotizaciones a los empresarios. Igual que ha subido el déficit público de un 3% al 14% a base de “inyectar capital en los mercados” (dicho en plata: subvencionar a las empresas con EREs y a los bancos con dinero gratis) y ahora pretende bajar recortando prestaciones sociales. Siempre es lo mismo: dinero para los ricos, impuestos para los pobres. Zapatero va a sacarnos de la crisis con contratos a tiempo parcial –subvencionados, por supuesto- en función de la demanda y nuevo contrato indefinido con rebajas en la cotización por desempleo, universalización del contrato de fomento de empleo (el de los 33 días de indemnización por año trabajado), incluso la reforma del Estatuto de los Trabajadores para introducir otro sutil cambio: diferenciar el despido por causas económicas objetivas en procedente e improcedente, así el PSOE eliminaría el último punto de fuerza de los obreros ante un despido: los empresarios, para ahorrarse el juicio, solían conceder el despido improcedente, abonando así el máximo. Ahora ya “no hará falta”. La negociación de los despidos será, así, completamente inútil.

Llevamos 30 años con el mismo sonsonete, “flexibilidad laboral, moderación salarial”, gobierne quien gobierne, porque en realidad siempre han gobernado los mismos: la Patronal y la Banca por medio de sus dominguillos: PSOE&PP. En definitiva el Régimen Borbónico, digno heredero del Franquismo, viene aplicando una política económica y laboral destinada a garantizar a la Clase Empresarial el mantenimiento de su tasa de ganancia y beneficios aún en los peores momentos de crisis económica (1984, 1993, 2000 y 2010), por medio de la destrucción de la seguridad jurídica de los trabajadores, condenando a éstos a la precariedad y proletarización. Y sobre todo, al fin, la Clase Empresarial habrá conseguido que la negociación colectiva resulte completa y definitivamente inútil, al carecer de fuerza jurídica la otra parte, la Clase Obrera. Hay que apuntar que, con este horizonte, sólo quedará la Acción Directa…

Es lógico y normal que la reacción de los trabajadores más conscientes de la situación sea la radicalización de posturas, la retirada de su apoyo a Zapatero y a los partidos y sindicatos que sostienen sus políticas, y su llamamiento a la Huelga General como herramienta política de presión.

Pero no hemos de olvidar dónde está parte de la “izquierda española”, no sólo sus dirigentes: En el pesebre. Este dato sería anecdótico sino hubiese producido un efecto secundario pero de consecuencias sociales profundas, como es el hecho de la separación de una parte del cuerpo de la Clase Obrera: el funcionariado no ha sufrido estos recortes en sus derechos laborales, sigue manteniendo la seguridad jurídica. De forma análoga a como se decía que “hay una Europa de dos velocidades”, se puede decir que bajo el Régimen Borbónico, hay también “un sistema laboral de dos velocidades”: el conjunto de los trabajadores, que ya carecen de cualquier vínculo jurídico estable con la empresa para la que trabajan por un lado, y los funcionarios con “empleo para toda la vida”.

En Aragón, la unidad de acción sindical de CGT y OSTA, entre otros grupos sindicales más pequeños, es el camino correcto para defender las condiciones de trabajo, los salarios y la seguridad jurídica de los trabajadores frente a la liberalización del mercado laboral impulsada por el PSOE, la patronal y sus aliados, sindicales y políticos. El camino de la Huelga General.

Una de las batallas sindicales en la Administración Pública es la resistencia a las privatizaciones. Pero la gran mejora relativa de las condiciones de trabajo de los funcionarios frente al conjunto de los trabajadores funciona como una bomba de presión en pro de las temidas externalizaciones. Especialmente los Ayuntamientos, que sufren una situación económica más precaria por su deficiente sistema de financiación, ven como insostenible la gestión directa de los servicios públicos, pues su privatización significa mantener el servicio a un coste muy inferior, debido a los muy inferiores salarios que se pagan en los Convenios Colectivos frente a la que cobran los funcionarios de igual categoría profesional.

La resistencia a las privatizaciones debe ir ligada a una mayor eficiencia en la gestión directa de los servicios públicos, pues si no, llegará un momento en que los funcionarios verán cómo el hambre de beneficios de la Patronal les alcanzará, más pronto que tarde. Son trabajadores, al fin y al cabo, y la receta patronal (flexibilidad en el despido y congelación salarial) también les será aplicada a ellos cuando el gobierno borbónico de turno no pueda garantizar de otra forma el saqueo de las arcas públicas (subvenciones y beneficios fiscales para empresarios y banqueros).

En esta situación de crisis, la lucha de clases se agudiza y en este momento ya, con la precarización, proletarización e inseguridad jurídica a la que se enfrentan los trabajadores individualmente, y la Clase Obrera en su conjunto, los funcionarios no deben verse como en una burbuja a quienes la crisis apenas afecta, si así lo hiciesen no serían solidarios con el conjunto de la Clase Obrera. Porque la respuesta se encuentra siempre en la solidaridad, la única solidaridad honesta que existe, la solidaridad entre iguales que rechaza privilegios, la Solidaridad de Clase.

Entalto la Clase Obrera!

Entalto Aragón Libre!