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“Es la reforma laboral que esperaban 5 millones de parados”.

Con estas palabras hacía una apostilla, una de tantas, a su reforma laboral Mariano Rajoy. Esta aseveración, que es una soberana imbecilidad, refleja buena parte de la sociología concordante con el pensamiento derechista, clasista y neoconservador del PP.

En el Partido Popular militan la mayor parte de aquellos que no estuvieron nunca de acuerdo a como se hicieron las cosas durante la “Transición”. Con independencia de la actual crisis económica, hay una serie de asuntos, presentes desde siempre en los medios oficiales y oficiosos del PP, que manifiestan la disidencia en ese partido respecto ciertas decisiones políticas y sociales que se adoptaron en el proceso de instauración y consolidación de la “Democracia Juancarlina”. El sistema de descentralización autonómica fue uno, y otro, lo que podríamos denominar, porque así es como lo ven, la instauración de un “poder obrero”. Efectivamente, la consolidación de la democracia en España requirió entre otras cosas incorporar al proceso a la clase trabajadora mediante la casi “oficialización” de las organizaciones obreras. Los arquitectos constitucionalistas de 1978 no estaban dispuestos a volver a un ciclo revolucionario obrero similar al de la 2ª República. ¿Cómo? Mediante de mecanismos como las elecciones sindicales, el principio de mayor representatividad, la negociación colectiva o la extensión de los convenios de sector, que convertían a las organizaciones obreras en parte activa en la toma de decisiones en el orden social y económico. Estos mecanismos, y el papel protagonista de los sindicatos mayoritarios en ellos, fueron los elementos de estabilidad social que necesitaba el régimen político heredero del Franquismo para consolidarse, pero también, mediante su intervención en las toma de decisiones en la regulación de las condiciones laborales y económicas, elevaron el nivel y la calidad de vida de la mayor parte de la clase trabajadora y la sociedad española.

Pero la crisis económica ha instalado en el córtex de estos “cerebros neocon” la idea que ha llegado el momento de dar el golpe a este sistema de regulación laboral y a sus actores (los sindicatos) y cortar a su evidente influencia en el sistema económico (que ellos quieren completamente desregularizado) para ponerlo en manos de los dictados de la banca especuladora y del empresariado menos comprometido con la economía productiva. Quieren abolir la regulación laboral existente en los momentos de expansión y prosperidad económica pasados y que ha demostrado que no es una traba al pretendido desarrollo económico, y ahora nos dicen que compromete la salida de la crisis. El “mercado laboral anticuado” es un argumento falaz del Gobierno, de sus hacedores de opinión y los que pagan a ambos, con un objetivo claro, facilitar la realización de beneficios contables con un mercado laboral más mercantilizado, ahora que, pasada la época del “pelotazo”, se han acabado el beneficio fácil. El auténtico lastre de la economía española radica en que está en manos de unos agentes que sólo producen para la especulación (la burbuja inmobiliaria es un claro ejemplo). Una parte del empresariado español no sabe, o no quiere conformarse a sacar ganancias, si no es en una “economía del pelotazo”; ganancias fáciles con poca inversión y escasa base productiva. Para ellos ahora toca realizar beneficios a costa de los derechos de los trabajadores y su valoración económica. Este es el nuevo filón…

Su visión clasista les hace plantear la cuestión como un asunto de elites: el descrédito de la estructura sindical es una constante en los medios de comunicación de la derecha. En la generalización encuentran su gran argumento para intentar la voladura de este modelo sindical que está compuesto también por una inmensa mayoría que no son “elite”, sino trabajadores de base.

En el modelo sociológico de Rajoy “el que tiene trabajo es el adversario del que no lo tiene”. Es un clasista y cree en los “privilegios”, en las clases sociales y en su fundamento: el diferente grado de disfrute de las “bondades” del sistema. Para él, el trabajo, y más si está remunerado con un salario decente y acompañado de unas prestaciones sociales dignas, constituye un privilegio del que el trabajador en activo “priva” al trabajador parado. Es el “egoísmo social”, idea que marca el eje del pensamiento social de la derecha (”tu egoísmo te reafirma como clase”), pero aplicado a las consideraciones de la clase trabajadora. Rajoy manipula sin pudor e intenta colonizar el pensamiento de la parte más desfavorecida de los trabajadores, los parados, con argumentos de derecha. Porque Rajoy quiere que los parados y los trabajadores en general consideren el trabajo, no como lo que es, un derecho, sino como un privilegio. Así la lucha se produciría en el seno de la propia clase trabajadora, desviando la atención de donde se produce la auténtica situación de privilegio, en la suya propia, la de sus asociados, y la de sus más conspicuos amigos de la CEOE.

No son otros trabajadores activos los que los que les privan del derecho a los parados, sino la ineficacia de los que dirigen la economía en España que nunca han sabido instaurar una economía productiva en este país. De las 18 familia que manejan las empresas más importantes del país ni una se dedica a la economía productiva: Construyen una carretera colocan unas casetas en medio y a cobrar al que pasa, normalmente, un vehículo con un alto valor añadido, fabricado en el extranjero o con tecnología foránea, de países donde las empresas se dedicar además de a vender a investigar. Construyen cuatro paredes para cobrar una cantidad exorbitante para el más probable comprador, un trabajador, que tendrá que pedir a la Banca un préstamo por el que se empeñará media vida y, ¡hala!, a cobrarle los vencimientos. Compran tecnología de conectividad y contenidos multimedia al extranjero; ponen las redes con tecnología importada, para reproducirlo en terminales también con alto valor añadido fabricados también en el extranjero, y a cobrar una “tarifa plana”. Estos empresarios nacionales no producen, no innovan no investigan, sólo van a la concesión y a la contratación pública, sólo especulan con el servicio que prestan y se aprovechan de su posición oligopólica y de la red clientelar de empresas subcontratadas para todos recibir su trocito de pastel (sólo así se entiende que haya aeropuertos donde no aterriza ni un avión o estaciones de AVE donde no sube ni un viajero). Quieren en definitiva seguir viviendo y ganando como siempre, desde el control de la economía y con la ayuda de la fuerza del Estado para imponer sus recetas económicas y sociales.

“¡Que sea la clase obrera la que pague la crisis!”. A un tipo impositivo de 25% para un sueldo medio, de los que permiten mantenerte a ti a tu mujer y a tu hijo parado te tienes que privar de muchas cosas para pagar al Estado sus impuestos y sus nuevas tasas. Las familias donde entra un sueldo en esta coyuntura de crisis pueden dar gracias, son las que evitan que muchos de sus miembros en paro caigan en la exclusión social. Mientras, se calcula que el fraude fiscal de las grandes fortunas del país está en los 80.000 millones de € según la asociación de Inspectores de Hacienda (a lo que ni el PSOE ni el PP han querido meter mano). Además se subvenciona a la Banca, ¡A la banca! ¿Qué se puede esperar de un país donde se subvenciona al usurero…?

Los trabajadores ya estábamos pagando la crisis antes de la reforma laboral con la subida de impuestos directos, los recortes en servicios, y el pago por servicios sanitarios y educativos que antes iban a cargo de los presupuestos generales. Por eso el autentico sentido de la reforma laboral no es el de una medida más para salir de la crisis como quieren hacernos creer. En todo caso, a buena parte de la población la meterá aún más en ella. El verdadero objetivo de la reforma laboral es claro: está pensada, diseñada y ejecutada para mantener los beneficios de la banca y del empresariado, como antes de la crisis, es decir, para que ellos no la noten. El despido será el nuevo “pelotazo”, aunque se llegue a una situación explosiva y el país se hunda en una profunda crisis social.

¡Por eso no te lo pienses más, el 29 de marzo todos a la huelga general!

¡Por ixo no lo te pienses más, o 29 de marzo toz à la bada cheneral!

P¡er això no t’ho pensis més, el 29 de març tots a la vaga general!

¡Por los derechos de los trabajadores!

¡Por os dreitos de os triballadors!

¡Pels drets del treballadors!

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Estado Aragonés apoya la Huelga General del 29 de marzo.

losquemandanPara cualquiera que haya venido siguiendo este blog es obvio que las gentes de Estado Aragonés apoyamos la Huelga General convocada por los sindicatos el día 29 de marzo. Se han venido aportando argumentos a favor de la misma en distintos ámbitos y cualquiera puede leerlos en los medios de comunicación de las organizaciones convocantes.

Los trabajadores el Reino de España llevamos soportando recortes de derechos desde aquellos pactos de la Moncloa de 1977. Todo lo que durante la llamada Transición se consiguió a base de lucha obrera se viene recortando desde entonces. La receta de “moderación salarial y flexibilidad laboral” ha constituido el discurso de todos los gobiernos españoles tanto cuando se dice que hay crisis como cuando se presume de que “España va bien” o “España juega en la Champions”.

Estado Aragonés apoya la Huelga, pero quiere hacer un llamamiento a la reflexión de todos los trabajadores y trabajadoras aragoneses. Una reflexión como clase social, esto es, política. La Clase Trabajadora Aragonesa debe concienciarse de que la lucha de clases  no sólo se plasma en las relaciones laborales y su subsiguiente detracción de plusvalía, o mejor dicho, que esa detracción de la plusvalía ya no se realiza mayormente en la relación patrono-obrero del primer capitalismo.

Desde los años ‘70 sabemos que Aragón mantiene una relación de intercambio desigual con el Estado. Es cierto que la autonomía ha contribuido a paliar la situación, pero la brutal acumulación de capital en pocas manos, lógica del capitalismo y potenciada por la unificación monetaria europea,  ubica de nuevo a Aragón como un país dominado por el Capital foráneo.

Entre 10 familias y 18 empresarios tienen en propiedad la quinta parte de las empresas más influyentes de España. Las familias Botín, Lara, Entrecanales, Del Pino, Polanco, March, Ortega y Nozaleda; las hermanas Koplowitz y los primos Alberto Cortina y Alberto Alcocer, y empresarios como Florentino Pérez, Luis del Rivero, Silvio Berlusconi, Luis Portillo y Juan Abelló controlan directamente El Banco Santander, Endesa, Inditex, ACS, Abertis, Unión Fenosa, Acciona, Banco Sabadell, Ferrovial, FCC, Acerinox, Bankinter, Cintra, Sacyr Vallehermoso, Telecinco, Inmobiliaria Colonial, Sogecable, NH Hoteles y Antena 3*. En este esquema, Aragón no es más que una colonia.

Aragón necesita un movimiento popular surgido de la base que reclame el control del Capital por parte del pueblo. El Capital, antes que una propiedad privada ha de ser reconocido como un bien social, que sirve para el correcto desarrollo de la sociedad y que por tanto, independientemente de si es privado o público, debe ser controlado por el conjunto de ésta. Ese movimiento popular sólo puede ser liderado por una clase obrera aragonesa organizada políticamente.

Mientras la clase trabajadora aragonesa, y con ella todo el conjunto de sectores populares, no tome conciencia de ello, será incapaz de articular una alternativa al presente sistema y tan solo podremos mantener la estrategia resistencialista de los últimos 35 años; una estrategia encaminada a conservar unos derechos cada vez más menguados, una estrategia que ya ha mostrado repetidamente sus limitaciones

Rafel F.

Secretario de Organización de Estado Aragonés.

*Gráfico y datos obtenidos de http://rosamar-textosinteresantes.blogspot.com.es

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Solidaridad de Clase

por: Rafel Fleta

 

El franquismo no era un Régimen Liberal. Esto es evidente en su falta total de respeto por las libertades individuales y colectivas; y por su carácter fuertemente autoritario, totalitario, patriarcal, con todas sus consecuencias. Una de esas consecuencias era el paternalismo económico hacia las “clases subalternas”.

 

El sindicalismo vertical (el que agrupaba en su seno tanto a empresarios como trabajadores) era una herramienta eficaz para encuadrar a los obreros “afectos” dentro del Régimen. Si te portabas bien, conseguías trabajo fácilmente, una vivienda protegida y una situación de seguridad económica. Los contratos eran indefinidos para quienes no protestaban, el resto “tenía la puerta abierta” para irse a Alemania o Francia.

 

Con la Monarquía Parlamentaria, el verticalismo se tornó en “Consenso Social “, que permite la subvención tanto de sindicatos mayoritarios como patronal, la promoción de vivienda protegida, donde el enchufismo es vox populi, y las trampas en oposiciones y subcontratas públicas para “colocar” a los amiguetes.

 

El pelo de la estepa franquista asoma bajo la pana obrera de parte de la izquierda española. La “democracia” (así se empeñan los monárquicos en denominar su Régimen) no podía generalizar el paternalismo franquista con los obreros, así que la “izquierda oficial” decidió ubicarse a sí misma y sus allegados en la posición de hijos afectos al Régimen (ahora tras la égida del campechano Borbón). Pero bajo el paraguas del Régimen no cabíamos todos los obreros, pues los empresarios exigían el pago en carne a la élite dirigente de la izquierda española. Ese pago era y es la flexibilidad laboral y moderación salarial para el conjunto de la Clase Obrera. Moderación salarial y flexibilidad laboral, administradas a la clase obrera con el discurso de “hay que ser responsable, el radicalismo pone en peligro el empleo”. Los trabajadores teníamos que pagar la liberalización del mercado español, que había sido mantenido aislado del mundo bajo la bota franquista.

 

Los gobiernos de Felipe González, con el apoyo de PSOE-UGT, destruyeron la relación estable entre el trabajador y la empresa en la que éste trabajaba: en 1984 el contrato estable y fijo dejó de ser el único contrato ordinario, introduciéndose hasta 14 nuevas modalidades de contrato. En 1994 un gobierno “socialista” agonizante acabó la faena -a pesar de la simbólica, ritual y patética oposición de una Huelga General de media jornada- por medio de una Reforma Laboral que liberalizó las condiciones de trabajo en todos sus aspectos: jornada, horario, retribuciones, turnos, pluses y EREs, con la aparición de las ETTs como “fichaje estelar”. Eso significa que a partir de entonces, los empresarios pueden modificar a su conveniencia las condiciones de trabajo de los obreros, quienes pierden así casi toda su fuerza ante una eventual negociación colectiva, ya casi inútil.

 

El gobierno Aznar de 1997 consiguió el “consenso” de CEOE, CEPYME, UGT y CCOO en una nueva Reforma Laboral en la que se abarató el despido improcedente (por medio del contrato de fomento de empleo) y se introdujo una nueva causa de despido: la productividad, lo que generó los despidos objetivos procedentes, abaratándolos aún más en la práctica.

 

Hoy, el Gobierno de Zapatero propone una nueva Reforma que profundiza aún más en la liberalización del Mercado Laboral: Liberalizar significa asegurar a la Clase Empresarial el abaratamiento de los costes laborales y la facilidad en el despido de los trabajadores. Zapatero nos sube a todos el IVA pero baja las cotizaciones a los empresarios. Igual que ha subido el déficit público de un 3% al 14% a base de “inyectar capital en los mercados” (dicho en plata: subvencionar a las empresas con EREs y a los bancos con dinero gratis) y ahora pretende bajar recortando prestaciones sociales. Siempre es lo mismo: dinero para los ricos, impuestos para los pobres. Zapatero va a sacarnos de la crisis con contratos a tiempo parcial –subvencionados, por supuesto- en función de la demanda y nuevo contrato indefinido con rebajas en la cotización por desempleo, universalización del contrato de fomento de empleo (el de los 33 días de indemnización por año trabajado), incluso la reforma del Estatuto de los Trabajadores para introducir otro sutil cambio: diferenciar el despido por causas económicas objetivas en procedente e improcedente, así el PSOE eliminaría el último punto de fuerza de los obreros ante un despido: los empresarios, para ahorrarse el juicio, solían conceder el despido improcedente, abonando así el máximo. Ahora ya “no hará falta”. La negociación de los despidos será, así, completamente inútil.

 

Llevamos 30 años con el mismo sonsonete, “flexibilidad laboral, moderación salarial”, gobierne quien gobierne, porque en realidad siempre han gobernado los mismos: la Patronal y la Banca por medio de sus dominguillos: PSOE&PP. En definitiva el Régimen Borbónico, digno heredero del Franquismo, viene aplicando una política económica y laboral destinada a garantizar a la Clase Empresarial el mantenimiento de su tasa de ganancia y beneficios aún en los peores momentos de crisis económica (1984, 1993, 2000 y 2010), por medio de la destrucción de la seguridad jurídica de los trabajadores, condenando a éstos a la precariedad y proletarización. Y sobre todo, al fin, la Clase Empresarial habrá conseguido que la negociación colectiva resulte completa y definitivamente inútil, al carecer de fuerza jurídica la otra parte, la Clase Obrera. Hay que apuntar que, con este horizonte, sólo quedará la Acción Directa…

 

Es lógico y normal que la reacción de los trabajadores más conscientes de la situación sea la radicalización de posturas, la retirada de su apoyo a Zapatero y a los partidos y sindicatos que sostienen sus políticas, y su llamamiento a la Huelga General como herramienta política de presión.

 

Pero no hemos de olvidar dónde está parte de la “izquierda española”, no sólo sus dirigentes: En el pesebre. Este dato sería anecdótico sino hubiese producido un efecto secundario pero de consecuencias sociales profundas, como es el hecho de la separación de una parte del cuerpo de la Clase Obrera: el funcionariado no ha sufrido estos recortes en sus derechos laborales, sigue manteniendo la seguridad jurídica. De forma análoga a como se decía que “hay una Europa de dos velocidades”, se puede decir que bajo el Régimen Borbónico, hay también “un sistema laboral de dos velocidades”: el conjunto de los trabajadores, que ya carecen de cualquier vínculo jurídico estable con la empresa para la que trabajan por un lado, y los funcionarios con “empleo para toda la vida”.

 

En Aragón, la unidad de acción sindical de CGT y OSTA, entre otros grupos sindicales más pequeños, es el camino correcto para defender las condiciones de trabajo, los salarios y la seguridad jurídica de los trabajadores frente a la liberalización del mercado laboral impulsada por el PSOE, la patronal y sus aliados, sindicales y políticos. El camino de la Huelga General.

 

Una de las batallas sindicales en la Administración Pública es la resistencia a las privatizaciones. Pero la gran mejora relativa de las condiciones de trabajo de los funcionarios frente al conjunto de los trabajadores funciona como una bomba de presión en pro de las temidas externalizaciones. Especialmente los Ayuntamientos, que sufren una situación económica más precaria por su deficiente sistema de financiación, ven como insostenible la gestión directa de los servicios públicos, pues su privatización significa mantener el servicio a un coste muy inferior, debido a los muy inferiores salarios que se pagan en los Convenios Colectivos frente a la que cobran los funcionarios de igual categoría profesional.

 

La resistencia a las privatizaciones debe ir ligada a una mayor eficiencia en la gestión directa de los servicios públicos, pues si no, llegará un momento en que los funcionarios verán cómo el hambre de beneficios de la Patronal les alcanzará, más pronto que tarde. Son trabajadores, al fin y al cabo, y la receta patronal (flexibilidad en el despido y congelación salarial) también les será aplicada a ellos cuando el gobierno borbónico de turno no pueda garantizar de otra forma el saqueo de las arcas públicas (subvenciones y beneficios fiscales para empresarios y banqueros).

 

En esta situación de crisis, la lucha de clases se agudiza y en este momento ya, con la precarización, proletarización e inseguridad jurídica a la que se enfrentan los trabajadores individualmente, y la Clase Obrera en su conjunto, los funcionarios no deben verse como en una burbuja a quienes la crisis apenas afecta, si así lo hiciesen no serían solidarios con el conjunto de la Clase Obrera. Porque la respuesta se encuentra siempre en la solidaridad, la única solidaridad honesta que existe, la solidaridad entre iguales que rechaza privilegios, la Solidaridad de Clase.

 

Entalto la Clase Obrera!

Entalto Aragón Libre!

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